CANADÁ

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Canadá ha consagrado la libertad de prensa en su constitución mediante la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (“la Carta”). Esta garantía constitucional ha aumentado la capacidad de los medios canadienses de mantener su derecho a acceder a los procesos judiciales. Sin embargo, no les ha permitido ampliar de manera significativa la protección que tienen al amparo de las leyes de difamación del país, las cuales son mucho menos favorables para los medios querellados que, por ejemplo, en Estados Unidos. En virtud de dicha garantía, los medios canadienses tienen ahora mayor acceso a los procesos judiciales y a la información gubernamental y pueden cuestionar nuevas normas legislativas y leyes ordinarias relacionadas, entre otras cosas, con la privacidad. Si bien los medios canadienses de información están combatiendo las limitaciones al acceso a los procesos judiciales y a la información gubernamental, los crímenes contra los periodistas no constituyen un problema institucional y no se han registrado crímenes impunes. Sin embargo, han aumentado los incidentes en contra de los reporteros. Han ocurrido varios hechos de violencia o amenaza contra periodistas, no por parte del gobierno sino por parte de personas que se han sentido afectadas por la labor de la prensa. Igualmente, ha aumentado el número de periodistas arrestados mientras cubrían manifestaciones públicas, a pesar de que estaban claramente identificados como miembros de la prensa. Existen diversas organizaciones en Canadá dedicadas a proteger y mejorar la garantía constitucional respecto a la libertad de prensa. Además, en el otoño boreal de 1988 se creó un consejo para la defensa de los medios con el fin de coordinar esfuerzos en todo el país para ampliar la libertad de expresión en temas que afecten a los medios. Advocates in Defence of Expression in the Media (“Ad IDEM”) (Defensores de la Expresión en los Medios) se concentra en temas de difamación, tribunales abiertos, acceso a la información y trata de limitar las intromisiones en los medios mediante órdenes de allanamiento y de comparecencia. Las recientes enmiendas efectuadas al Código Penal de Canadá ofrecen nuevas medidas de protección para los periodistas contra intimidaciones y crímenes de los que puedan ser víctimas. Intimidación de un miembro del sistema judicial 423.1 (1) Ninguna persona podrá, sin autorización legal, realizar las acciones descritas en el apartado (2) con la intención de intimidar a (a) un grupo de personas o el público en general con el fin de impedir la administración de la justicia penal; (b) un participante en el sistema judicial con el fin de impedirle el cumplimiento de sus funciones; o (c) un periodista con el fin de impedir que informe al público sobre una organización criminal. Conducta Prohibida (2) La conducta a la que se hace mención en el apartado (1) consiste en (a) usar la violencia contra un miembro del sistema judicial, un periodista, o contra cualquier persona conocida por cualquiera de ellos, o destruir o causar daños a la propiedad de cualquiera de estas personas; (b) amenazar con realizar cualquiera de las acciones descritas en el apartado (a) en Canadá o en cualquier otro lugar; (c) seguir en forma persistente o repetida a un miembro del sistema judicial o a un periodista, o a cualquier otra persona conocida por cualquiera de ellos, e incluso seguirla en forma desordenada por una autopista; (d) comunicarse repetidamente con un miembro del sistema judicial o un periodista, o con cualquier otra persona conocida por cualquiera de ellos, ya sea en forma directa o indirecta, y (e) acechar o vigilar el lugar donde resida, trabaje, asista a la escuela, realice sus actividades o se encuentre un miembro del sistema judicial o un periodista, o cualquier otra persona conocida por cualquiera de ellos. Castigo (3) Toda persona que contravenga esta disposición es culpable de un delito procesal y puede ser encarcelada por un período no mayor de catorce años. Los canadienses han exigido una investigación independiente de la muerte ocurrida el 10 de julio del 2003 de la reportera gráfica canadiense Zahra Kazemi, cuando se encontraba en una prisión iraní. Kazemi, de 54 años, con doble ciudadanía canadiense iraní, fue arrestada el 23 de junio por tomar fotografías de una manifestación que se realizaba frente a una prisión al norte de Teherán. Tres días después fue internada en un hospital con lesiones graves en la cabeza. De acuerdo con el derecho consuetudinario, en la actualidad los periodistas no gozan de protección constitucional en lo que se refiere a la revelación de sus fuentes. Desde un caso registrado en 1986, en el cual se negó un intento por recurrir al privilegio calificado de las fuentes, no se ha planteado ningún cuestionamiento constitucional al derecho de proteger las fuentes. Este tema está siendo analizado por un tribunal de Ontario en un esfuerzo por establecer un privilegio calificado de proteger a sus fuentes, que constituye un derecho constitucional de los escritores, a menos que exista un peligro claro e inminente de perjuicio. La Corte Suprema de Canadá aclaró que en circunstancias limitadas los periodistas pueden reivindicar el privilegio calificado de sus fuentes de información. Según el fallo de la Corte, si bien no existe ningún privilegio de grupo para las fuentes periodísticas, éstas podrían ser protegidas siempre y cuando se cumpla con los siguientes cuatro requisitos: (1) que la comunicación haya sido confidencial; (2) que la confidencialidad sea esencial para el mantenimiento de la relación entre el periodista y la fuente; (3) que sea de interés de la comunidad que esa relación se mantenga; y (4) que el perjuicio en esa relación pueda ser mayor que el beneficio para el proceso resultante de revelar la fuente. La prohibición de publicaciones puede ser ordenada bajo una autoridad estatutaria o en virtud del derecho consuetudinario. La decisión de la Corte Suprema de Canadá en Dagenais confirmó que la prohibición de publicaciones debe hacerse de conformidad con la Carta y que los medios de información, como partes interesadas, tienen derecho a ser notificados respecto a todas las solicitudes de prohibición y están facultados para cuestionar tales medidas. Actualmente es habitual que los tribunales notifiquen a los medios de información de dichas solicitudes y hay un par de provincias que están aplicando sistemas para asegurar que los medios sean notificados de prohibiciones de publicación ya emitidas. Las recientes reformas al Código Penal de Canadá permiten que, en casos penales, las cortes emitan una prohibición con el fin de proteger la identidad de las víctimas y de los testigos. Anteriormente, los casos decididos antes y después de la Carta subrayaban la importancia de la justicia abierta y rehusaban permitir estas prohibiciones de publicación a menos que fueran necesarias por cuestiones de seguridad. En 1995, la Corte Suprema de Canadá rehusó adoptar el modelo estadounidense del caso New York Times vs Sullivan sobre demandas por difamación planteadas por figuras públicas y dictaminó que la ley consuetudinaria de la difamación en Canadá se ajustaba a los valores subyacentes de la Carta y que no existe un privilegio especial en lo que se refiere a declaraciones respecto de figuras públicas. En efecto, edictos emitidos por diversos tribunales, incluida la Corte Suprema de Canadá, sugieren que la intención judicial es la de proteger a las figuras públicas, especialmente las políticas, para no desalentar a las personas que buscan ocupar un cargo público. Tradicionalmente, la defensa de la justificación o de la verdad sólo ha estado al alcance de los querellados para que puedan demostrar la verdad del significado de las palabras tal como el querellante las interpreta. Sin embargo, hace poco un tribunal de Ontario permitió que un acusado adjudicara otro significado a las palabras objeto de la queja y que asumiera con éxito su defensa sobre la base del verdadero significado de dichas palabras. La defensa del privilegio calificado se basa en el derecho consuetudinario y exige que una declaración difamatoria involucre un asunto de interés público y sea un informe justo y preciso. Debe haber un deber moral o legal de publicar el asunto difamatorio y cualquier persona que reciba la información debe tener un interés legítimo en recibirla. La defensa fracasa en su alegato si se concluye que existe mala intención. La aplicación de esta prueba por parte de los tribunales canadienses ha hecho que sea muy difícil que los acusados puedan confiar plenamente en la defensa del privilegio calificado. Sin embargo, recientemente se han registrado algunos casos en los que se ha aceptado esta defensa. En 1997, la Corte de Apelaciones de Ontario amplió el uso que se hacía antes de la defensa del privilegio calificado al aceptar el alegato de un diario de que tenía un deber moral y social de publicar un artículo sobre una organización llamada “Fundamentalistas anónimos”. Un dictamen emitido en el otoño de 1998 también podría aumentar la eficacia de la defensa del privilegio calificado al reconocer que un diario había tenido el deber “social y moral” de publicar un artículo que destacaba las denuncias planteadas por los inquilinos de un edificio en contra del administrador del mismo. La Corte de Ontario determinó que debido a que el diario tuvo el cuidado de presentar las palabras como denuncias y no como hechos, éste tenía el derecho a recurrir a la defensa del privilegio calificado pese a que la Corte estimó que las palabras del artículo podían tener una significación difamatoria. En junio del 2003, un juez de la Corte Superior de Ontario desestimó una querella por difamación entablada por la Asociación Policial de Toronto contra la empresa periodística Toronto Star Daily Newspapers Ltd. , en la que exigía una reparación de $2.700 millones. La referida asociación policial presentó dicha demanda en representación de sus 7.200 miembros luego de que en una serie de artículos publicados en el Toronto Star se decía que en ocasiones la policía trataba con mayor rudeza a los negros que a los blancos. Los artículos se basaban en un análisis de datos de la policía correspondientes al período 1996-2002. En su dictamen, el juez Maurice Cullity manifestó que “la idea central de los artículos es que las evidencias sugieren la existencia de un perfil racial y que se deben adoptar las medidas necesarias para identificar las causas y eliminarlas”. “En mi opinión”, continuó el juez, “no se puede considerar, con justa razón, que los comentarios e insinuaciones supuestamente difamatorios que contienen los artículos se refieran a todos y cada uno de los oficiales del TPS (Cuerpo de Policía de Toronto)”. La Policía de Toronto ha apelado. El gobierno federal se encuentra revisando todo el cuerpo de la Ley de Derechos de Autor del 2003. Hay varios temas que atañen a periodistas y editores que están siendo revisados. Por ejemplo, la disposición que concede automáticamente los derechos sobre las fotografías a la persona o entidad que la encarga, está siendo objeto de revisión, lo cual podría llevar a la creación de una nueva disposición que conceda derechos de autor en primer lugar al fotógrafo, tal como sucede con otros tipos de derechos de autor. La Agencia Canadiense de Aduanas y Rentas (CCRA) ha acordado autorizar el desaduanaje de un embarque de vídeos antibélicos que habían sido “detenidos”. La película anti belicista de dos horas de duración titulada Lo que aprendí sobre la política exterior de Estados Unidos y realizada por el documentalista norteamericano Frank Dorrel, fue confiscada por la Aduana canadiense a principios de marzo. En una carta dirigida al importador de la cinta, Global Outlook Magazine, la CCRA manifestó que tomó dicha decisión porque “los vídeos podrían contener obscenidades o promover el odio”.

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