COLOMBIA

Aa
$.-
La disminución en el número de asesinatos, amenazas y secuestros de periodistas continuó en el último semestre. Es un hecho significativo en relación con violaciones a la libertad de prensa y refleja una tendencia que lleva más de un año. En 2003 fueron asesinados siete periodistas; en 2004, tres. La Fundación de Libertad de Prensa reportó 48 amenazados en 2003 y 23 en 2004. Persiste, sin embargo, un clima de intimidación y amenazas en diversas regiones del país, fenómeno que ha generado preocupantes niveles de autocensura entre periodistas que viven y trabajan en zonas de conflicto armado. Este semestre dos periodistas fueron asesinados. Uno por razones de oficio; el otro en hechos aún por establecer. Dieciocho periodistas fueron amenazados, 13 de ellos en la sola ciudad Cúcuta. Dos periodistas salieron al exilio y uno fue secuestrado y permanece en cautiverio. Inquietantes hechos recientes han sido los repetidos atentados dinamiteros de la guerrilla de las FARC contra oficinas y torres repetidoras de los canales nacionales de televisión. En el plano legislativo dos proyectos de ley sobre el Código Electoral y del Menor contienen normas que conducirían a claras restricciones a la libertad de información. Vieja preocupación sigue siendo la impunidad que cubre a la gran mayoría de asesinatos de periodistas por razones de oficio (54 desde 1993 hasta 2004). La subunidad especial creada por la Fiscalía en 1999 para atender crímenes contra periodistas, no ha arrojado resultados significativos en sus 5 años de existencia. La mayor parte de las investigaciones aún se encuentra en la etapa preliminar de práctica de pruebas. A continuación la cronología de los principales hechos: En octubre cinco periodistas reportaron amenazas contra sus vidas. Silvio Sierra, periodista de Radio Súper y corresponsal del diario El País en Popayán, por sus denuncias contra bandas de delincuentes comunes, y cuatro periodistas vinculados a los periódicos Vanguardia Liberal y El Pilón en el departamento del César, amenazados por un empresario del transporte que habría transmitido mensajes intimidantes de paramilitares de la región. La Fiscalía llamó a ampliar indagatoria al ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, quien ha sido investigado como presunto autor intelectual del homicidio del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el 7 de abril de 2003 en esa ciudad. La Fiscalía anunció el cierre de la etapa investigativa y se espera que ahora se pronuncie sobre los responsables del homicidio. La periodista Claudia Julieta Duque, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear, salió en noviembre del país por las continuas amenazas que recibe desde hace un año, luego de que denunció irregularidades en el proceso judicial por el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón. El columnista de El Espectador Lisandro Duque fue capturado por las autoridades en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en donde le notificaron una orden de detención por “desacato de tutela”. Duque había sido sentenciado a pagar tres días de cárcel y cinco salarios mínimos mensuales por no acatar una orden judicial de rectificación de acusaciones que hizo en su columna contra la directora del Patrimonio Fílmico de Bogotá. En diciembre un equipo del periódico El Tiempo fue retenido y despojado de vehículo, cámaras y grabadoras por las FARC en el municipio de Mesetas, departamento del Meta, en aparente represalia por una información que relataba la situación de zozobra que viven los pobladores de la zona por las acciones de la guerrilla. El 15 de diciembre fue aprobada una ley para la protección laboral y social de la actividad periodística. Esta ley, esencialmente declarativa, permite que quien quiera registre su título de comunicador o periodista ante el Ministerio de Educación, sin que genere beneficios adicionales. El mismo día un Tribunal de Barranquilla sentenció al periódico La Libertad a pagar 10 millones de pesos (4 mil dólares) por publicar una fotografía de personas inocentes como responsables de un robo. La decisión judicial desconoció que el periódico rectificó su falta al día siguiente. Antes de finalizar el año 2004, periodistas de diversos medios reportaron haber sido víctimas de retenciones por parte de la guerrilla en límites entre Putumayo y Nariño. El 11 de enero de 2005 fue asesinado Julio Hernando Palacios Sánchez, gerente de la emisora Radio Lemas y director de la Radio Revista “El Viento”, en el centro de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. El periodista se desplazaba hacia su sitio de trabajo a las 5:30 a.m., cuando dos sicarios le dispararon desde una moto en repetidas ocasiones. Palacios era un periodista polémico y crítico de funcionarios públicos de Cúcuta. En varias oportunidades fue denunciado y amonestado judicialmente por injuria y calumnia. Diez años antes fue víctima de un atentado y había sido objeto de amenazas. Dos días después, salió del país Jorge Corredor, de la Emisora La Voz del Norte, de Cúcuta. Los paramilitares amenazaron con matarlo. Corredor fue víctima de un atentado el año pasado en el que murió su hijastra de 20 años. En esta ciudad persiste un oprobioso clima de intimidación contra los periodistas. Periodistas del departamento de La Guajira denunciaron que, debido a amenazas de grupos armados, no pudieron desplazarse hasta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se presentaron combates que dejaron 40 muertos. En la segunda semana de enero, el gobernador del Magdalena, Trino Luna Correa, y el comandante de la Policía, coronel Oscar Gamboa, culparon a los periodistas de esa región de crear una imagen de inseguridad por reportar la ola de crímenes que azota a la ciudad de Santa Marta. El periódico Hoy Diario de Magdalena rechazó las afirmaciones de los funcionarios y en represalia el comandante de la Policía le retiró los escoltas al director del periódico, Ulilo Acevedo Silva. En este mes dos periodistas denunciaron amenazas contra sus vidas: Juan Alejandro Tapias, de El Heraldo, de Barranquilla, amenazado por integrantes de organizaciones de vigilancia privada por sus denuncias de la extorsión de la que son víctimas comerciantes del mercado público de esa ciudad; y Leonardo Montoya Garcés, director del espacio noticioso “El Martillo”, en el Chocó, amenazado por el contralor departamental y el director de un hospital, quienes le dijeron que pasaría de “asustador a asustado” por haber mostrado el lujo de sus casas en contraste con la pobreza que afecta ese departamento. Hernán Echeverri Arboleda, fotógrafo y socio del periódico Urabá Hoy, fue secuestrado, al parecer, por miembros de las FARC en el Cañón de La Llorona, en Urabá. La guerrilla sindica al fotógrafo, quien aún sigue secuestrado, de vínculos con los paramilitares de la zona. “Renuncio, con dolor en el alma, a escribir editoriales porque le temo a la paciencia del asesino”, escribió Enrique Herrera Araújo, columnista del periódico Vanguardia Liberal en el Cesar, luego de recibir amenazas de muerte por sus denuncias sobre anomalías administrativas de diversa índole en la ciudad de Valledupar. El 31 de enero, al cumplirse tres años de la muerte del subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández, ese diario denunció la lentitud de la Fiscalía para dar con los asesinos, y advirtió “que hay una cadena de hechos criminales tan turbia como la identidad de la persona que pagó para que lo asesinaran y hoy sigue desde la impunidad burlando el sistema judicial colombiano”. En lo corrido del caso, nueve personas que aparentemente tendrían algo que aportar a la investigación, han sido asesinadas y hasta la fecha nada se sabe de los responsables de esta serie de crímenes. El 30 de noviembre, sin embargo, la Fiscalía había capturado al presunto intermediario del asesinato y se espera que esto contribuya a esclarecer la autoría intelectual del mismo. La guerrilla de las FARC dinamitó el 14 de febrero la torre de transmisión de la emisora Latina Stereo, afiliada a Caracol, en la Vereda San Luis de Puerto Asís, Putumayo. La emisora salió del aire en gran parte del departamento. El 19 de febrero fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca, el reportero gráfico Hernando Marné Sánchez Roldán. Tenía 64 años y llevaba más de 40 años dedicado al oficio. Era colaborador de varios medios, entre ellos el diario El País de Cali. Aunque se desconocen los móviles del crimen, Marné Sánchez trabajaba en una zona con fuerte presencia narco-paramilitar y no puede descartarse que su muerte tuviera que ver con su labor fotográfica. El 20 de febrero, la sede de RCN Radio y Televisión en Cali, sufrió un atentado con carro bomba que destrozó sus instalaciones y dejó heridos a un técnico y a un vigilante. Las FARC, que no suelen reivindicar sus acciones contra la prensa (asesinatos, bombas, secuestros), asumieron en esta ocasión la responsabilidad por el atentado, con el argumento que esa cadena “se ha convertido en caja de resonancia de la propaganda negra del ejército y medio oficioso del palacio de Nariño”. Un comentario del vicepresidente de la República, Francisco Santos, sobre los medios de comunicación como “cajas de resonancia” de los actos terroristas desató una amplia polémica y no pocas críticas de organizaciones sociales y gremiales. El hecho de que el vicepresidente hubiera sido jefe de Redacción de El Tiempo y que su declaración coincidiera con el atentado de la guerrilla contra RCN, no fue ajeno a la polémica ni a las críticas. Santos reconoció que se había excedido. La periodista Claudia Gomajoa, de la emisora Dorada Stereo del departamento del Putumayo, salió de la región tras denunciar que su vida corría peligro. Fue amenazada después de denunciar el asesinato de un comerciante de la región y el secuestro de otro. El 3 de marzo las FARC continuaron sus ataques a la infraestructura de los medios televisivos y destruyeron las torres repetidoras de los canales Caracol y RCN en el departamento de Putumayo.

Compartí

0