Desde enero de 2010 se inició el trabajo que nutriría el proyecto de Geografía de Riesgos en México. Primero la planeación y después la recolección y análisis de información documental sobre el estado de las agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país.
21 de diciembre de 2010 - 19:00
Compartí esta nota:
1145150
Desde enero de 2010 se inició el trabajo que nutriría el proyecto de Geografía de Riesgos en México. Primero la planeación y después la recolección y análisis de información documental sobre el estado de las agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país. El siguiente paso fue el recorrido por el territorio mexicano, visitando las ciudades principales y aquéllas comunidades en las que hay registro de ataques a informadores, lo que permitió la recolección de fuentes documentales, testimonios de víctimas y de personal de las redacciones de todos los niveles, familiares de colegas asesinados o desaparecidos. Por otra parte, la aplicación de encuestas y entrevistas a funcionarios públicos, arrojó una serie de conclusiones y que se resumen en los siguientes puntos: Grupos que forman parte de la delincuencia organizada controlan agendas informativas de los medios de comunicación en varias ciudades del país, a través de amenazas, tortura o secuestros express, censurando en la difusión de información vinculada al narcotráfico y corrupción con autoridades. La autocensura se ha extendido a los seis estados en la frontera con Estados Unidos. Así también es práctica común en otras siete provincias del interior mexicano. Las amenazas e intimidaciones se han ampliado a prácticamente todo el territorio mexicano y son más graves donde el narcotráfico tiene presencia destacada. Esto se hace a través de llamados telefónicos, mensajes de texto vía celular, mensaje escritos en carteles colocados en vía pública o junto a cadáveres, privación de la libertad, contacto verbal directo, mensajes que transmiten miembros de las fuerzas de seguridad, ataques con granadas y disparos a edificios de medios de comunicación y la colocación de cuerpos o cabezas de cadáveres en inmediaciones de empresas periodísticas. Los ataques a periodistas y medios son más aparatosos y violentos. Por ejemplo, casos como el disparo contra las fachadas de empresas periodísticas (Sinaloa), el lanzamiento de granadas (Tamaulipas y Nuevo León) y los asesinatos y secuestros en la vía pública (Armando Rodríguez, Valentín Valdés y tres reporteros de televisión en Coahuila). La desaparición es un recurso más utilizado con la intención de generar mayor incertidumbre y temor. En 2009 y 2010 ha crecido este fenómeno. No se ha modificado la actitud omisa del Estado en sus tres niveles de gobierno para investigar y someter a juicio a los responsables de los ataques, lo que ha ahondado la situación de impunidad y la desconfianza en las autoridades. Ante el miedo y la impunidad hay un retraimiento de los medios y reducción informativa general incluso en temas que no están vinculados al crimen organizado. Debido a la aparición de casos de corrupción entre periodistas que trabajan para la mafia o aceptan ser sometidos como mensajeros de estos, ha crecido la sospecha entre periodistas y medios. No se observa una respuesta organizada y solidaria de las empresas en defensa de la libertad de expresión. El entrenamiento que han recibido los periodistas que cubren información de riesgos (específicamente en información policial) en los últimos cinco años es básico y proviene solo de organizaciones como la SIP. Los medios de comunicación no están preparados para prevenir agresiones. Se desconocen estrategias de seguridad y no existen protocolos al respecto ni conciencia de los riesgos, ni su dimensión y alcances.
