Organizaciones de prensa piden a CIDH pronunciamiento contra la ley de comunicación en Ecuador
Miami (19 de junio de 2013).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió, junto a otras organizaciones de prensa de la región, una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expresa profunda preocupación por las restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico, contenidos en la recién aprobada Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador.
19 de junio de 2013 - 13:54
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Miami (19 de junio de 2013).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió, junto a otras organizaciones de prensa de la región, una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expresa profunda preocupación por las restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico, contenidos en la recién aprobada Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador.
La misiva, enviada al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, fue firmada además de la SIP, por la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP) y el Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI), integrado por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Fundamedios de Ecuador y por las representaciones del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Colombia, Perú y Venezuela.
La carta solicita a la CIDH que “se pronuncie de manera contundente frente al proyecto aprobado en la Asamblea Nacional del Ecuador y que debe ser sometida a la aprobación presidencial en los próximos días, pues su vigencia representa por sí sola la violación de los principios establecidos en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos,… y de la Declaración de principios sobre libertad de expresión adoptados por la CIDH”.
La aprobación de la Ley “significa la imposición de restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico inaceptables en una sociedad democrática”, consignó la misiva.
También detalló algunos de “los aspectos que ponen en situación de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa en el Ecuador”, los que calificó como “contrarios a los estándares internacionales desarrollados en la materia y van a contracorriente con los avances que se han experimentado en la Región en el derecho a la libre expresión”, entre los que mencionó los siguientes:
Códigos y normas deontológicas impuestas por Ley y que por lo tanto vulneran el principio por el cual, en ningún caso, las conductas éticas pueden ser impuestas por los Estados.
La censura previa a través del aparecimiento de figuras jurídicas de "linchamiento mediático", por la cual se prohíbe la difusión de información ligada a conceptos vagos y subjetivos.
La creación de una Superintendencia de Información nombrada a partir de una terna enviada por el Presidente de la República, con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas.
La conformación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con representación exclusiva de los poderes públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de comunicación social.
La facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.
La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
