El organismo subrayó que en el contexto de las elecciones y la convulsión política que enfrentó Guatemala durante el 2015, decenas de periodistas y medios de comunicación sufrieron distintos tipos de ataques, mientras que algunos otros debieron adoptar la autocensura como forma de protección.
Este contexto genera un ambiente de intimidación sobre la prensa con el consiguiente efecto inhibitorio y autocensura entre los comunicadores y la afectación del derecho a la información en distintas zonas del territorio, señaló la CIDH.
La Comisión destacó especialmente los crímenes cometidos durante marzo del pasado año en el departamento de Suchitepéquez, donde fueron asesinados Danilo López y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo respectivamente, así como Guido Villatoro, reportero de Servicable.
En este sentido, valoró positivamente el proceso contra los presuntos responsables de la muerte de López y Salazar, que fue trasladado en junio al Tribunal B de Mayor Riesgo luego que desconocidos advirtieran a los fiscales que podrían ocurrir más crímenes de periodistas si las pesquisas en este caso continuaban.
En relación al contexto electoral, el organismo recordó los ataques denunciados por periodistas debidos a las críticas en contra de Manuel Baldizón, ex candidato a la presidencia por el Partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), así como las agresiones sufridas por comunicadores por parte de personas vinculadas a partidos políticos.
Asimismo, señaló que numerosos reporteros sufrieron agresiones en diversas ocasiones cuando cubrían notas relacionadas al proceso judicial contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, durante su ingreso a prisión o a la sala de audiencias.
Todo tipo de amenazas, agresiones u hostigamientos hacia periodistas, trabajadores de medios de comunicación o medios en sí, deben ser investigados por la justicia y las autoridades no deben descartar al ejercicio periodístico como un móvil del crimen antes que se complete la investigación, detalló la Comisión.
En este sentido, indicó que la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP), que ha significado un avance en términos de la investigación y detención de agresores, solo tendría cinco fiscales para investigar los crímenes, agresiones y amenazas contra los trabajadores de la prensa, con más de 100 causas por aclarar.
Respecto al Programa de Protección a Periodistas, la Comisión reiteró la necesidad que éste sea constituido de acuerdo con los parámetros internacionales y en consulta con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de los medios, los cuales también deberán tener garantizada su participación en la implementación y funcionamiento en el programa.
La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión plantearon algunos lineamientos que el Estado debe asumir en el diseño y funcionamiento del programa, entre éstos recursos humanos suficientes, entrenados y capacitados, que generen confianza en los beneficiados; recursos presupuestarios necesarios para cubrir los costos del personal y los relacionados con las medidas de protección; así como normas que delimiten con claridad las competencias y responsabilidades de las autoridades que intervengan en la implementación y vigilancia de las medidas de protección.
Asimismo, que se realice un análisis de riesgo adecuado que observe una perspectiva de género y que permita al Estado determinar el modo más efectivo para cumplir con su obligación de protección; criterios y procedimientos claros para monitorear el peligro que enfrenta el beneficiario y para monitorear la efectividad de las medidas; y que las medidas materiales de protección sean acompañadas de investigaciones exhaustivas e independientes.
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