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Omisión.

La SIP insta a incorporar garantías de libertad de expresión y de prensa en el proceso de transición en Venezuela

Advierte que sin prensa libre no es posible una recuperación democrática real y duradera.

18 de marzo de 2026 - 09:06

Miami (18 de marzo de 2026) — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación ante la exclusión de las libertades de expresión y de prensa de la agenda pública en el actual proceso de transición política en Venezuela, y exhorta a que se adopten, con carácter urgente, medidas concretas que garanticen el ejercicio pleno, libre e independiente del periodismo.

La organización internacional advierte que la omisión de estos derechos fundamentales en las discusiones sobre reformas institucionales, judiciales y económicas constituye una señal alarmante que compromete la viabilidad de una transición democrática genuina.

En el contexto excepcional que atraviesa el país desde el 3 de enero, la SIP subraya que, sin periodismo libre, ninguna transición democrática puede consolidarse de manera real, legítima y sostenible. La reconstrucción institucional de Venezuela exige, de manera ineludible, el restablecimiento efectivo de las garantías para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información.

Asimismo, la SIP enfatiza que no puede existir democracia sin una prensa libre, plural e independiente, y que la ausencia de estos principios en la agenda pública perpetúa las condiciones de censura, persecución y autocensura que han caracterizado el ejercicio periodístico en el país durante los últimos años.

En este sentido, la SIP insta a las autoridades de transición, con el auspicio de los organismos intergubernamentales de promoción y defensa de la libertad de prensa y la comunidad internacional, a adoptar, de manera oportuna, las siguientes medidas:

  • El levantamiento del bloqueo informativo, actualmente impuesto por el ente regulador CONATEL en coordinación con operadoras de telecomunicaciones, que restringe el acceso a más de 60 portales de noticias nacionales e internacionales, entre ellos El Nacional, CNN en Español, Infobae y NTN24, en un contexto en el que el periodismo independiente opera mayoritariamente en entornos digitales.
  • El otorgamiento de garantías jurídicas y personales para periodistas perseguidos, incluyendo el cese inmediato de procesos judiciales arbitrarios, órdenes de captura y otras formas de criminalización del ejercicio periodístico. Cientos de periodistas y trabajadores de prensa han sido forzados al exilio como consecuencia de estas prácticas.
  • La restitución del derecho a la identidad y a la movilidad, frente a restricciones administrativas que impiden a periodistas obtener documentos oficiales o regresar al país. La negación de trámites por parte de organismos estatales, bajo alegatos infundados, constituye una forma de persecución indirecta.
  • La devolución de bienes y medios confiscados, incluyendo sedes, equipos y frecuencias, en casos que representan formas de censura patrimonial. Estas prácticas han debilitado gravemente el ecosistema informativo y deben ser revertidas como parte de cualquier proceso de normalización institucional. El diario El Nacional, por ejemplo, fue despojado de sus instalaciones mediante un proceso judicial amañado que derivó, además, en la confiscación de una vivienda perteneciente a familiares de su propietario Miguel Henrique Otero, en abierta violación del derecho de propiedad.
  • La protección integral al ejercicio periodístico, frente a amenazas provenientes tanto de actores estatales como de grupos irregulares. El periodismo continúa desarrollándose en un entorno de alto riesgo que desalienta el retorno de profesionales y restringe el derecho ciudadano a estar informado.
  • La garantía de que los periodistas recientemente liberados tras detenciones arbitrarias puedan ejercer plenamente su labor, sin restricciones, sin cerco informativo y sin ningún tipo de limitación o represalia. La liberación debe ir acompañada del pleno restablecimiento de sus derechos profesionales y civiles.

La SIP concluye que la persecución judicial, el exilio forzado, la censura digital y la confiscación de medios configuran un entorno incompatible con cualquier proceso serio de recuperación democrática.

Finalmente, la organización reafirma su disposición a acompañar y respaldar todas las iniciativas orientadas a asegurar que la reconstrucción democrática de Venezuela sea auténtica, inclusiva y sustentada en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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