COLOMBIA

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Informe ante la 71ª Asamblea General

Charleston, Carolina del Sur

2 al 6 de octubre de 2015


La muerte de Flor Alba Núñez de 28 años, constituye la violación más grave ocurrida en el semestre. Fue asesinada el pasado 10 de septiembre en Neiva, departamento del Huila, la periodista estaba vinculada a la emisora radial "La preferida" y era corresponsal en esa ciudad del noticiero "Nación TV" que se emite por los cableoperadores.

Era calificada por sus colegas como "aguerrida" y perseverante. Recientemente había registrado la tortura y asesinato de un perro, hecho que fue viral en las redes sociales y luego del cual recibió amenazas en su perfil de Facebook, donde había publicado imágenes de unos delincuentes cometiendo un hurto. Las autoridades apuntan a este hecho y a por lo menos dos episodios más ligados con su labor como posibles causas del crimen.

La impunidad de otros crímenes y de episodios de amenazas sigue siendo escandalosa. Solo en 19 casos de los 145 homicidios que se han presentado desde 1977 ha habido condenas. No existe registro, según la Fundación para la Libertad de Prensa, de una sola condena contra alguien que haya amenazado a un periodista. El anuncio de la Fiscalía General de la Nación de poner en marcha una unidad de análisis y contexto que se ocuparía de estos delitos no se ha traducido en hechos concretos que valga la pena destacar.

Entre los hechos positivos del semestre sobresale la condena al ex congresista Ferney Tapasco como autor intelectual del crimen del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra.

Generan preocupación, los comportamientos del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. En por lo menos tres ocasiones la entidad a su cargo ha citado a declarar a periodistas en busca de información que ellos han obtenido en el marco del ejercicio de su profesión. En estos meses fue noticia también por haber criticado a los medios que publicaron material audiovisual obtenido de cámaras de seguridad que grabaron la explosión de un petardo en Bogotá. Afirmó entonces que este tipo de registro debe ser entregado a la Justicia antes que publicarlo.

Fuertes reacciones causaron los señalamientos de distintos funcionarios del Gobierno venezolano, en particular los de Nicolás Maduro que calificó a los medios colombianos de oligarcas y terroristas así como los de la Canciller Delcy Rodríguez acusando a la prensa colombiana de distorsionar la realidad en su cubrimiento de la crisis generada por el cierre del paso fronterizo en Cúcuta.

Declaraciones públicas de altas autoridades, entre ellas el fiscal, se suman a los proyectos sobre monitoreo en Internet sin reglas suficientemente claras. Una encuesta realizada por el Proyecto Antonio Nariño deja ver un temor creciente de ser objeto de interceptaciones y seguimientos.

A lo largo de este año se han registrado 84 violaciones a la libertad de prensa con 126 víctimas, incluidas 34 amenazas, 20 obstrucciones al trabajo periodístico, nueve agresiones y un secuestro.

Unos 86 comunicadores en Colombia tienen esquemas de seguridad proporcionados por la Unidad Nacional de Protección. Esta entidad ha sido objeto de cuestionamientos por presuntos malos manejos, situación que ha afectado el acceso de los protegidos, en este caso los periodistas, a los servicios que presta la misma.

En el primer caso en el que se esclarece la autoría intelectual de un crimen contra periodistas, fue condenado a 36 años de cárcel el ex congresista Ferney Tapasco como autor intelectual del asesinato del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra. Actualmente se encuentra prófugo.

Ya son 70 los casos de asesinato que han prescrito.

En materia legal, el asunto más sensible son los fallos de la Corte Constitucional que, amparando el derecho al olvido de particulares, ha ordenado eliminar contenidos disponibles en los sitios web de medios de comunicación, generando debate entre el derecho a la información y el derecho al olvido de cada ciudadano. Tal discusión también ha tocado a las altas cortes a las que se les ha ordenado suprimir nombres de sentencias. La Corte Suprema de Justicia dejó en claro que solo procederá de tal forma cuando haya prescrito la pena.

Una de estas providencias obligó al portal las2orillas.com a suprimir el nombre de una persona de un texto mientras que otra, emanada de la Corte Constitucional, dispuso que el diario El Tiempo impidiera que un artículo, en el que se menciona a una ciudadana fuera indexado, en los buscadores además de ser obligado a rectificar la información y aclarar que ella es inocente.

Inquieta igualmente el que siga su curso en el Congreso el proyecto de ley que regula la publicidad oficial. Su contenido, como ya fue advertido, genera preocupaciones en tanto incluye diversas normas que limitan o dificultan la adecuada contratación de publicidad oficial. Entre ellas una restricción a la pauta estatal dos meses antes de cualquier elección y una disposición que obliga a darle prelación a los medios oficiales en "contratación y publicidad de eventos del Estado".

En dos proyectos de ley se eliminaron las restricciones que inicialmente se contemplaban frente a contenidos informativos y publicitarios. Fueron modificados suprimiendo estas líneas luego de que los legisladores recibieran las sugerencias de Andiarios: el que reglamenta las cirugías estéticas y el del nuevo Código Nacional de Policía.

Ha generado preocupación la revelación de contratos entre la empresa Hacking Team y la Policía Nacional que se suman a los alcances todavía no muy claros de la plataforma de interceptación conocida como "Puma". Existe el temor de que dichas herramientas sean utilizadas para monitoreos ilegales de la actividad periodística lo cual ha creado cierta percepción de inseguridad y seguimiento como lo demostró la indagación del Proyecto Antonio Nariño.

En la reglamentación del uso de Drones por parte del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil se logró que los permisos sean de carácter general. Como estaba originalmente redactado obligaba a los ciudadanos, incluidos comunicadores, a tramitar permisos individuales para cada uso y con varios días de antelación. Es muy compleja y dificulta mucho la obtención de los permisos a pesar de que se suavizaron algunos de los requisitos y que se contempló la posibilidad para los periodistas de no pedir autorización para cada utilización.

El 11 de marzo la policía antidisturbios dispara a corta distancia contraviniendo las normas que rigen este tipo de procedimientos un gas lacrimógeno que impacta al periodista Isnardo Quiroz de CNC Noticias. El comunicador cubría una protesta de transportadores en el marco del paro nacional de este gremio.

El 11 de marzo tuvo lugar la audiencia de conciliación en el marco de la demanda que una ciudadana instauró contra el periodista de RCN Radio Juan Pablo Barrientos por sus comentarios contra la líder del movimiento Mira, Alexandra Moreno Piraquive. Esta fue una de varias acciones emprendidas por dicha colectividad contra periodistas luego de estar en el centro de un escándalo por la filtración de unas palabras de su líder en las que discriminaba a los discapacitados, suceso tras el cual se publicaron otras revelaciones sobre conflictos entre sus directivos.

El 14 de marzo la columnista de los diarios El Colombiano y El Espectador, Ana Cristina Restrepo, denunció haber recibido una llamada amenazante luego de publicar un artículo sobre los inquilinatos del populoso barrio Aranjuez de Medellín. Al parecer su labor de reportería en el lugar incomodó a las bandas dedicadas al microtráfico de drogas.

El 30 de abril, luego de una diligencia judicial en la que aportó su testimonio contra el detenido ex gobernador del departamento de La Guajira, "Kiko" Gómez, el periodista Gonzalo Guillén aseguró haber sido objeto de una persecución por parte de varios vehículos. A Gómez se le señala de pertenecer a una peligrosa banda criminal que opera en el norte del país.

El 19 de abril prescribió el caso por el asesinato del periodista Gildardo Ariza Olarte a manos, al parecer, de las Farc. Ariza se desempeñaba como director de la emisora Ondas del Casanare en 1995 cuando ocurrió el hecho.

El 21 de abril un grupo de cuatro periodistas y camarógrafos de los canales RCN y Caracol fue retenido durante varias horas por indígenas de la comunidad Wayuu en el departamento de La Guajira. Les exigían entregarles el material que habían grabado para informes sobre una disputa de tierras entre integrantes de esta comunidad.

El 17 de mayoun reducto del antiguo Ejército Popular de Liberación hoy dedicado al narcotráfico en la región del Catatumbo, nororiente del país, retuvo por seis horas al editor del portal investigativo verdadabierta.com, Juan Diego Restrepo.

El 31 de julio, a través de un perfil falso de Facebook el corresponsal del diario El País de Cali, Valle, en Tuluá recibió amenazas luego de que este publicara un artículo sobre la captura de un delincuente perteneciente a una agrupación criminal que opera en dicho municipio.

El 17 de agosto prescribió el caso del asesinato del periodista Iván Darío Pelayo, ultimado por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional el 17 de agosto de 1995 cuando era director de la emisora LLanorámica Estéreo de Puerto Rondón, Arauca.

Fueron hallados culpables y condenados la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad María del Pilar Hurtado y el ex secretario general de la presidencia en el Gobierno de Álvaro Uribe por, entre otros, haber interceptado ilegalmente líneas telefónicas de periodistas.

En marzo, el juzgado quinto especializado de Bogotá ordenó precluir la investigación contra el periodista de Telesur, William Parra, por presuntos vínculos con las Farc.

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