Venezuela: Qué dice la Relatoría Especial sobre la iniciativa de acceso

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Qué dice la Relatoría Especial sobre la iniciativa de ley de acceso a la información en Venezuela


La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a través de su relator especial Edison Lanza, entregó a la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, como parte de la consulta pública que realiza el Poder Legisalativo de Venezuela, sus observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública.


El documento de 18 páginas -Nota técnica sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública (Venezuela)- se refiere a la evaluación de la situación del derecho del acceso a la información pública en Venezuela a la luz de los informes expedidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los últimos años; detalla además los estándares y las buenas prácticas de otros Estados de la región sobre la materia; analiza la adecuación de las disposiciones del proyecto a las normas interamericanas y formula recomendaciones.


La Relatoría observa que de conformidad con estándares internacionales, el proyecto "incorpora el principio de máxima publicidad y establece un régimen restringido de excepciones al derecho" y reconoce como un avance significativo que "la ley sea de aplicación a todos los órganos del poder público nacional, estadual y municipal, así como a los partidos políticos, a las empresas públicas y aquellas que manejan recursos públicos o gestionan servicios".


Valoró además que el proyecto "establezca la creación del Consejo para la Transparencia, dotado de autonomía organizativa, funcional, financiera y técnica" y destaca como un importante adelanto que la iniciativa "proponga la derogación de leyes vigentes contrarias a las obligaciones internacionales del Estado, especialmente, la Ley que crea el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA)", organismo estatal creado por decreto presidencial en 2013 con el propósito de fiscalizar cualquier tipo de información y con poder para censurarla y clasificarla como "reservada", aduciendo razones de seguridad nacional o desestabilización política.


La nueva etapa legislativa, con mayoría de oposición, abre la posibilidad de promover una nueva ley de acceso, entre otros estatutos fundamentales para restablecer el sistema democrático en el país.


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