República Dominicana

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020
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Varios fallos emitidos por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) durante este semestre contribuyeron a desactivar el campo minado contra la libertad de expresión sobre dos nuevas leyes que regulaban a los partidos políticos y los procesos electorales de este año.

Dos sentencias del TC anularon artículos de la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos que establecían penas de cárcel a los que emitieran juicios negativos sobre los candidatos. El TSA anuló por completo el artículo 43 de la ley de partidos que incluía una disposición que exceptuaba a los medios de comunicación radiales y televisivos de la difusión publicitaria. También anuló, vía control difuso de inconstitucionalidad, los artículos 43.4 y 44.7 de la Ley

33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y de los artículos 14.4 y 15.7 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 33-18 sobre la celebración de primarias simultáneas en 2019.

Este artículo 44 numeral 7 de la ley de partidos prohibía mensajes políticos publicitarios colocados y transmitidos por medios radiales y televisivos.

Pese esas garantías, reporteros de distintos medios de todo el país sufrieron agresiones físicas y restricciones en la cobertura de las elecciones primarias de octubre, así como en las elecciones municipales del 15 de marzo.

Dos periodistas y un camarógrafo de las provincias de Neyba y Elias Piña, en la región suroeste, Faustino Reyes Díaz, del Listín Diario y Sandy Familia, del canal Telemicro, fueron agredidos por militantes de los partidos de la Liberación Dominicana (en el gobierno) y del Revolucionario Moderno (de oposición) durante el proceso. El camarógrafo Samuel Pichardo, de San Francisco de Macorís, fue agredido a pedradas por una turba de simpatizantes del gobierno.

Al comentarista Marino Zapete le clausuraron un programa de televisión por TeleRadio América, Canal 45, presuntamente por presión del gobierno. Luego fue demandado tras denunciar que la hermana del Procurador General de la República se había beneficiado ilegalmente por contratos del ministerio de Obras Públicas por $15 mil millones de pesos.

Demandado por difamación e injuria, un juez se negó a aceptar las pruebas que el periodista aseguró poseer para validar su denuncia. El juez fue recusado y en su lugar se designó otro para llevar el juicio. Se restringió el acceso al mismo.

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