Todos los gobiernos impusieron medidas extraordinarias para paliar la pandemia - cuarentenas, toques de queda y estados de catástrofe - afectando todas las actividades, entre ellas, el trabajo de la prensa.
En varios países, se impusieron castigos penales contra quienes difundieran o promovieran noticias falsas sobre el COVID-19.
Argentina
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Las noticias falsas sobre el COVID-19 que se viralicen por WhatsApp serán considerado un delito de intimidación pública. Esta figura contempla de tres a seis años de cárcel, según el artículo 211 del Código Penal.
Aruba
El gobierno impuso restricciones de circulación a los periodistas y medios durante los toques de queda.
Bolivia
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
El 14 de mayo, el gobierno anunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que derogó el decreto 4231 que limitaba la libertad de expresión y sancionaba por la vía penal (hasta con 10 años de cárcel) la difusión de la información escrita, impresa y/o artística que genere "incertidumbre en la población". La norma fue anulada por reclamo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP)
Brasil
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Varias organizaciones de prensa criticaron una iniciativa (Proyecto de Ley 2.630, Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet) en contra de las noticias falsas. El proyecto fue desactivado, pero no anulado. Establece que las plataformas de internet deben aplicar "verificación responsable", en lugar de "moderar y publicar contenido". Las sanciones contemplan advertencias, medidas correctivas, multas, suspensión temporal de actividades y prohibición de operatividad a la plataforma.
Chile
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas. Sin embargo, algunos alcaldes ordenaron el cierre de quioscos y puntos de venta. En Santiago y Quillón se presentaron dificultades para la circulación de camiones de distribución de periódicos.
Canadá
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Colombia
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Costa Rica
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Cuba
La prensa tiene las mismas restricciones de movilidad y cobertura que en épocas normales.
Se denunció el aumento en la persecución en contra de periodistas y activistas independientes. El gobierno justifica esta persecución a través del Decreto Ley 370 "Sobre la informatización de la sociedad en Cuba", dictado el 4 de julio de 2019. Este decreto condena la acción de "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas". Las sanciones contemplan el decomiso de los equipos y medios; suspensión de la licencia de forma temporal o definitiva; clausura de las instalaciones y multas.
Ecuador
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas, aunque algunos medios impresos tuvieron problemas de distribución.
Veintitrés entidades firmaron un manifiesto pidiendo al gobierno que garantice la práctica periodística en democracia. Exigía que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, creado en abril de 2019, se encargue de satisfacer las necesidades de los profesionales, incluido el acceso a la prueba COVID-19, servicios integrales de salud y protección de derechos laborales.
El Salvador
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas, aunque margina a los periodistas y medios críticos respecto a la información sobre salud pública.
Los agentes de policía imponen restricciones en las coberturas. Los periodistas deben portar tarjeta de identificación y una carta de sus medios indicando el número de identificación y el horario de su trabajo.
Estados Unidos
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Guatemala
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas. Para circular libremente, sin embargo, los periodistas deben portar carné de prensa e identificación personal.
En abril, en el marco de la cobertura de la pandemia, cien periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos denunciaron acoso, descalificación, intimidaciones y censura por parte de funcionarios y del presidente Alejandro Giammattei.
En junio, el Gobierno comenzó a ofrecer conferencias de prensa diarias con las autoridades de salud y reuniones quincenales entre el presidente y directores de algunos medios de comunicación. El mayor problema del Poder Ejecutivo son las diferencias entre sus datos y los que reportan los hospitales.
Haití
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas. Sin embargo, ocho periodistas denunciaron que fueron agredidos el 2 de abril mientras investigaban reclamos de que una oficina del gobierno estaba violando medidas de distanciamiento social para contrarrestar el COVID-19.
Honduras
El gobierno había suspendido el artículo 72 de la Constitución que garantiza la libertad de prensa como parte de las restricciones para paliar la pandemia. Sin embargo, tras un reclamo generalizado, el gobierno dejó sin efecto esa medida.
Jamaica
Luego del reclamo de asociaciones de prensa y de medios, el gobierno suspendió las sanciones que había impuesto a periodistas y medios para que ingresaran a áreas prohibidas por la cuarentena, como hospitales y otros espacios públicos de atención sanitaria.
México
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Nicaragua
La prensa tiene las mismas restricciones de movilidad y cobertura que en épocas normales. Se denunciaron restricciones al acceso a la información pública sobre salud y el bloqueo a la participación de periodistas y medios independientes en las conferencias de prensa del Ministerio de Salud.
Panamá
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas. Sin embargo, los periodistas deben portar identificación personal, identificación de prensa y un salvoconducto que provee el gobierno.
Paraguay
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Perú
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas, pero estos deben gestionar salvoconductos para circular durante el toque de queda.
El presidente Martín Vizcarra no permite que en sus conferencias de prensa diarias participen periodistas de manera presencial ni virtual. Solo se permiten cinco preguntas, cupo que es previamente sorteado entre los medios.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso que quien cree o difunda información falsa sobre el COVID-19 que genere pánico y perturbe la tranquilidad pública, está sujeto a una denuncia penal con castigo de entre tres y seis años de cárcel. Si el objetivo es obtener beneficios o genera perjuicio a terceros, la pena será de dos a cuatro años de prisión.
Se han registrado incidentes entre agentes de policía, periodistas, distribuidores y vendedores de periódicos en el interior del país.
Puerto Rico
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
El 6 de abril se dictó una enmienda a la ley de Seguridad Pública que prohíbe que los medios, o en cuentas de redes sociales, se "transmitan o permitan la transmisión" de "información falsa" relacionada con información u órdenes del gobierno relacionadas con COVID-19, así como con otros desastres. Los violadores de la ley enfrentarán hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta US$ 5,000, si la información falsa causa más de US$ 10,000 en gastos del sector público o daña la propiedad física.
República Dominicana
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Trinidad y Tobago
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Uruguay
El gobierno no impuso restricciones formales para medios y periodistas.
Venezuela
El régimen mantuvo férreas restricciones a medios y periodistas independientes como en épocas pre-pandemia. Incrementó controles a periodistas y mantuvo inaccesible el acceso a fuentes oficiales sobre salud pública.
Varios periodistas fueron detenidos por informar sobre la pandemia, acusados de instigación pública. Ante la escasez de combustible, a varios medios se les impidió comprar combustible, pese a que el gobierno los había excluido de esa restricción.