Venezuela

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Informe ante la 77ª Asamblea General Virtual
19 – 22 de octubre de 2021

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Los agravios a la libertad de expresión recrudecieron en este período. Por ahora no se ve una salida del régimen de gobierno a corto plazo. La oposición sigue dividida entre quienes creen que la tiranía de Nicolás Maduro se resuelve a través de una confrontación y quienes sostienen que la salida pasa por presionar que haya elecciones libres y participar en todas las que se presentan, aunque se trate de procesos fraudulentos.

El evento más destacado fue la toma de las instalaciones de El Nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Con base en el juicio de difamación contra El Nacional introducido por Diosdado Cabello, el Tribunal Supremo de Justicia condenó al periódico a pagarle 13 millones de dólares a Cabello por el daño a su honor, al reproducir una información divulgada por Leamsy Salazar (escolta de Diosdado Cabello). La noticia que involucra a Cabello con actividades ilícitas, publicada en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal, fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales.

En virtud de esa sentencia y sin ningún tipo de procedimiento legal, el Ejército tomó el edificio del diario sacando a quienes estaban en el lugar, incluyendo a quienes tenían espacios alquilados. Desde entonces, el Ejército ocupa las instalaciones sin ninguna orden judicial que lo respalde. En este juicio se ha incurrido en todo tipo de irregularidades procesales que obedecen a las instrucciones arbitrarias que da Cabello al sistema judicial, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia.

Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, dijo que era una patraña "la manipulación del Poder Judicial a modo personal por parte de Cabello". De ser una empresa de 1.100 trabajadores con una amplia variedad de secciones y revistas, El Nacional se redujo a un centenar de empleados "limitados a la web". El diario tenía espacios alquilados a fundaciones, algunos equipos de la Cruz Roja y a un laboratorio clínico, que también fueron desalojados.

Otero dijo que continuará su lucha en los tribunales venezolanos y acudió a instancias internacionales para registrar el atropello. El abogado Juan Garanton, de El Nacional, pidió que "el Ministerio Público iniciara una investigación imparcial sobre la toma armada de las instalaciones". El Nacional, fundado en 1943, dejó de circular en edición impresa en diciembre de 2018.

Durante el régimen de Maduro desaparecieron 115 medios de comunicación entre 2013 y 2018, según un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Entre ellos, el diario Panorama, de Maracaibo, no puede imprimir ejemplares por las imposiciones del régimen para el suministro de papel y fue desprovisto de su página web.

En Venezuela operan muchos medios online independientes, la mayoría manejados desde el exterior y regularmente bloqueados por instrucciones del Poder Ejecutivo a las compañías telefónicas. A estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus periodistas. Las fuerzas represivas que maneja el régimen están a la caza de periodistas que cubren las noticias, especialmente las que tienen que ver con protestas, el Covid-19 y servicios. Los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares.

Más del 60% de la población se entera de alguna noticia a través del canal oficial. No hay medios independientes, ni televisión, ni radio. Los que existen son oficiales o están autocensurados. Los periódicos y las revistas no tienen acceso a poder imprimir libremente, ante la falta de acceso al papel. Internet pasa por bloqueos discrecionales o el acceso muy limitado, lo que llevó al país del primero al último lugar con conexión a internet en América Latina.

La situación de los medios es catastrófica, casi cumpliéndose la promesa del Plan de la Patria de la hegemonía comunicacional, similar al modelo cubano.

Algunas de las principales agresiones contra periodistas y medios en este período:

El 15 de abril, el SNTP denunció que funcionarios vinculados a la gobernación del estado Aragua hostigaron a la periodista Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno y delegada voluntaria del SNTP, por una nota sobre la escasez de camas para pacientes con Covid-19.

El 27 de abril funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariano (GNB) detuvieron por 40 minutos, desnudaron y borraron el material de los periodistas zulianos Edwin Prieto y Lenin Danieri, quienes estaban cubriendo una disputa entre Yukpas y funcionaros de la GNB en La Villa del Rosario.

El 3 de mayo, el periodista David Rodríguez, reportero del portal Caraota Digital, fue amedrentado por grupos que operan en la parroquia Caricuao, en Caracas, luego de documentar una protesta en una estación de servicios.

El 10 de mayo el SNTP acompañó a la periodista Carlín Rodríguez en su exigencia de justicia, tras cumplirse siete años de haber recibido un impacto de bala en el rostro mientras participaba en una marcha en Lechería, estado Anzoategui, cuando era estudiante de comunicación social. Ella acusa a cuatro funcionarios y que se difirieron más de 10 audiencias porque los funcionarios no se presentan ante el tribunal.

El 24 de mayo funcionarios de la GNB amenazaron a Made Palmar, de @EVTVMiami, y Edwin Prieto, del portal Noticias Todos Ahora, con quitarles sus equipos mientras cubrían protesta del movimiento estudiantil por vacunas anticovid para habitantes del sector La Limpia, en el estado Zulia.

El 28 de mayo, el periodista Martí Hurtado estuvo desaparecido por más de 12 horas, luego de que un cuerpo policial sin identificación allanara su casa en la calle Bolivia de Punto Fijo, estado Falcón.

Funcionarios de Conatel cerraron y decomisaron los equipos de la emisora Zeta 103.5 FM, en Ocumare del Tuy, estado Miranda; dijeron que se trataba de un procedimiento administrativo.

El 31 de mayo, en el estado Lara, las periodistas Naikarys Cordero y Eliagnis Mora y el fotógrafo Dani Sosa, de El Informador, fueron amedrentados por presuntos funcionarios de las Faes que no portaban uniformes, cuando realizaban una cobertura en la estación de servicio San Luis del Este II de Barquisimeto. Fueron obligadas a borrar el material audiovisual y amenazaron con detenerlos.

El 9 de julio, el periodista Joan Camargo, del portal Noticias Todos Ahora, estuvo detenido en las inmediaciones de Quinta Crespo. Hacía cobertura de enfrentamiento en el oeste de Caracas.

El 13 de julio, en rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del oficialismo, acusó y criminalizó al portal Efecto Cocuyo y AlbertoRodNews. Dijo que forman parte de una operación mediática contra Maduro.

El 4 de agosto el programa radial Punto de Corte, transmitido por Radio Fe y Alegría, fue sacado del aire por órdenes del ente regulador Conatel. El programa era conducido por el periodista Johan Álvarez.

El 8 de agosto, en el estado Bolívar, los periodistas Jhoalys Siverio, de El Correo del Caroni y el portal Crónica Uno, y Carlos Suniaga, del portal El Pitazo TV, fueron amedrentados y obligados a borrar videos de sus teléfonos en la cobertura de las elecciones internas del PSUV.

El 10 de agosto, al menos a equipos de 10 medios y agencias se les impidió cubrir la llegada de la delegación que participó en las olimpiadas de Tokyo 2020.

El 19 de agosto se robaron la antena radial que conecta al sistema de la emisora 620 AM de Radio Fe y Alegría Noticias en Guasdualito, estado Apure. Con este ya son nueve los robos a las emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias en Maturín, El Tigre y Ciudad Guayana.

El 6 de septiembre se informa que el periodista Roland Carreño, injustamente preso desde octubre de 2020, se encuentra delicado de salud. Además de la crisis hipertensiva, fue contagiado con Covid-19 en el centro de reclusión.

El 10 de septiembre el Tribunal Segundo de Juicio del estado Nueva Esparta, declaró no culpable al comunicador Braulio Jatar. En la audiencia número 26, fue declarada su inocencia y libertad. Jatar fue calificado por la Corte IDH como preso de conciencia. Fue detenido el 3 de septiembre de 2016, luego de publicar en su página digital una protesta contra Maduro en Isla Margarita, y acusado de lavado de dinero. Estuvo preso en cuatro cárceles. En 2017 obtuvo la medida de casa por cárcel.

El 3 de octubre, sujetos que vestían uniformes de la Policía Nacional Bolivariana y a bordo de motos, asaltaron y le dispararon al reportero gráfico Ronald Enrique Peña, del portal El Pitazo TV, en Caracas. No resultó herido, pero le robaron su moto, documentos y el teléfono.


















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