Por Javier Valdivia, especial para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Miami (17 de febrero de 2023) — La inseguridad en Haití refuerza la precariedad en que se desempeñan los periodistas de este país, que además están mal pagados, no siempre reciben formación y muchas veces se ven obligados a realizar al mismo tiempo otras actividades profesionales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El "Estudio sobre el desarrollo de medios de comunicación en Haití" realizado por la Unesco en 2022 y hecho público por la organización el 10 de febrero de 2023, indica además que, aunque el Estado vela por la protección de los periodistas, los ataques contra los profesionales de la prensa son frecuentes y sus perpetradores rara vez son llevados ante la justicia.
Haití atraviesa una grave crisis política y vive un clima de constante inseguridad, a lo que se suman la pobreza, la corrupción y la impunidad. Nueve periodistas fueron asesinados el año pasado, el peor para el ejercicio de la profesión en el continente después de México, según la SIP, y los profesionales del sector son blanco fácil de ataques, atentados y secuestros.
El caso más reciente es del periodista Jean Thony Lorthé, de Radio Visión 2000, que fue secuestrado en Puerto Príncipe el 3 de febrero cuando se dirigía a un funeral con otras dos personas, hecho confirmado por la Oficina de Protección Ciudadana y condenado por la Asociación Haitiana de Periodistas, que señaló que la inseguridad generalizada tiene un gran impacto en el ejercicio del periodismo en Haití.
El estudio de la Unesco indica que el sistema democrático haitiano es frágil y está sujeto a una gran inestabilidad, y que en tiempos difíciles los periodistas corren graves riesgos en el ejercicio de su profesión.
También señala que a la debilidad del sistema judicial se suma la polarización del campo mediático.
"Los trabajadores de la prensa están mal pagados, incluso trabajan de forma voluntaria, lo que empuja a muchos a realizar otras actividades incompatibles con el periodismo. Este estado de cosas contribuye a debilitar la profesión y pone en duda el motivo de ciertos ataques", indica el informe de la Unesco, realizado en acuerdo con el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Haití.
El estudio no reveló ninguna medida de protección específica para periodistas, pero sí destacó que cuando uno de ellos es amenazado, la defensa de las asociaciones profesionales y los medios de comunicación a veces logran inducir a las autoridades policiales a intervenir. Agrega que, aunque los ataques a periodistas son frecuentes, particularmente en tiempos de inestabilidad, no son sistemáticos como fue el caso bajo la dictadura de los Duvalier (1939-1986).
Entre el año 2000 y 2022, fueron asesinados 21 periodistas, según un recuento de la propia Unesco. Entre las víctimas se cuentan a Jean Léopold Dominique (el 4 de abril del 2000), Ricardo Ortega (español, el 7 de marzo de 2004) y Wilguens Louissant, John Wesley Amady, Lazzare Maxilien, Tayson Latigue, Frantzsen Charles, Garry Tess, Romelson Vilcin, Fritz Dorilas y Francklin Tamar, estos últimos abatidos en 2022, el más mortífero para la prensa haitiana en varias décadas.
También se registran los casos de los periodistas Mac Kenlove Bien-Aimé, quien murió el 20 de marzo de 2014 tras inhalar gases lacrimógenos durante la dispersión de una manifestación en el suroeste del país, y la de Fritz Gérald Civil, asesinado el 4 de abril de ese año durante una protesta en la misma zona. Otro trabajador de la prensa, el fotógrafo Vladjimir Legagneur, desapareció en marzo de 2018 después de ser visto por última vez en una localidad al noreste de Puerto Príncipe.
"Los reporteros que cubren mítines políticos también son con frecuencia atacados verbalmente o incluso físicamente por manifestantes que los asocian con el bando contrario (progubernamentales en manifestaciones de la oposición, y viceversa. Periodistas entrevistados como parte del estudio explican este comportamiento por una intolerancia a la crítica y una incomprensión del papel de los medios. Rara vez se esclarecen las agresiones a periodistas, especialmente en provincias", dice la investigación.
Por otro lado, el informe advierte que los medios generalmente se abstienen de investigar temas sensibles como la corrupción o el narcotráfico, y que en todo caso retoman los informes de las organizaciones de derechos humanos en lugar de producir sus propias investigaciones salvo contadas excepciones: "la regla general es la autocensura en los temas más sensibles".
También considera que el ambiente de trabajo de los periodistas presenta un rostro paradójico, ya que, si bien las sólidas garantías constitucionales protegen la libertad de expresión, coexisten con leyes a menudo restrictivas y por lo general no aplicadas. Pone como ejemplo al Consejo Nacional de las Telecomunicaciones (Conatel) que depende estatutariamente del Estado y no tiene el mandato de fomentar el pluralismo, la equidad y la libre expresión.
La Unesco agrega que el respeto a las garantías de la Constitución de 1987 depende en gran medida del clima político y que, si bien está mejor asegurado en un período de relativa estabilidad, con frecuencia se ha visto socavado durante períodos de inestabilidad política y violencia que han salpicado los últimos treinta años.
El estudio también destaca que la consideración de un proyecto de ley sobre difamación en 2017 fue una de las primeras incursiones de los legisladores en el campo de los medios desde la adopción de la Constitución de 1987, pero que los medios solo descubrieron el texto cuando se votó en el Senado y la falta de consulta y debate público causó revuelo lo que derivó en que el proyecto de ley nunca fue aprobado.
En cuanto al derecho de acceso a la información, la investigación indica que hasta la fecha no existe tal mecanismo en Haití. Los profesionales entrevistados coincidieron en que "las autoridades se comunican según su buena voluntad o sus propios intereses".
Según el estudio: "La revelación de información confidencial proviene con mayor frecuencia de los denunciantes. Algunos periodistas y dueños de medios, sin embargo, creen que las disposiciones constitucionales son suficientes para garantizar el derecho de acceso a la información, mientras que otros creen que deberían ser complementadas por una ley específica".
Agrega que la Fundación Heritage presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre acceso a la información en mayo de 2012, que fue reintroducido por la Asociación de Periodistas Haitianos cuatro años después a la Cámara de Diputados, y que, por el momento, en ausencia de una ley general, el cuerpo legislativo solo regula el acceso a ciertos documentos específicos.
Basado en su investigación, la Unesco propuso las siguientes recomendaciones:
-El Estado debe revisar las leyes audiovisuales para hacer de Conatel una autoridad de regulación independiente y eficaz, con el mandato y los medios para promover el pluralismo, la equidad y la libertad de expresión.
-El Estado debe revisar las normas legales que restringen la libertad de expresión, adecuarlas a la Constitución y a estándares internacionales, y hacerlas plenamente aplicables. En particular, se debe despenalizar la difamación.
-El Estado debe transformar la Televisión Nacional de Haití y la Radio Nacional de Haití en un servicio audiovisual público independiente de conformidad con los estándares internacionales.
-Los medios de comunicación, las asociaciones profesionales y las organizaciones de formación deben difundir y promover el código de ética de los medios entre sus trabajadores.
-Los actores del sector deberían mejorar la accesibilidad de la formación inicial en periodismo y establecer un sistema de certificación y evaluación de cursos. Deben revisar la oferta de educación continua y asegurar que todas las necesidades estén cubiertas, incluidas las técnicas y gerenciales.
-La policía y el poder judicial deben hacer todo lo posible para prevenir ataques contra periodistas y enjuiciar a sus perpetradores, y el Estado debe brindarles los medios para hacerlo. Los medios deben establecer mecanismos efectivos para mejorar la seguridad de su personal, teniendo en cuenta las amenazas específicas que enfrentan las mujeres periodistas.
Una resolución sobre Haití aprobada por la SIP durante su 78ª Asamblea General llevada a cabo en octubre de 2022 en Madrid, España, subrayó que el clima de violencia y la crisis política, económica y de seguridad en la que se encuentra sumido ese país, mantienen en una situación de indefensión y de alto riesgo a los periodistas.
La SIP pidió al gobierno haitiano que garantice la preservación de la libertad de expresión y el ejercicio libre y seguro del periodismo, e instó a las organizaciones de prensa de las Américas a expresar su solidaridad y respaldo a periodistas y medios que siguen cumpliendo su misión informativa pese a las circunstancias de alto riesgo.
*Javier Valdivia es un periodista radicado en Miami. Experto en Haití. Fue subjefe de Redacción del periódico Listín Diario de República Dominicana. Ex corresponsal de la agencia estatal china Xinhua en Haití y República Dominicana.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
