En Nicaragua, país "sin libertad de expresión" según el Índice Chapultepec, la policía detuvo al periodista Orlando Chávez Esquivel y a sus hermanos. Chávez es director del programa radial El Metropolitano en la ciudad de León y previo a su arresto había asistido a la presentación de un libro prohibido por la dictadura de Daniel Ortega.
El periodista ecuatoriano José Luis Calderón anunció su decisión de abandonar el periodismo por considerar que no existen garantías en el país para la práctica de esa profesión, según informes de prensa. Calderón fue una de las víctimas del ataque armado en enero al canal TC Televisión, hecho que le causó estrés postraumático.
En Colombia, el periodista Edward Fabián Álvarez, director del periódico La Chiva de Urabá, tuvo que abandonar su domicilio por las amenazas de una banda criminal en su cuenta de WhatsApp.
El conductor del programa radial "En el Aire", Antonio Di Giampaolo, abandonó su trabajo luego que el régimen de Nicolás Maduro prohibió la transmisión de una entrevista con el candidato opositor a la presidencia, Edmundo González Urrutia. "En lo personal hago votos porque vengan tiempos mejores para el ejercicio del periodismo y para el país también", declaró el comunicador.
En México, la periodista Stephanie Palacios denunció que recibió amenazas y mensajes intimidatorios a través de las redes sociales luego de revelar que los periodistas tienen prohibido hacerle preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador mientras expone sobre un tema en sus conferencias de prensa matutinas.
También en México, la organización Artículo 19 denunció que la periodista Fabiola Cortés Miranda del medio Periodismo en Colectivo, es víctima del acoso judicial de una empresa que le exige una indemnización de 3,6 millones dólares por "daños materiales" y "daño moral gravísimo". La demanda se relaciona a publicaciones de Cortés sobre el supuesto despojo de tierras a indígenas mayas en el estado de Quintana Roo.
En Brasil, la Corte Suprema declaró ilegal el acoso judicial contra periodistas ya que consideró que es una amenaza a la libertad de expresión. El presidente de la Corte, Luís Roberto Barroso, destacó que los medios o periodistas serán considerados responsables únicamente en caso de "culpa grave" o si muestran "negligencia" en sus investigaciones.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.