Las autoridades deben garantizar que el sistema judicial no sea utilizado para perseguir o amedrentar a periodistas.
Miami (20 de enero de 2026) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alerta sobre el incremento de acciones judiciales promovidas en los últimos días contra periodistas y medios de comunicación en Colombia, una tendencia que evidencia un patrón de hostigamiento legal orientado a intimidar, censurar y entorpecer el ejercicio del periodismo independiente.
Los episodios más recientes de este tipo de acoso afectan a la periodista Lorena Beltrán y a la columnista Ana Bejarano Ricaurte.
Beltrán, periodista exiliada, enfrenta un nuevo episodio de persecución judicial que incluso se ha extendido al país donde reside actualmente, según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
La reportera, quien investigó a cirujanos plásticos que presuntamente ejercían sin cumplir los requisitos legales, ya había sido objeto de cuatro acciones de tutela interpuestas por los médicos mencionados. El 31 de diciembre de 2025 fue notificada, en el lugar donde reside —información que no era de dominio público—, de un nuevo proceso iniciado en su contra, situación que ha incrementado su temor por la propia seguridad.
Asimismo, la semana pasada el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció el inicio de acciones judiciales contra la columnista Ana Bejarano Ricaurte a raíz de una columna de opinión publicada el 11 de enero. En el texto, la autora cuestionó su trayectoria profesional y su discurso político, en particular su relación con Alex Saab, señalado como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que “este tipo de acciones reiteradas constituyen un uso abusivo del sistema judicial con el propósito de castigar y silenciar voces críticas, así como de desalentar investigaciones y opiniones de evidente interés público”.
Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, advirtió además que “el hostigamiento judicial no solo vulnera el derecho de los periodistas a ejercer su labor sin presiones indebidas, sino que también restringe el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y oportuna”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, afirmó que “la instrumentalización del aparato judicial como mecanismo de intimidación resulta incompatible con los principios democráticos y con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó a las autoridades colombianas “a garantizar que el sistema judicial no sea utilizado para perseguir o amedrentar a periodistas, a promover salvaguardas efectivas contra el acoso judicial y a asegurar un entorno seguro y libre para el ejercicio del periodismo”. Asimismo, exhortó a jueces y fiscales “a actuar con estricto apego a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y libertad de prensa”.
La SIP ha reiterado en múltiples ocasiones que este tipo de acciones legales abusivas, conocidas como SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation, por sus siglas en inglés), no persiguen la reparación de un daño legítimo, sino el desgaste emocional y económico de los periodistas, la generación de autocensura y la desincentivación de la investigación sobre asuntos de interés público.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “las presiones directas e indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. A su vez, la Declaración de Chapultepec de la SIP sostiene en su décimo principio que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.