El clima hostil hacia la prensa se mantiene bajo el régimen de excepción, con un patrón persistente de acoso digital, estigmatización y restricciones al ejercicio periodístico. Estas condiciones también han obligado a decenas de periodistas a exiliarse en los últimos años.
Entre periodistas y medios independientes prevalecen el temor y la cautela ante el fortalecimiento de la propaganda gubernamental, las presiones, el acoso y la falta de transparencia del gobierno del presidente Nayib Bukele. Los profesionales que investigan casos de corrupción, derechos humanos y seguridad enfrentan riesgos particulares. También se han documentado agresiones, detenciones arbitrarias, ciberataques y otras formas de intimidación contra periodistas y comunicadores.
Según cifras del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre enero y el 15 de julio de 2026 se registraron al menos 210 agresiones contra la prensa. Las formas más frecuentes fueron las declaraciones estigmatizantes, con 68 casos; el acoso digital, con 45; la difamación, con 26; el acoso en espacios físicos, con 20; y los insultos, con 13. La APES ha señalado a funcionarios de alto nivel del Ejecutivo como la principal fuente de agresiones.
Pese al deterioro de las libertades de expresión y de prensa, el periodismo independiente continúa activo. Algunos medios siguen investigando y publicando, aunque lo hacen en un contexto de mayores presiones, restricciones y riesgos. Entre las formas de intimidación identificadas figura la criminalización mediante el uso indebido del derecho penal y la presentación de denuncias que organizaciones de prensa consideran infundadas. Es el caso del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, columnista de El Diario de Hoy, quien lleva más de un año en prisión, y de la abogada anticorrupción Ruth Eleonora López, fuente informativa de numerosos medios, detenida desde mayo de 2025.
La situación de la libertad de prensa también se refleja en los índices internacionales. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a El Salvador en el puesto 143 de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026. El país retrocedió 8 posiciones respecto de la medición anterior. RSF también señala que el presidente Bukele ha declarado confidencial información pública, pese a que la libertad de expresión está protegida constitucionalmente.
El desplazamiento forzado constituye otra forma de presión contra el periodismo. En 2025, la APES documentó el exilio de más de 40 periodistas, una cifra que, según análisis periodísticos, representa la mayor oleada de comunicadores obligados a abandonar el país desde el final de la guerra civil, hace tres décadas.
La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2025, creó el Registro de Agentes Extranjeros y estableció un impuesto del 30 % para los agentes comprendidos en su ámbito de aplicación. La medida ha sido cuestionada por organizaciones que advierten que podría afectar a medios independientes, organizaciones sociales y colectivos que reciben cooperación internacional. La APES trasladó su personería jurídica fuera de El Salvador debido a esta ley y a la escalada de presiones.
Los medios y periodistas también han denunciado restricciones para acceder a eventos oficiales y dificultades para obtener información pública, especialmente sobre seguridad y actuaciones gubernamentales. Organizaciones de prensa señalan que funcionarios niegan información a periodistas, limitan el acceso a conferencias y muestran mayor apertura hacia medios considerados afines al gobierno.
Las radios y los medios comunitarios enfrentan dificultades adicionales marcadas por el ahogamiento económico, el acoso técnico y la autocensura.
El periodismo de investigación continúa activo, aunque parte de sus integrantes trabaja desde el extranjero. El Faro, por ejemplo, ha seguido publicando investigaciones y trasladó parte de sus operaciones fuera del país después de años de presión.
La ausencia de asesinatos recientes de periodistas no elimina otros riesgos para el ejercicio de la profesión. Las amenazas, el acoso digital, la vigilancia, las restricciones de acceso, el uso abusivo de procesos judiciales y el exilio pueden limitar el ejercicio periodístico sin que exista violencia letal. Las críticas y cuestionamientos en las redes sociales son aplastadas por ejércitos de troles y cuentas anónimas o aparentemente afines al oficialismo, que recurren a insultos, obscenidades y amenazas contra periodistas, especialmente mujeres.
El Gobierno ha rechazado diversas acusaciones y cuestionado la independencia o las motivaciones de medios y organizaciones críticas. Esta posición contrasta con los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales que describen un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo.
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ha aprobado en los últimos cinco años una serie de leyes que, según organizaciones de prensa y de derechos humanos, han restringido o dificultado el trabajo de los medios independientes, especialmente en materia de acceso a la información y fiscalización de posibles casos de corrupción en obras y proyectos gubernamentales. Al mismo tiempo, se han reducido o desarticulado instituciones que facilitaban el acceso a la información pública.
En conjunto, el ejercicio periodístico se desarrolla en un entorno restrictivo, marcado por la criminalización, la vigilancia, las limitaciones al acceso a la información, las presiones económicas y legales, el acoso digital y el exilio.
