Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
En el periodo se observa un marcado deterioro de la libertad de prensa, con un debilitamiento sustancial de las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente. Aunque persisten espacios de información general, entretenimiento y contenidos afines al gobierno, el periodismo investigativo enfrenta riesgos crecientes y severas restricciones. Decenas de periodistas se han visto forzados al exilio ante amenazas y persecución oficial.
En este contexto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) trasladó su personería jurídica a Guatemala para garantizar su continuidad y mantener la defensa de los derechos de los periodistas tanto dentro como fuera del país. Asimismo, la Asociación de Radios Comunitarias (ARPAS) decidió cerrar su programa de entrevistas y opinión “Voces en Contacto”, tras 28 años al aire, ante el temor de sanciones derivadas de la Ley de Agentes Extranjeros.
El informe “Micrófonos bajo el régimen de excepción”, presentado por la APES, advirtió sobre la situación crítica del periodismo comunitario y señaló que nueve de cada 10 periodistas en ese ámbito temen ejercer su labor.
Según el Centro de Monitoreo de la organización, en 2025 se registraron 426 agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa, entre ellas acoso digital, estigmatización, restricciones al ejercicio profesional, intimidación, difamación e insultos. Entre los presuntos responsables figuran usuarios de redes sociales vinculados al oficialismo, así como agentes policiales, funcionarios y miembros de las fuerzas armadas.
Persiste, además, el uso del sistema judicial contra voces críticas. El abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, columnista de El Diario de Hoy, continúa detenido desde el 7 de junio de 2025, tras denunciar la captura de la abogada anticorrupción Ruth López, de la organización Cristosal.
El 5 de marzo, la APES denunció una campaña de acoso contra el sacerdote y director de Radio Izcanal, Alcides Herrera, luego de su participación en el programa de televisión “Encuentro con Julio Villagrán”, en el que expresó opiniones sobre religión, política y las próximas elecciones. Los ataques incluyeron insultos, mensajes estigmatizantes y amenazas de muerte, amplificados por plataformas digitales y páginas afines al oficialismo. Herrera también reportó episodios de hostigamiento telefónico.
Un hecho similar afectó al abogado y teólogo Jaime Ramírez Ortega, también columnista de El Diario de Hoy, quien fue objeto de ataques por parte de opinadores y exfuncionarios vinculados al oficialismo.
En el ámbito legal, nuevas normativas sobre delitos informáticos han sido utilizadas para limitar investigaciones periodísticas sobre la gestión pública.
El 2 de enero, el fotoperiodista Diego Rosales fue detenido en Sevilla, España, en el marco de una orden internacional de captura por presuntos delitos de hurto informático y agrupaciones ilícitas. La APES denunció que el caso forma parte de un patrón de acoso, amenazas y judicialización infundada en su contra, en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Organizaciones internacionales han advertido que, de ser extraditado, el periodista enfrentaría un alto riesgo de detención arbitraria y la falta de garantías judiciales.
Ante el exilio de decenas de periodistas, las autoridades han desestimado las denuncias, atribuyéndolas, sin presentar pruebas, a supuestos vínculos con la oposición.
A lo anterior se suma una política sostenida de restricción al acceso de la prensa independiente a eventos oficiales, así como la reserva de información sobre proyectos gubernamentales y la falta de transparencia en asuntos de interés público, incluida la situación de personas detenidas bajo el régimen de excepción.
El 28 de marzo, el grupo editorial que imprime los periódicos El Diario de Hoy y MÁS! anunció el cierre definitivo de su edición en papel a partir de esta fecha. La medida, que responde al cambio hacia un esquema de operación completamente digital, marca el fin de una trayectoria de 90 años de El Diario de Hoy en formato físico. La SIP expresó que la salida de circulación de ambas ediciones impresas representa una pérdida relevante para el ecosistema informativo del país, donde los espacios para la libertad de prensa han retrocedido severamente y periodistas y voces críticas enfrentan persecución y exilio.
