La libertad de prensa está siendo silenciada paulatinamente por el gobierno nacional mediante amenazas, intimidaciones, descalificaciones y presiones en contra de medios de comunicación y periodistas independientes. Estas acciones han hecho que muchos comunicadores y salas de Redacción de medios importantes se marchen del país.
El gobierno acusó el 1 de junio a medios de comunicación extranjeros y locales, así como a organizaciones no gubernamentales, de organizar un "ataque coordinado" en su contra. Pese a ello, sigue alegando que hay pleno respeto a la libertad de expresión y prensa porque “no hay periodistas capturados ni medios cerrados”.
La documentación de las organizaciones desmiente ese discurso. Según datos del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), solo entre el 1 de mayo y el 14 de julio de este año se contabilizaron180 agresiones en contra de periodistas. Las agresiones más frecuentes son acoso físico, acoso digital, intimidación e insultos, discursos estigmatizantes y restricciones al ejercicio periodístico. En junio, la SIP junto a otras 17 organizaciones internacionales pidieron al gobierno garantizar la integridad física de los periodistas y cesar cualquier forma de persecución, vigilancia o intimidación.
En este contexto viciado, varios medios y periodistas optaron por salir del país. El medio independiente FOCOS TV informó que trasladó sus operaciones legales y financieras a Costa Rica, ante la falta de condiciones para ejercer el periodismo en el país.
También Nelson Rauda Zablah, editor digital de El Faro, y otros seis periodistas de ese medio se fueron del país, después de que el gobierno amenazara con arrestarlos por revelar los acuerdos secretos entre el gobierno y las pandillas.
A finales de julio, el periodista Jorge Beltrán Luna, de El Diario de Hoy, salió del país tras sufrir vigilancia y acoso policial. Beltrán ha enfrentado desde la bofetada de un jefe policial hasta una demanda por U$S 10 millones junto a El Diario de Hoy, interpuesta por un familiar del jefe de Seguridad del Estado por retomar una información sobre espionaje que publicó la revista mexicana Proceso.
La APES denunció que hasta el 13 de junio había documentado el desplazamiento forzado de unos 43 comunicadores, debido a "múltiples casos de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias". Luego denunció que existen fuertes indicios de que el gobierno cuenta con listas completas de vigilancia, amedrentamiento y hasta potenciales capturas de periodistas y activistas de los derechos humanos.
El abogado Salvador Enrique Anaya, columnista de El Diario de Hoy, fue detenido el 7 de junio después de denunciar la captura de la también abogada y defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López. Como en otros casos, a ambos se les ha acusado de delitos financieros y se les aplicó el régimen de excepción, que debe ser solo para pandilleros y restringe derechos judiciales y civiles de los detenidos.
APES también anunció el cierre temporal de sus oficinas y la suspensión de proyectos financiados desde el exterior por la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, con la que el gobierno quiere gravar a organizaciones independientes que considera críticas. Pese a ello, APES anunció que mantendrá su actividad desde fuera del país para denunciar la censura y defender la libertad de prensa.
Los problemas de la libertad de prensa se extienden al ámbito de la expresión. Seis de cada 10 salvadoreños tienen "más cuidado" al compartir su opinión sobre política, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA).
En otros hechos relevantes, el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión renunció en mayo, aunque era criticado por favorecer al gobierno en sus informes y planteamientos.
El 25 de junio, el periodista Guillermo Cartagena, de la revista digital Gato Encerrado, fue hostigado por la policía. Tres agentes policiales llegaron a su vivienda en el distrito de Mejicanos, San Salvador, para preguntar por los servicios básicos de la casa y la cantidad de personas que vivían en ella.
El Salvador se mantiene en la categoría de países con alta restricción en el Índice
Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa. El Índice Mundial de Libertad de Prensa de RSF registró que el país descendió 61 posiciones en los últimos cinco años.
