Miami (11 de agosto de 2026) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un decreto del Gobierno de Costa Rica que declara secreto de Estado una amplia gama de información vinculada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite. La organización hemisférica advirtió que una disposición de tal amplitud podría obstaculizar la labor periodística y restringir el acceso a información de interés público, con consecuencias para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.
La medida, decretada el 10 de agosto por la presidenta Laura Fernández, comprende información sobre operaciones policiales y de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos, planes de seguridad, presupuestos, gastos y contrataciones públicas, además de documentos, reuniones, acuerdos y otros archivos de estos tres organismos de seguridad. El decreto, que tiene efecto inmediato, fue publicado en el diario oficial La Gaceta.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó que “reconocemos que los Estados pueden proteger información cuya divulgación pueda poner en riesgo operaciones de seguridad, funcionarios o terceros. Sin embargo, la clasificación de información como secreto de Estado debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes, para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública”.
Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, agregó que “observamos con especial preocupación que el decreto incluya presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública, ámbitos que son esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos”.
Abogados y expertos consultados por medios costarricenses cuestionaron la constitucionalidad y el alcance de la medida que sostienen, debería estar respaldada por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y no únicamente por un decreto ejecutivo. Entre otros aspectos, señalaron que Costa Rica carece de una legislación específica que regule de manera clara las declaratorias de secreto de Estado. Advirtieron que no toda la información relacionada con inteligencia o seguridad puede clasificarse automáticamente como secreto de Estado y recomendaron a periodistas y ciudadanos recurrir a la Sala Constitucional para que determine si el decreto se ajusta a la Constitución.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, consideró como “preocupante que el decreto imponga un deber de confidencialidad indefinido a funcionarios, asesores, contratistas y otras personas vinculadas con estos organismos, con posibles sanciones por divulgar o compartir información clasificada”.
Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que “estas disposiciones no deberían convertirse en mecanismos para impedir el trabajo periodístico ni para restringir la investigación de asuntos de evidente interés público”.
Los directivos de la SIP instaron al Gobierno de Costa Rica a garantizar que cualquier restricción al acceso a la información cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, y a preservar mecanismos efectivos de control judicial y ciudadano. Asimismo, exhortaron a las autoridades a distinguir claramente entre la información operativa cuya reserva pueda estar justificada por razones de seguridad y aquella relacionada con presupuestos, contrataciones, uso de recursos públicos y actuaciones administrativas, que debe permanecer sujeta a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
El Gobierno justificó el decreto por el aumento del narcotráfico y la violencia, y argumentó que divulgar estos datos podría poner en riesgo operaciones, funcionarios y la cooperación internacional en materia de seguridad, según reportes de prensa. Se produce además en medio de una disputa del Gobierno con el Poder Judicial y tras la filtración de un informe que identificó a 122 policías presuntamente vinculados con organizaciones criminales, de acuerdo con informes de medios locales.
La SIP considera fundamental que las medidas adoptadas para combatir el crimen organizado y la violencia no terminen debilitando otros pilares esenciales de una sociedad democrática, entre ellos la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio de un periodismo independiente como mecanismo de fiscalización del poder público.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
