Miami (19 de agosto de 2026) — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación y condena la prolongada persecución judicial que enfrenta la periodista de investigación peruana Paola Ugaz Cruz, objeto desde 2018 de múltiples acciones legales relacionadas con sus investigaciones sobre el Sodalicio de Vida Cristiana y otros asuntos de interés público, que representan un sistemático patrón de amedrentamiento contra su labor periodística.
La más reciente se produjo esta semana, cuando la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) presentó una querella por difamación agravada contra Ugaz por publicaciones que, según la institución, contienen afirmaciones falsas, inexactitudes y acusaciones sin sustento que habrían afectado su honor y reputación. La acusación se suma al proceso por presunto enriquecimiento ilícito iniciado contra la periodista en abril de 2023 por Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, así como a otras denuncias penales formuladas en los últimos años, entre ellas por difamación agravada y lavado de activos.
Desde 2018 Ugaz ha enfrentado una sucesión de acusaciones y procedimientos que, según sus representantes legales, han generado una presión financiera y profesional constante, además de campañas de descrédito, acoso digital, amenazas y afectaciones a su privacidad vinculadas con su labor periodística.
“El atropello por mi trabajo periodístico desde 2018 hasta el 2026 continúa. He sido objeto de lo que considero hostigamiento judicial por el Sodalicio hace ocho años, por haber investigado sus manejos económicos”, afirmó Ugaz al conocer la nueva acción judicial presentada en su contra. Si bien Sodalicio no ha sido el querellante directo en estos procesos, las acciones han sido promovidas por personas vinculadas o cercanas al grupo católico, suprimido por la Santa Sede en 2025, entre otras razones, por “comportamiento sectario” y ausencia de un carisma de origen divino.
La SIP subrayó que la sucesión de procedimientos contra una periodista por el contenido de investigaciones de interés público representa una grave forma de presión sobre el ejercicio profesional. Además de imponer una carga económica, personal y profesional, este tipo de litigación puede generar un efecto inhibidor sobre otros periodistas que investigan a instituciones o personas con poder económico, político o religioso.
Tras un reportaje de Al Jazeera en el que la periodista no participé ni tuvo injerencia editorial, tres personas relacionadas con Sodalicio emprendieron acciones en su contra: Carlos Alberto Gómez de la Torre, integrante de la Asociación Civil San Juan Bautista, cuyas denuncias fueron archivadas o prescritas; José Antonio Eguren, quien fue Arzobispo de Piura y Tumbes y miembro del Sodalicio, que desistió de una querella por difamación tras la intervención de la Santa Sede; y Revoredo, de La Abeja, señalado por sus vínculos con el entorno del Sodalicio.
Para la SIP suscita especial preocupación una orden judicial emitida en 2023 y mantenida en reserva, de la que Ugaz y su representación legal tuvieron conocimiento recién en 2024. La medida dispuso el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y requirió a empresas de telecomunicaciones información sobre las comunicaciones mantenidas por la periodista entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 2020. La vigilancia de las comunicaciones de una periodista y cualquier medida que pueda comprometer la confidencialidad de sus fuentes plantean serias amenazas para la libertad de prensa y para el ejercicio del periodismo de investigación.
“Cuando se utilizan demandas, leyes de difamación penal y mecanismos administrativos no para garantizar la justicia, sino para silenciar el escrutinio, la litigación estratégica se convierte en una herramienta de control diseñada para desgastar e intimidar a las voces independientes”, advirtió el presidente de la SIP, Pierre Manigault.
Manigault, del Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, agregó: “Ningún periodista debería ser sometido a una cadena interminable de procesos por investigar y publicar asuntos de evidente interés público. Cuando el sistema judicial es utilizado para desgastar económicamente, intimidar o desacreditar a una periodista, se está atentando directamente contra la libertad de prensa”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, de la Organización Editorial Mexicana (OEM), señaló: “El caso de Ugaz demuestra los graves riesgos que enfrenta el periodismo de investigación cuando quienes ejercen el poder o disponen de recursos utilizan los tribunales para perseguir a quienes los investigan. Pretender acceder a las comunicaciones de una periodista y comprometer la confidencialidad de sus fuentes constituye una amenaza particularmente grave para el ejercicio de la profesión”.
Los directivos de la SIP instaron a las autoridades peruanas a impedir la instrumentalización del sistema de justicia contra periodistas por el contenido de sus investigaciones y a garantizar que cualquier actuación que pueda afectar la confidencialidad de las fuentes periodísticas esté sujeta a estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En tanto, Ugaz confía en que “las instancias judiciales de Perú harán lo posible por tutelar el estado de derecho en el país y que colaborarán con otras instancias internacionales como la Santa Sede en su lucha contra la corrupción económica y financiera internacional”.
Una misión internacional de la SIP que visitó Perú en 2025 advirtió sobre “la creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales”, prácticas que, según la organización, generan un clima adverso para el ejercicio de la profesión.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
