Estas situaciones generan alarma en toda la comunidad periodística y representan un riesgo para el derecho de la sociedad a estar informada.
Miami (31 de diciembre de 2025) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación por la escalada de acciones judiciales en México que podrían constituir una forma de intimidación y criminalización de periodistas en ejercicio de su labor informativa, y que representan una tendencia preocupante para el libre ejercicio de la libertad de expresión en la región.
En días recientes, el periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita en el estado de Puebla, en un proceso marcado por señalamientos de irregularidades judiciales y cuestionamientos sobre la solidez de las imputaciones, según señalan informes de prensa.
Asimismo, en el estado de Veracruz, el periodista Rafael León Segovia fue imputado ayer por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, en hechos relacionados con su cobertura periodística, lo que ha sido señalado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como un precedente peligroso que podría inhibir la labor informativa. La fiscal general de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que no se incluyó el delito de “terrorismo”, el cual fue señalado inicialmente. Como medida cautelar, se impuso resguardo domiciliario por un año.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está monitoreando el caso e instó a las autoridades a respetar las garantías judiciales y el debido proceso, a través de un mensaje en la red X.
Estas situaciones, en las que se involucra el sistema penal en contra de periodistas por actos supuestamente vinculados a su ejercicio profesional, generan alarma en toda la comunidad periodística y representan un riesgo para el derecho de la sociedad a estar informada.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, manifestó que “observamos con inquietud casos que tienden a utilizar el sistema de justicia penal como mecanismo de presión contra periodistas por el contenido de sus publicaciones. La libertad de prensa es un pilar de las sociedades democráticas y ninguna acusación judicial puede convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas o incómodas”, advirtió Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, exhortó, por su parte, a las autoridades competentes “a que respeten de manera escrupulosa el debido proceso, garanticen juicios transparentes, justos y apegados a la ley, así como el respeto a la presunción de inocencia y el derecho a una defensa plena. Las responsabilidades penales nunca deben utilizarse de forma desproporcionada contra quienes informan y exponen hechos de interés público”, añadió Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
En su más reciente informe sobre la libertad de prensa en México la SIP advirtió sobre el uso de “instrumentos judiciales” para limitar la crítica. “El acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como ‘violencia política de género’ y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los que resultaron afectados periodistas consolidados como ciudadanos activos en redes”, indica el informe.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.