México

El acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los que resultaron afectados periodistas consolidados como ciudadanos activos en redes.

Artículo 19 México publicó en agosto “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, informe en el que documenta 51 casos de acoso judicial en el primer semestre del año.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, denunció a Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna. El periodista fue vinculado a un proceso por incitación al odio y violencia de género. Un juez ordenó el cierre del medio por dos años, además de prohibirle ejercer el periodismo en ese lapso. También le asignó un censor que debe revisar sus columnas antes de ser publicadas para evitar que mencione a la gobernadora. González Valdez también enfrenta una demanda civil interpuesta por Walther Patrón Bacab, vocero del gobierno. La gobernadora también demandó a los reporteros Abraham y Carlos Martínez.

La ciudadana Karla María Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras un comentario en X sobre nepotismo entre el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa. Se le impuso una multa, una disculpa pública obligatoria durante treinta días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, hasta 2027. Estrella anunció que denunciará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En mayo, la exconsejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras López, demandó por calumnia y violencia política de género al columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, por una columna titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, en la que de Mauleón denunciaba presuntas redes de corrupción ligadas al tráfico ilegal de combustibles, sobornos y extorsiones. Aunque el Instituto Electoral concluyó que no existía violencia política de género, mantuvo la orden de que se retire la columna. También sancionó a El Universal con una multa, la obligación de ofrecer una disculpa pública y medidas de reparación. La decisión fue impugnada ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

El diario Vanguardia de Saltillo enfrentó un litigio mercantil. Fue iniciado supuestamente por un adeudo de hace décadas, que ha derivado en la orden de embargar bienes del diario. El medio denunció que el juicio se resolvió con rapidez extraordinaria, criterios jurídicos débiles y posibles conflictos de interés, y puso en dudas la imparcialidad del Poder Judicial. Otros actos en contra del medio a través de operativos estatales, vigilancia e intimidación a su personal, reforzaron la percepción de hostigamiento judicial. La SIP y otras organizaciones calificaron al fallo como un ataque indirecto para silenciar información crítica.

El gobierno de Puebla aprobó en junio una reforma al Código Penal estatal que introduce el delito de “ciberasedio”. Bajo esta figura legal, se sancionaría con hasta tres años de prisión y una multa de unos 40 mil pesos a quien, mediante redes sociales, correo electrónico u otros espacios digitales, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, de forma insistente, causando daño emocional o riesgo a su integridad emocional. La reforma se argumentó para combatir delitos digitales como el acoso, el robo de identidad, el grooming y la violencia en línea, aunque también pudiera afectar a los textos periodísticos. Tras la protesta de la prensa, los legisladores moderaron el texto para proteger la labor informativa.

Periodistas y varias ONG denunciaron que, durante este gobierno, la oficina de Transparencia para el Pueblo desechó el 99.6 por ciento de las solicitudes de información. Esta oficina se constituyó en reemplazo del desaparecido Instituto Nacional de Acceso de la Información y Protección de Datos Personales.

La presidenta Sheinbaum ha mantenido una relación ambivalente con la prensa. En sus conferencias de prensa, eliminó el espacio “Quién es quién en la Mentiras”, que institucionalizó su antecesor, aunque dejó un espacio semanal denominado “Detector de Mentiras”, para contestar a opinadores críticos del gobierno. La presidenta eliminó el usual sorteo para hacer preguntas y se reservó la decisión de elegir quién interviene. El hecho fue interpretado como un mayor control sobre el acceso de los medios.

Recientemente, Sheibaum radicalizó su discurso contra la prensa ante diversos medios que vinculan a funcionarios del gobierno anterior con casos de corrupción. También defendió a su antecesor y al hijo de este, Andrés López Beltrán. Sin embargo, calificó el acoso judicial a periodistas en distintos estados del país como “excesivos”.

La presidenta rechazó públicamente la censura al pedir al Senado que frene un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que facultaba al gobierno a bloquear las plataformas digitales.