La SIP considera como un retroceso liberación
La SIP considera como un retroceso liberación
de responsable por muerte de Guillermo Cano
Miami (8 de octubre del 2004).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó y calificó como un retroceso para la lucha contra la impunidad, la liberación de Luis Carlos Molina Yepes, uno de los acusados por el crimen en 1986 del destacado periodista colombiano Guillermo Cano Isaza.
Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. El jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, lo consideraba a él y al diario que dirigía, El Espectador, como sus principales enemigos por las denuncias contra el narcotráfico y la posición favorable a la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. Molina Yepes habría sido encargado por Escobar para pagar a los dos sicarios que dispararon en ocho ocasiones al pecho de Cano.
A principios de octubre, Molina Yepes, sentenciado en 1995 mientras estaba prófugo a 16 años y 8 meses de cárcel por conspiración para cometer el crimen, recuperó su libertad tras seis años de prisión.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Rafael Molina, expresó que sin ánimo de cuestionar la decisión judicial, lamentamos y expresamos nuestra indignación por lo que consideramos un retroceso para la lucha contra la impunidad y específicamente sobre el asesinato de Cano, uno de lo más emblemáticos de la sociedad colombiana y cuya investigación conllevó a que dos jueces y un abogado fueran también asesinados.
Molina Yepes, fue capturado en un restaurante de Bogotá el 18 de febrero de 1997, días después que una delegación internacional de la SIP se reuniera con el presidente Ernesto Samper y solicitara que se adelantaran diligencias para dar con el paradero de los involucrados en el asesinato del periodista.
Pese a que la SIP expresó su satisfacción y consideró la captura de Molina Yepes como un hecho positivo, un mes más tarde presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), constatando que el proceso judicial del caso Cano estuvo viciado de irregularidades y constituyó una denegación de justicia. La SIP responsabilizó al Estado de Colombia por violaciones a los derechos humanos y el caso fue admitido por la CIDH, adjudicándosele el No.11.728.
La organización hemisférica insistió ante el gobierno de Colombia y la CIDH por el esclarecimiento del crimen, por considerar que el asesinato de Cano se trató de un hecho que marcó el inicio de una ola de violencia contra los medios y los periodistas que criticaran cualquier acción de los narcotraficantes en Colombia.
IAPA calls release of one of the accused in murder of Guillermo Cano a setback
Miami (October 8, 2004).- The Inter American Press Association (IAPA) regrets the release of Luis Carlos Molina Yepes, one of the accused in the murder of distinguished Colombian journalist, Guillermo Cano Isaza, and called this a setback in the fight against impunity.
Cano was killed on December 17, 1986. The head of the Medellin drug cartel, Pablo Escobar, considered him and the newspaper he managed, El Espectador, as his main enemies for denouncing drug trafficking and favoring the extradition of drug traffickers to the United States. Molina Yepes was ordered by Escobar to pay the two hit men that fired eight times into Canos chest.
In early October, Molina Yepes, sentenced in 1995 while he was a fugitive to 16 years and 8 months in prison for conspiracy in the commission of a crime, was released after serving six years behind bars.
The chairman of the Committee on Freedom of the Press and Information, Rafael Molina, expressed that without questioning the courts decision, we regret and express our outrage over what we believe to be a setback in the fight for impunity and specifically Canos murder, one of the most symbolic in Colombia and whose investigation also resulted in the killing of two judges and an attorney.
Molina Yepes, was apprehended at a restaurant in Bogotá on February 18, 1997, days after an IAPA international delegation met with President Ernesto Samper requesting a push for due diligence in tracking down those involved in the journalists murder.
Although the IAPA expressed its satisfaction and called Molina Yepess capture a positive step, one month later, it submitted a complaint to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), stating that the legal process in the Cano case was marred by irregularities and a denial of justice. The IAPA held the Government of Colombia accountable for violations against human rights and the case was accepted by the IACHR becoming Case #11.728.
The hemisphere organization insisted before the Colombian government and the IACHR that this murder be solved, since it believed that Canos murder marked the beginning of a wave of violence against the media and journalists that criticized any action by drug traffickers in Colombia.
FUENTE: nota.texto7