La libertad de prensa se desenvolvió en este período en un clima de tensión en el debate público, con episodios que afectaron el ejercicio del periodismo.
Informe ante la Reunión de Medio Año de la SIP del 23 al 24 de abril de 2026.
La libertad de prensa se desenvolvió en este período en un clima de tensión en el debate público, con episodios que afectaron el ejercicio del periodismo.
Se registraron hechos de hostigamiento y restricciones durante coberturas periodísticas. En septiembre, un equipo del diario La Nación fue perseguido, retenido e intimidado por fuerzas policiales en la provincia de Formosa, a partir de una denuncia posteriormente considerada falsa. Ese mismo mes, el camarógrafo Gerardo Galarza, del canal Somos Uno, fue agredido por el diputado nacional Aldo Leiva en la provincia de Chaco mientras realizaba su trabajo.
En noviembre, un juzgado penal de Tucumán ordenó el cese de la difusión de contenidos críticos hacia el Ministerio Público Fiscal provincial, en una medida interpretada como censura previa.
En diciembre, se reportaron presiones de dirigentes del ámbito deportivo sobre periodistas y se cuestionó una ordenanza en Tanti, Córdoba, que restringía el acceso a la información pública.
Durante febrero se produjeron nuevos episodios de hostigamiento. El periodista Alejandro Alfie, de Clarín, recibió amenazas en un contexto previo de hostigamiento vinculado con su labor profesional. A su vez, el camarógrafo Facundo Tedeschini, del canal A24, fue detenido y agredido por fuerzas de seguridad mientras cubría una protesta frente al Congreso de la Nación.
También se registraron expresiones estigmatizantes desde el ámbito oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, descalificó públicamente al periodista Juan Manuel Barca, de Clarín, acusándolo de “trabajar mintiendo todos los días”, en línea con un clima de confrontación que impacta en la labor periodística.
La citación a la periodista Natalia Volosin en el marco de una investigación sobre el caso $Libra generó preocupación por su posible efecto intimidatorio y por el respeto al derecho a la reserva de las fuentes, aunque el posterior desistimiento de la medida atenuó esas inquietudes.
En la última semana de marzo, en su primera conferencia pública después de una polémica desatada por viajes y detalles de su patrimonio que podrían albergar alguna inconsistencia, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, habló de una “operación política y mediática” en su contra.
Uno de los aspectos que generó mayor inquietud fue la creación en febrero de la Oficina de Respuesta Oficial, un organismo oficial que nació con el objetivo de desmentir supuestas noticias falsas, "operaciones" de prensa y de sectores opositores. El tono confrontativo del organismo y la calificación de contenidos periodísticos como “operaciones políticas deliberadas” fueron interpretados como un factor de estigmatización hacia periodistas y medios críticos.
En el último semestre, después de un período de aplacamiento de la ofensiva contra el periodismo, el presidente Javier Milei ha retomado su costumbre de agraviar a periodistas y medios con imputaciones de corrupción, promoción de falsedades o descalificaciones personales. En una de sus últimas embestidas en su cuenta de X, se refirió a la periodista Liliana Franco como “pluma mugrosa”.
En este contexto, la reiteración de las descalificaciones consignadas exhibe un deterioro del debate público y, dentro de este, de la relación del poder político con la prensa. La calidad de la discusión democrática atraviesa una coyuntura en la que periodistas y medios sufren estigmatizaciones y agravios que pueden derivar en autocensura y en otras afectaciones del trabajo periodístico.
