Editores mexicanos se unen para combatir la violencia

En el Encuentro de Editores de la Frontera Norte, celebrado ayer en Hermosillo, Sonora, se firmó la “Declaración de Hermosillo”, un documento para enfrentar la violencia contra periodistas y medios en México, que establece líneas de acción como la creación de un equipo especial de reporteros de investigación para dar continuidad al trabajo de colegas victimados, la publicación de campañas de educación pública y entrenamiento para periodistas.

Tras la bienvenida que ofreció Juan Fernando Healy, director de El Imparcial, diario anfitrión, el presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, dijo que “es auspicioso que directores de cuarenta medios se hayan reunido para coordinar estrategias para solidamente enfrentar al crimen organizado que aqueja a la región”. Agregó que deben ser los medios “los primeros en actuar frente a este grave problema y eso es los que ustedes hacen hoy”.

Miró Quesada, director del diario peruano El Comercio, sostuvo que más allá del esfuerzo de los medios, las autoridades del país no pueden dejar de cumplir con su obligación de garantizar el libre flujo informativo.

Entre los directivos que llegaron de estados lindantes con la frontera de Estados Unidos, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además del estado de Sinaloa, acaparó la atención la participación de Jesús Blancornelas director del semanario Zeta, de Tijuana, víctima de varios atentados perpetrados por el narcotráfico. Blancornelas pidió “dejar de lado los logotipos de nuestras empresas y luchar por esta causa común contra la violencia y la impunidad”.

Por su parte, Juan Francisco Ealy Ortiz, vicepresidente regional por México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, destacó que "éste es el primer esfuerzo por hacer coincidir las voluntades de periódicos mexicanos bajo propósitos comunes (...) Deseamos mandar un mensaje en el sentido de que trabajaremos juntos en contra del crimen organizado”.

En todo momento durante el Encuentro, las presentaciones incluían referencias a Alfredo Jiménez Mota periodista del diario anfitrión, quien fue secuestrado el pasado 2 de abril, y sobre quien se desconoce su paradero. También los presentes se refirieron a los periodistas Dolores Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero, Gregorio Rodríguez Hernández, Francisco Arratia Saldierna y Francisco Ortiz Franco, asesinados desde mediados del 2004.

Enrique Santos Calderón, presidente de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP y director de El Tiempo, Colombia, aportó experiencias prácticas del periodismo colombiano en su lucha contra el narcotráfico, profundizando sobre la necesidad de alcanzar altos estándares de calidad informativa.

Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de Prensa Libre, Guatemala, expuso sobre los alcances de las reuniones del día previo en que la delegación de la SIP se reunió con el presidente Vicente Fox y representantes de los poderes Judicial y Legislativo. En ese sentido, recordó que la SIP solicitó medidas para combatir la violencia y la impunidad, entre ellas la “federalización” de los crímenes, la no prescripción de los delitos y el agravamiento de las penas para los agresores.

Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa, se refirió al apoyo inmediato que la SIP podrá dar a los editores mexicanos en torno a la campaña de educación pública y el entrenamiento de periodistas.

Asimismo, la delegación presentó un extracto del mapa de riesgo de la SIP, redactado para la zona de México por la periodista Idalia Gómez de la Unidad de Respuesta Rápida de la organización. Este documento realizado sobre experiencias de violencia en México, Colombia y Brasil busca ayudar a los periodistas a disminuir los riesgos durante la cobertura periodística.

Texto de la Declaración de Hermosillo:

Declaración de Hermosillo

Hermosillo, Sonora, México
30 de agosto de 2005

Nosotros, directivos de periódicos mexicanos reunidos en el Encuentro de Editores Fronterizos, atestiguamos con creciente alarma el número de asesinatos y agresiones cometidos contra periodistas, especialmente en el norte del país. Muertes y desapariciones de hombres y mujeres de la prensa han colocado a México, durante los últimos meses, en el primer lugar entre los países del continente en este ominoso tema.

Nosotros, profesionales de la información, acompañados en este acto por colegas de la Sociedad Interamericana de Prensa, agrupación hemisférica genuinamente preocupada por esta situación, determinamos alertar a la sociedad sobre el daño que esta violencia criminal causa en el clima de libertades en el país, especialmente en la más preciada de las libertades, de la que se nutren todas las demás: la libertad de expresión.

El impacto de esta violencia, expresado brutalmente al despojar de la vida a estos periodistas; al sustraerlos de sus familias, amigos y colegas, se expresa igualmente en un clima de intimidación que acalla múltiples voces, mutila a la sociedad sus mecanismos de convivencia e impone una muerte lenta a la libertad misma. No es solamente el derecho a la vida lo que resulta cancelado, sino el derecho a la expresión libres de las ideas y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Frente a este problema, el día de hoy hemos acordado una serie de acciones orientadas a defender nuestra misión profesional y a poner de manifiesto ante las comunidades a las que servimos, que cada voz silenciada de un periodista despoja a la sociedad de información clave para consolidar una nación más justa, más libre y verdaderamente democrática.

Este es el primer esfuerzo, igualmente, por hacer coincidir las voluntades de periódicos mexicanos bajo propósitos comunes, con apego a la confianza que la sociedad ha depositado en nosotros. Deseamos mandar un mensaje en el sentido de que trabajaremos juntos en contra del crimen.

En tal inteligencia, acordamos:

1.- Exigimos a las autoridades mexicanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal, esclarecer los crímenes cometidos contra periodistas en México. La impunidad es el mayor aliciente para que estos atentados se repitan. Este reclamo comprende, con toda firmeza, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de que sumen sus capacidades en favor de crear mayores garantías en favor de la libertad de expresión. En este contexto, es preciso elevar a rango federal los crímenes contra los periodistas, y establecer la no prescripción de los mismos, por considerarlos altamente lesivos contra derechos humanos esenciales, no solamente del trabajador de la prensa afectado sino de la comunidad a la que éste sirve.

2.- Determinamos celebrar seminarios regionales para capacitación de periodistas y editores en la cobertura de asuntos de alto riesgo, así como promover entre los diversos sectores de nuestras comunidades la necesidad de defender la vigencia de las libertades y los derechos humanos.

3.- Decidimos integrar un equipo especial de reporteros de investigación para profundizar en las indagaciones periodísticas que realizaban los periodistas victimados. Nos comprometemos a que el producto del trabajo de este equipo especial será publicado en todos los diarios participantes en este esfuerzo.

4.- Impulsaremos en nuestras páginas campañas de educación pública en contra de la impunidad en los casos de periodistas victimados.

5.- Sumaremos a este Encuentro de Editores de la Frontera Norte reuniones similares en el Centro y en el Sur de la República, que alienten a la prensa mexicana en este mismo propósito. Haremos esfuerzos adicionales para sumar al mayor número de periódicos de todo el país. Convocaremos asimismo, a medios electrónicos (radio, televisión e internet) para apoyar esta iniciativa.

FUENTE: nota.texto7