Preocupa a la SIP cualquier esfuerzo legislativo en Estados Unidos que busque penalizar la divulgación de información clasificada
Preocupa a la SIP cualquier esfuerzo legislativo en Estados Unidos que busque penalizar la divulgación de información clasificada
Miami (26 de mayo del 2006).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró hoy su preocupación sobre la posible inclusión de legislación en el Congreso de Estados Unidos que penalizaría las filtraciones de información clasificada en general, al tiempo que respaldó la posición adoptada por dos organizaciones nacionales de periódicos, cuyos argumentos fueron presentados para una audiencia pública legislativa que se realiza este viernes en Washington DC.
El debate cobró fuerza en Estados Unidos el 21 de mayo pasado cuando ante la pregunta de si los periodistas podrían ser juzgados por publicar información reservada, el procurador General de Justicia, Alberto Gonzales, respondió que hay algunos estatutos en los libros que, si se leen cuidadosamente, parecen indicar que esa es una posibilidad. Queda a criterio del Congreso aprobar ese tipo de legislación.
Desde hace varios años la atención de los medios de comunicación estadounidenses y de las organizaciones nacionales e internacionales de prensa se ha centrado en las filtraciones de información reservada y los ataques a la prensa, así como en las amenazas de encarcelamiento de periodistas que protegen sus fuentes informativas cuando son requeridos por las cortes, tal como sucedió con el conocido caso de Judith Miller en el 2005.
La Asociación Americana de Periódicos (NAA, siglas en inglés) y la Asociación Nacional de Periódicos (NNA, siglas en inglés), que objetan el intento de aprobar una ley de secretos oficiales, enviaron una carta a los congresistas Peter Hoekstra, presidente y a Jane Harman, miembro principal del Comité Selecto Permanente para la Inteligencia de la Cámara de Representantes, en la que solicitan que sus argumentos sean considerados en la audiencia pública de este viernes en dicho comité. La audiencia fue convocada para informar al público sobre una importante política pública respecto a la utilización de parte de la prensa de información clasificada no autorizada.
La presidenta de la SIP, Diana Daniels, al sumarse a la posición de la NAA y de la NNA, aseveró que nos preocupa cualquier legislación que fundamentalmente altere la manera en la cual los funcionarios gubernamentales se relacionan con la prensa, la forma en que la prensa busca y difunde la información y la manera en cómo el público conoce sobre su gobierno.
Agregó que históricamente, el papel de los medios estadounidenses en informar al público y asegurar el buen gobierno ha sido apoyado por el acceso a la información pública, incluyendo a aquella de fuentes oficiales, que a veces permanecen anónimas por temor a represalias y que están convencidas que solo mediante la filtración de información, el público estará al tanto de asuntos de interés, tales como el abuso de poder y la corrupción. Sin esa información, el público tendría menos opciones de conocer lo que hace su gobierno y de fiscalizarlo.
El documento de la NAA y de la NNA, al que se puede acceder en español (http://www.sipiapa.com/docto.pdf) concluye con el argumento de que la legislación que penaliza la divulgación o publicación de información confidencial es un anatema para un sistema que pone la soberanía en manos del pueblo. Esa ha sido la visión predominante en los primeros doscientos veinticinco años de existencia de nuestra nación, y no existe una razón convincente para cambiar un sistema que ha funcionado tan bien durante tanto tiempo en lo que respecta a la preservación de la libertad de tantas personas.
Daniels, vicepresidenta de The Washington Post Company, Washington, DC, afirmó que aunque la SIP es respetuosa de los derechos constituciones en materia de soberanía y seguridad nacional, existe un delicado balance entre el derecho del público a saber y la necesidad del gobierno a proteger los secretos. Creemos que la aprobación de una legislación que penalice la difusión de toda información reservada debe ser rechazada por contradecir principios fundamentales de la Primera Enmienda que garantizan la libertad de prensa, y porque contraviene la importancia especial que reviste la prensa libre para la democracia.
IAPA voices concern over any effort in US to introduce
legislationthat would punish disclosure of classified information
Miami (May 26, 2006) -- The Inter American Press Association (IAPA) today voiced its concern over the possible introduction of legislation in the US Congress that would punish the disclosure of classified information generally. At the same time it endorsed views expressed by two national newspaper organizations whose arguments were prepared for a legislative public hearing to take place today in Washington, DC.
The debate was revived in the US on May 21 when Attorney General Alberto Gonzales was questioned as to whether he could prosecute journalists for publishing classified information. His response was that "there are some statutes on the book which, if you read the language carefully, would seem to indicate that that is a possibility. Thats a policy judgment by the Congress in passing that kind of legislation."
In recent years the attention of the US media and national and international press associations has centered on leaks of classified information and attacks on the media, in particular the threat of incarcerating journalists who protect their sources when challenged in court, following the well-publicized case of Judith Miller in 2005.
The Newspaper Association of America (NAA) and the National Newspaper Association (NNA), opposing the need for an "Official Secrets Act", addressed a letter to Representatives Peter Hoekstra and Jane Harman, Chairman and Ranking Member of the House of Representatives Permanent Select Committee on Intelligence, respectively, which asked that their views be presented as part of the record in the Committees public hearing today. The hearing has been called on the medias use of unauthorized disclosures of classified information to inform the public on important public policy matters.
Diana Daniels, IAPA President, stated: "Like NAA and NNA, we are extremely concerned with any legislation that would fundamentally alter the way in which government officials deal with the press, the way in which the press gathers and reports the news, and the way in which the public learns about its government."
She added, "historically, the US medias role in informing the public and ensuring governmental accountability has been supported by access to public information, including that from official sources who sometimes remain anonymous out of fear of reprisals and who are convinced that only through leaks will the public be informed of matters of importance, such as abuse of power and corruption. Without such information the people would be less able to understand what the government is doing and to hold the government accountable."
The NAA/NNA letter, which is available in English at http://www.sipiapa.com/doc.pdf, concludes with the thought that "legislation that criminalizes all disclosures or publication of classified information is an anathema to a system that places sovereignty in the hands of the people. That has been the prevailing view for the first two and one-quarter centuries of our nations existence and there is no compelling reason to change a system that has worked so well for so long to preserve the liberty of so many."
Daniels declared that "even though the IAPA respects the duty of a government to preserve national security, there is a delicate balance between the publics right to know and the need of a government to protect secrets. We feel that the passage of any legislation that punishes the disclosure of classified information generally should be rejected as being in direct contravention of the fundamental principles of the First Amendment with its guarantees of a free press and in contravention of the special importance of a free press to a democracy.
FUENTE: nota.texto7
