IAPA welcomes political will in El Salvador to enact access law, repeal insult law

MIAMI, Florida (May 11, 2007)—The Inter American Press Association (IAPA) today welcomed the outcome of a legislative conference held in El Salvador on May 8 in which political leaders, journalists and members of the three branches of government declared a need for that Central American country to enact a law ensuring access to public records, repeal its insult law and pass legislation to decriminalize libel and defamation.

The keynote speaker at the event, El Salvador’s President Elías Antonio Saca, praised the work of the IAPA and the consensus among various sectors it had achieved that morning, and in a speech rich in declarations about the role of the press in society said that journalists must be watchdogs over politicians, “because if they are not, they leave society defenseless.”

In a clear allusion to problems in Venezuela, where the government continues with its aim of canceling the broadcast license of RCTV television station, President Saca said, “We must keep an eye on governments that are canceling operational licenses and restricting the freedom of news media that point out abuse of power and excesses of the government of the day.”

Saca, a journalist himself who as El Salvador’s chief of state signed the IAPA-sponsored Declaration of Chapultepec in 2004, reaffirmed his pledge to defend press freedom and issued a call to not allow the enemies of liberty to make a mockery of the virtues of the system in order to achieve their political power ambitions that they have been unable to achieve by democratic means. “If we are going to fill the gaps in the law so as to enrich the framework of press freedom, let us also be sure that it is so as to guarantee and consolidate the values of the democratic system,” he declared.

During the IAPA conference, held under the auspices of the McCormick Tribune Foundation, a group of public officials, federal lawmakers, journalists and media editors agreed that legislative reforms are needed to enable expansion of free speech, press freedom and the public’s right to know.

Working groups drew up a document containing a series of recommendations which were delivered to Legislative Assembly President Ruben Orellana and other national congressmen. Orellana and El Salvador Supreme Court Chief Justice Agustín García Calderón signed the Declaration of Chapultepec during a special ceremony, to which the public was invited.

The IAPA was represented by José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica; Enrique Altamirano, El Diario de Hoy; Juan José Borja, El Mundo; Asdrúbal Aguiar, former justice of the Inter-American Human Rights Court and a member of the IAPA Chapultepec Committee; Executive Director Julio E. Muñoz; Press Freedom Director Ricardo Trotti, and Chapultepec Project Manager Sally Zamudio.

Text of the recommendations:

Access to Public Information:

Legislation is needed, the law on governmental ethics being regarded as not sufficient and codification being needed that brings together the various regulations on the matter, concerning protection of personal details (habeas data) and the responsibility of officials. The IAPA presented other recommendations made in Washington, D.C., on May 11, 2004.

Repeal of the insult law and decriminalization of libel and defamation.

Regarding contempt (insult), it remains an offense under criminal law, contrary to international standards and legislative action is therefore needed to eliminate it.

Preferential treatment for public officials is contrary to the principles of equal treatment among citizens and goes against the principle of public scrutiny of government action in a democracy.

The legal protection and interpretation of case law that editors and journalists rely upon in exercising freedom of the press under current law in El Salvador shows gaps and regulatory vagueness susceptible of weakening such protections.

Reform of the relevant criminal law is needed, as is adjustment of civil law to conform with international standards.

Satisfecha la SIP por voluntad política en El Salvador

Para sancionar ley de acceso y eliminación del desacato

El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, aludió en su discurso a RCTV de Venezuela y criticó la posición de “gobiernos que están cancelando concesiones”.

Miami (11 de mayo de 2007). – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su satisfacción por el resultado de una conferencia legislativa realizada el 8 de mayo en El Salvador, en la que líderes políticos, periodistas y miembros de los tres poderes públicos del Estado manifestaron la necesidad de que en ese país se sancione una ley de acceso a la información pública, se elimine el delito de desacato y se precise la legislación en torno a la despenalización de los delitos de difamación.

El orador principal de la jornada, el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, ponderó la actividad de la SIP y el consenso entre diferentes sectores que se había alcanzado durante la mañana, y en un discurso rico en manifestaciones sobre el papel de la prensa en una sociedad, dijo que los periodistas deben criticar a la clase política, “pues si no lo hacen dejan a la sociedad indefensa”.

En clara alusión a los problemas en Venezuela donde el gobierno de aquel país continúa con su tesitura de cancelar la licencia de la televisora RCTV, el presidente Saca dijo que “debemos poner atención a los gobiernos que están cancelando concesiones de operación y restringiendo las libertades a los medios de prensa que señalan los abusos del poder y los excesos del gobernante de turno”. 

El presidente Saca, periodista de profesión y quien firmó la Declaración de Chapultepec en el año 2004, reafirmó su compromiso como defensor de la libertad de prensa e hizo un llamado a no permitir que los enemigos de las libertades burlen las virtudes del sistema para alcanzar los propósitos de poder político que no han podido alcanzar por la vía de los mecanismos democráticos. “Si vamos a llenar los vacíos de ley para enriquecer el marco de libertades periodísticas, asegurémonos también que sea para garantizar y consolidar los valores del sistema democrático”, subrayó.

Durante la conferencia de la SIP, bajo el auspicio de la Fundación McCormick Tribune, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales, jueces, periodistas y directores de medios de comunicación tuvo consenso para concluir que son necesarias reformas legislativas que permitan la expansión de las libertades de expresión, de prensa y el derecho del público a la información.

Los grupos de trabajo elaboraron un documento con una serie de recomendaciones que fueron entregadas al presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Orellana, y a otros legisladores nacionales. Orellana, así como el presidente de la Corte Suprema de El Salvador, Agustín García Calderón, firmaron la Declaración de Chapultepec durante una ceremonia especial, a la que también fue invitado el público general.

La SIP estuvo representada por José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica; Enrique Altamirano, El Diario de Hoy; Juan José Borja, El Mundo; Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Chapultepec de la SIP; Julio E. Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa y Sally Zamudio, gerente del Proyecto Chapultepec.

Texto de las recomendaciones:

Acceso a la Información Pública

Se hace necesaria una legislación, al no considerarse suficiente la ley de ética gubernamental, y por ser necesaria una codificación que reúna las disposiciones dispersas sobre la materia. Consideraciones sobre la protección de los datos personales (habeas data) y la responsabilidad de funcionarios. La SIP entregó otras recomendaciones realizadas en Washington, D.C., el 11 de mayo del 2004

Eliminación del delito de desacato y despenalización de los delitos de injurias y calumnias

En referencia al delito de desacato sigue previsto en la legislación penal, contrariando los estándares internacionales, por lo que se hace necesaria una acción legislativa para su eliminación.

El tratamiento preferente para el funcionario público es contrario a los principios del trato igual entre los ciudadanos y afecta el principio del escrutinio por la opinión pública de la vida gubernamental en una democracia.

 La protección legal y la interpretación jurisprudencial con la que cuentan los editores y periodistas para el ejercicio de la libertad de prensa en la actual legislación salvadoreña advierte lagunas e imprecisiones normativas susceptibles de debilitar tal protección.

Es necesaria la reforma de la legislación penal correspondiente y el ajuste de la legislación civil de acuerdo con los estándares internacionales.

FUENTE: nota.texto7