La SIP observa disputa legal sobre la propiedad del periódico más antiguo del Ecuador
La SIP observa disputa legal sobre la propiedad del periódico más antiguo del Ecuador
Miami (4 de junio de 2007).-- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó que observará de cerca el conflicto legal entre los accionistas privados y estatales del diario El Telégrafo de Ecuador, a la espera de que la disputa proceda en un ambiente de transparencia y ajustada a debido proceso.
El director de El Telégrafo, Carlos Navarrete Castillo, quien asumió funciones en 2002 y es descendiente de los fundadores del diario de 123 años, denunció prácticas irregulares por parte del Estado que según dijo, buscaría despojar a los accionistas privados de la propiedad, anulando varios aumentos de capital realizados en 2002, 2004 y 2007 que le habrían otorgado la mayoría accionaria.
Por su parte, el ente oficial regulador, Superintendencia de Compañías, emitió una resolución que deja sin efecto aquellos aumentos de capital, y devuelve la mayoría accionaria a la entidad estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). El Estado ecuatoriano, a través de esta agencia, incautó el diario, después de intervenir en la década pasada los bienes del banquero Fernando Aspiazu, el mayor accionista en aquel entonces, que fue condenado a prisión por estafa, por irregularidades en el desaparecido Banco del Progreso de su propiedad.
Ambos grupos disputan la validez de sus actos. Navarrete argumenta que el aumento de capital fue para salvar al periódico de la bancarrota y acusa al Estado de abuso de poder y querer apoderarse de un medio de comunicación. La Superintendencia aduce la ilegalidad del aumento de capital, un monto cercano a los 700 mil dólares, con el que se habría cambiado el esquema permitiendo a los accionistas privados pasar de menos del 20 por ciento a más del 80 por ciento de las acciones.
La SIP, a través de su presidente Rafael Molina y del titular de la Comisión de Libertad de Prensa, Gonzalo Marroquín, indicó que, respetuosa del trabajo de la Justicia, espera que el conflicto legal se realice con total transparencia y se ajuste a debido proceso.
Las autoridades de la SIP, ante declaraciones de funcionarios que manifestaron la intención de que el Estado se quede con la propiedad del periódico, agregaron que, en ese caso, el gobierno debería abrir un proceso de licitación pública ajustada a ley para evitar contradicciones con principios internacionales que rigen la libertad de expresión y de prensa.
IAPA to keep watch on legal dispute over ownership of Ecuadors oldest newspaper
MIAMI, Florida (June 4, 2007)The Inter American Press Association (IAPA) said today that it will keep a close watch on the legal battle between private and official shareholders of the Ecuadorean newspaper El Telégrafo in the hope that the dispute will be conducted transparently and according to due process.
Carlos Navarette Castillo, the papers editor since 2002 and a descendant of the founders of the 123-year-old newspaper, complained that the government invalidated capital infusions made in 2002, 2004 and earlier this year in an attempt to strip the private shareholders of their subsequent majority ownership position.
The official regulatory body, the Office of Superintendent of Corporations, issued an edict reversing the capital increases and restored a majority shareholding to the national Deposits Guarantee Agency (AGD). Through this agency the Ecuadorean government, began managing the newspaper a decade ago after freezing the assets of banker Fernando Aspiazu the largest single shareholder of the newspaper at the time and currently in jail on charges of fraud in connection with the now defunct Banco del Progreso.
The two parties dispute the validity of the governments action. Navarrete argues that the increase in capital was made to save the newspaper from bankruptcy and accuses the government of abuse of power and wanting to take control of a news outlet. The Office of Superintendent claims the capital infusion the equivalent of $700,000 was unlawful and if upheld would have raised the private shareholder from 20% to more than 80% of outstanding stock.
The IAPA, through its president, Rafael Molina, and chairman of the Committee on Freedom of the Press and Information, Gonzalo Marroquín, declared that while respecting the role of the judiciary it hoped the legal conflict would be conducted with complete openness and observance of due process.
IAPA officers, in response to statements by local officials that the intent is for the government to end up without right ownership of the newspaper, added that the government should call for public bids as dictated by law in order to avoid contradicting international principles that govern freedom of expression and press freedom.
FUENTE: nota.texto7
