El pasado 11 de junio la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa citó al director de La Nación, Eduardo Ulibarri y a los periodistas Berlioth Herrera y Giannina Segnini, para ser interrogados sobre la publicación de un reportaje el pasado 1 de junio, al tiempo que solicitó al diario las grabaciones de entrevistas y la documentación sobre los que se basó el artículo periodístico. En el mismo se revelaron vínculos comerciales entre un líder del cartel de Cali y un ciudadano colombiano, accionista de una empresa donde el actual presidente del órgano legislativo, Luis Fishman, también tuvo participación.
El diputado negó ante la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico, encargada de analizar este tipo de casos, que supiera de los vínculos entre ambos sujetos. Por su parte, los periodistas comparecieron a la citación donde no se les permitió responder al interrogatorio de forma conjunta y estuvieron sometidos a la vigilancia de custodios mientras duró el cuestionamiento.
En una carta enviada a Fishman, titular de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Danilo Arbilla, destacó que "resulta extraño que se haya interrogado al director de La Nación y a los periodistas (...) bajo normas de procedimiento penal y con vigilancia en un recinto legislativo, cuando no se les ha acusado de delito alguno, en cuyo caso este asunto debería corresponder a los tribunales ordinarios de justicia".
Arbilla, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, manifestó que "en consideración de los principios de libertades y garantías individuales como de libertad de expresión contenidos en diferentes tratados internacionales de los que Costa Rica es signatario, el procedimiento de la Comisión es notablemente contraria a esos tratados y no coincide con la rica la tradición democrática de su país".
La misiva llama también la atención sobre el hecho de que la comisión legislativa se haya centrado en los periodistas y no sobre el contenido del artículo en cuestión y rechaza el pedido de información a La Nación por cuanto Arbilla considera que "se quiebran normas de confidencialidad periodística toda vez que los informadores tienen el derecho de resguardar sus fuentes de información".
Finalmente, Arbilla reafirmó la protesta de la SIP contra el procedimiento legislativo y aseveró que la institución aspira a que los argumentos mencionados "sirvan para evitar acciones similares contra otros medios y periodistas, a fin de resguardar la libertad de prensa y el derecho del público a la información".
FUENTE: nota.texto7
