20 febrero 2001

SIP RECHAZA DISTURBIOS FRENTE A INSTALACIONES DE DIARIO EN GUATEMALA

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Miami (21 de febrero del 2001).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envío hoy una misiva al presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, en la que requirió que se investigue una manifestación violenta de seguidores del partido de gobierno frente al diario elPeriódico y también las amenazas proferidas por un funcionario de su gabinete contra dos conocidos directores de medios de comunicación.

A continuación, la carta firmada por el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, Búsqueda, Montevideo, Uruguay y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Rafael Molina, Ahora, Santo Domingo, República Dominicana.

Sr. Presidente:

La Sociedad Interamericana de Prensa manifiesta su preocupación y solicita una investigación exhaustiva a su Gobierno en torno a los disturbios registrados el martes 20 de febrero frente al diario elPeriódico por un grupo de manifestantes que protestó violentamente produciendo hechos vandálicos y amenazó la integridad física de los trabajadores.

No hubiésemos acudido a Usted Sr. Presidente, si se tratara de un hecho simple de violencia, pero las denuncias presentadas ante la SIP dan cuenta de que los manifestantes se identificaron abiertamente con el partido de gobierno, Frente Republicano Guatemalteco, y, especialmente, para respaldar al ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé, cuya gestión ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades por el diario en cuestión. La denuncia también da cuenta de veladas amenazas que el ministro habría proferido en un programa televisivo contra los directores de los diarios elPeriódico y Prensa Libre, Rubén Zamora y Gonzalo Marroquín, respectivamente.

Sr. Presidente, la SIP considera que la libertad de expresar las opiniones es un derecho inalienable de los pueblos que no debe ir acompañado por la intención de imponer sus ideas, ni de coartar ni restringir el derecho de los medios de comunicación a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Es justamente el Estado el que debe proteger este derecho humano y garantía constitucional, por lo que nos preocupa que sea un funcionario el que pudiera estar agrediendo estos conceptos.

Sabiendo de sus convicciones democráticas y su irrestricto respeto a la libertad de expresión y de prensa, confiamos en que se investigarán estos hechos y se deslindarán responsabilidades.

Atentamente,

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