Diana Daniels, The Washington Post Company, Washington, D. C., presidenta del comité ejecutivo de la SIP y Rafael Molina, Ahora, Santo Domingo, República Dominicana, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y también el vicepresidente primero Robert Cox, The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur, se unieron al reclamo que esta semana hizo el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, Búsqueda, Montevideo, Uruguay, sobre que el nuevo impuesto del 21% es una medida regresiva y discriminatoria contra la prensa escrita.
Los máximos organismos de la SIP se encuentran en "estado de alerta" y estudian el envío de una misión a la Argentina. Un pedido de audiencia previo enviado al ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue referido al secretario de Ingresos Públicos, José María Farré, según respuesta recibida en la sede de la organización en Miami el 3 de abril pasado.
La SIP considera que este nuevo impuesto atenta contra la libertad de prensa, el derecho del público a la información y afecta la pluralidad informativa por cuanto encarecería el precio de los periódicos restringiendo aún más su circulación en tanto la publicidad ha sido gravemente afectada por la recesión económica. Además, esta carga impositiva es una coerción directa al derecho a la información por cuanto reduce la capacidad de los ciudadanos de acceder a una prensa variada y libre, a través de cuya pluralidad se garantiza un control riguroso de los actos de gobierno, permitiendo así un mejor seguimiento de sus mandantes.
FUENTE: nota.texto7
