El periódico La Razón, de La Paz, publicó notas sobre los beneficios y gastos de los diputados y sobre el incremento del presupuesto de la Cámara Baja, cuya difusión había incomodado a los legisladores, quienes emitieron el pasado 12 de diciembre una declaración unánime en la que condenan “la campaña de desprestigio que efectúa La Razón” y rechazan “la manipulación de información interesada en contra del prestigio del Poder Legislativo”.
En una misiva enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Guido Añez Moscoso, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Rafael Molina, lamentó la decisión y expresó su confianza de que ese cuerpo legislativo no limite el derecho del público a la información.
A continuación el texto íntegro de la carta:
“Sr. Presidente:
En representación de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, organización hemisférica que agrupa a más de 1.300 publicaciones escritas, deseo expresarle nuestra preocupación por la reciente declaración de condena aprobada por la Cámara de Diputados contra el diario La Razón, por la publicación de información que consideramos es de interés público.
Entendemos que la declaración calificando al periódico de mantener una campaña de desprestigio contra el Poder Legislativo por haber publicado información de índole pública, fue una medida exagerada que transgrede los principios de libertad de expresión y de prensa que tienen como principal objetivo garantizar el derecho del público a recibir información.
La publicación de información concerniente a los funcionarios públicos en los medios de comunicación es de interés de todos los ciudadanos y no debe ser considerada como “manipulación de información interesada”. En todo caso, hubiese correspondido a la Cámara de Diputados una aclaración sobre las versiones periodísticas pero no una declaración de rechazo que sienta un precedente negativo en su país.
La Declaración de Chapultepec, documento hemisférico sobre libertad de prensa y expresión, indica que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente” y resalta que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
Lamentando la decisión y a la espera de que el Poder Legislativo no emita acciones corporativas que puedan coartar el derecho del público a la información.”
FUENTE: nota.texto7
