Miami (10 de enero del 2003) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró
hoy como discriminatoria y un grave atentado a la libertad de prensa la decisión
del gobierno de la provincia Argentina de Neuquén que dispuso la eliminación
de toda la publicidad que los organismos del Estado mantenían con el diario
Río Negro, en represalia por la difusión en el periódico
de información de interés público.
En una misiva enviada a Jorge Sobisch, gobernador de la provincia de Neuquén,
ubicada al sur de Argentina, Rafael Molina, presidente la Comisión de
Libertad de Prensa e Información de la SIP expresó que "lamentamos
que las autoridades provinciales hayan utilizado recursos de la hacienda pública,
en este caso la publicidad oficial, como instrumento para sancionar a un medio
de comunicación independiente por su línea informativa, decisión
que al limitar el derecho de los ciudadanos de acceder a información
sin ataduras, es incompatible con la libertad de expresión y debe estar
prohibida por la ley". Agregó que es claro que el gobierno trata
de disminuir la capacidad operativa del diario.
El diario Río Negro, el de mayor circulación en las provincias
de Río Negro y Neuquén, publicó información difundida
en un canal de televisión de Buenos Aires y otros medios nacionales y
regionales sobre un presunto intento de soborno que, entre otros, involucraba
al gobernador Sobisch. El retiro de la publicidad oficial del periódico
ocurrió días después de la difusión a principios
de diciembre de la denuncia que incluso motivó manifestaciones populares
solicitando la renuncia de los funcionarios.
Molina, director de la revista dominicana Ahora manifestó también
la preocupación de la SIP en torno a "las declaraciones amenazantes
y la campaña de desprestigio desatada contra el diario Río Negro
por algunos funcionarios de la administración pública, así
como otros actos de presión como por ejemplo el escaso acceso a la información
relacionada con el estatal Banco Provincia del Neuquén desde el año
pasado, en aparente represalia por la política editorial".
Finalmente Molina solicitó al gobernador a que por su intermedio "se
rectifique cualquier acción de los organismos del estado provincial que
vulneren el ejercicio de la prensa libre y que se restablezca la distribución
de la publicidad estatal con criterios técnicos, como establece en su
séptimo principio la Declaración de Chapultepec al expresar que
"las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la
importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de
frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión
de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o
periodistas".
