La SIP pide a la OEA que descalifique al presidente de Venezuela Hugo Chávez

Esta resolución de la SIP se basó en el informe de libertad de prensa de Venezuela que se adjunta y también en los siguientes considerandos: “que existe una profunda preocupación por las agresiones del gobierno venezolano contra los medios informativos, con la finalidad de cerrarlos o asfixiarlos; que es absolutamente imposible la existencia de un sistema político democrático sin diarios y emisoras libres, independientes del poder y capaces de resistir coacciones y amenazas; que la libertad de expresión es el sustento de todas las libertades de la persona y la sociedad; y que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA señala: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho…””.

VENEZUELA
La libertad de prensa y de expresión está severamente coartada, no porque se haya aplicado una censura previa por parte de las autoridades, sino por las consecuencias y riesgos inevitables a que se expone quien disienta del parecer oficial y lo manifieste públicamente. Ello, en todo caso, ha conducido a la autocensura de algunos medios, resultado de las reiteradas amenazas, lo cual es quizá de igual o mayor gravedad que la propia censura.
Los acontecimientos del último año pueden caracterizarse como parte de un proceso sistemático dirigido a controlar el contenido de lo que se difunde a través de los medios de comunicación social, a controlar el tipo de información que la sociedad tiene derecho a recibir y, en último término, a coartar la libertad de expresión. Los primeros años del gobierno de Hugo Chávez tampoco han sido fáciles; pero este período según lo anunciado por el Presidente, en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional (del 17 de enero de 2003), será el año de la batalla mediática. El pretexto sigue siendo el mismo: exigir que se difunda la verdad, que obviamente debe corresponder con la verdad oficial.
Las agresiones se han acentuado contra periodistas y medios de comunicación. El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, que ha hecho indispensable para profesionales de la prensa el porte de chaleco antibalas y máscara antigás. Aun así, más de un centenar de periodistas ha resultado lesionado, y un reportero gráfico muerto mientras cubría los sucesos del 11 de abril de 2002.
Es importante hacer notar que, cuando el gobierno no se atreve a hacerlo por sí mismo, lo hace por medio de sus llamados círculos bolivarianos. Esos grupos violentos no sólo han agredido físicamente a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, sino que han destrozado sus equipos e incendiado vehículos de los medios de comunicación social. También exhiben pancartas dirigidas a intimidarlos, individualizando a sus propietarios y directores, señalándolos como enemigos de la patria, mercaderes del terror, y fabricantes de mentiras, tildándolos de golpistas. Recientemente en Colombia el canciller venezolano acusó a los periodistas de estar fraguando el asesinato del primer magistrado, para hacer a los medios blanco fácil y propicio del odio del sector social que apoya al presidente Chávez.
Estos hechos han obligado a periodistas y medios de comunicación a buscar la protección de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales han dispuesto medidas cautelares y provisionales para garantizar la vida, integridad física, y el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, esas medidas no han sido debidamente acatadas, lo que ha generado reiterados pronunciamientos por parte de ambos órganos, que condenan la actitud del gobierno en relación con sus disposiciones e irrespeto a libertad de prensa.
Debe subrayarse que, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución de Venezuela, el Estado está obligado a adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales creados por los tratados de derechos humanos y ratificados por la República. Sin embargo, aunque esta disposición compromete no sólo al Ejecutivo, sino a los demás órganos del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia se ha abstenido de dictar las medidas indispensables para que se acaten fielmente los dictámenes de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar en este particular que fue precisamente la sentencia 1013, de 12 de junio de 2001, la que proporcionó los elementos teóricos indispensables para restringir la libertad de expresión, y dichos criterios han servido de base para muchas de las acciones que se están emprendiendo ahora en contra de la libertad de expresión.
Además de algunas acciones judiciales en contra de periodistas este año, el gobierno de Venezuela ha iniciado procedimientos administrativos en contra de cinco estaciones de televisión. Juicios originados por reportajes fieles de lo manifestado por diversas personalidades, incluidos miembros de la Asamblea Nacional, en relación con los sucesos del 11 de abril de 2002 y hechos posteriores. También se les quiere sancionar por difundir lo manifestado por oficiales de la Fuerza Armada Nacional, que habían sido citados a prestar declaración ante la Asamblea Nacional, y a quienes el Tribunal Supremo de Justicia los exoneró de culpabilidad alguna. Con estas actuaciones, además de amedrentar con el cierre temporal de canales de televisión, se desconoce el sitio preponderante que ocupa la doctrina del reporte fiel en el ejercicio de la libertad de prensa, se pretende intimidar de manera general a todos los medios de comunicación social, incluida la prensa escrita, para controlar el tipo de información que éstos puedan difundir y orientar por una sola vía a la ciudadanía.
En su afán por coartar la libertad de expresión el Presidente ha insistido reiteradamente en que ninguna libertad es absoluta. Curiosamente, mientras periodistas y dueños de los medios de comunicación jamás olvidamos que la libertad de expresión tiene ciertas limitaciones y pudiera ser sometida a restricciones legítimas, el presidente Chávez omite que, según el Art. 337 de la Constitución, la libertad de información es un derecho intangible, que no puede suspenderse ni aun en casos de estado de excepción.
Este año, el Gobierno ha propiciado iniciativas que concurren en la censura previa, al imponer medidas punitivas, que tienen el efecto de operar como mecanismo inhibitorio para impedir la difusión de determinadas informaciones e ideas. Entre éstas, debe mencionarse el Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que contempla la creación de un Consejo de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social, configurado por individuos de comunidades, barrios o parroquias, encargados de velar por la veracidad e imparcialidad de las informaciones difundidas.
También existe el Proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que, con el pretexto de proteger a la infancia, tiene el propósito de impedir la crítica política. Son disposiciones que dejan amplio margen para la arbitrariedad, y que serán aplicadas por un ente completamente manejado por el Poder Ejecutivo, y tratará de impedir toda denuncia o crítica política. Un proyecto que sanciona como infracción muy grave y merecedora de multas abultadas o suspensión y clausura del medio, la difusión de mensajes que promuevan o inciten al incumplimiento del ordenamiento jurídico, aunque tal conducta no constituya delito.
Asimismo, ignorando el precedente de The New York Times vs. Sullivan, que estableció principios hoy ampliamente reconocidos en materia de libertad de expresión, y desconociendo reiteradas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se señala que las leyes de desacato o vilipendio son incompatibles con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el proyecto en discusión define como una infracción muy grave el difundir mensajes que promuevan o inciten al irrespeto de las instituciones y de autoridades como el Presidente de la República, ministros de Estado, diputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo, Fiscal General o Contralor General de la República. Ya que a los medios de comunicación nunca se les será permitido ser los guardianes de la libertad.
La severa crisis económica por la que atraviesa Venezuela ha obligado al gobierno a adoptar un control de cambio que, desde enero pasado, ha impedido el acceso de todos los venezolanos a las divisas indispensables para realizar sus importaciones y pagos por servicios en el exterior. Sin embargo, el propio Presidente ya ha anunciado que ese control de cambios se utilizará como herramienta para premiar y castigar. Chávez anunció que no habrá dólares para los golpistas, o para las empresas que se sumaron al paro nacional que se desarrolló entre el 2 de diciembre pasado y el 2 de febrero de este año. De otra parte, el Presidente ha afirmado que la importación de papel para periódicos no es una prioridad y ello constituirá un medio utilizable para restringir la libertad de expresión, lo que está prohibido explícitamente por el Art. 13 N° 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estas acciones forman parte del contexto de la guerra que declaró el gobierno de Venezuela en contra de las ideas, y particularmente de las ideas políticas de quienes se oponen al actual régimen. Ello explica los ataques contra la prensa, los autos de detención en contra de numerosos dirigentes políticos de la oposición, y el acoso al que se ha sometido a universidades públicas y privadas, incluida la amenaza de intervención de algunas.