Conclusiones de la SIP resaltan las principales violaciones a la libertad de prensa durante el semestre

a) El asesinato, la agresión y la amenaza contra la integridad física de los periodistas y sus fuentes es todavía la principal preocupación en el Continente.
En Colombia, la violencia de los grupos irregulares causó cinco muertes de periodistas en el último semestre, dos de ellas por razones de oficio y otras tres cuyos móviles no han sido esclarecidos. Nueve periodistas fueron secuestrados, 69 sufrieron amenazas y tres se expatriaron temiendo por sus vidas. Además, cuatro medios de comunicación fueron blanco de atentados con bombas.
En Haití, las amenazas obligaron a cuatro periodistas a expatriarse y causaron el cierre de una estación de radio.
A esas expresiones de violencia se suma la agresión física contra periodistas durante la celebración de manifestaciones, protestas y reuniones políticas por parte de turbas afectas a los gobiernos o partidos.
Incidentes de este tipo ocurrieron este semestre en Venezuela, Cuba, Bolivia, El Salvador y Haití.
b) El problema de la detención y encarcelamiento de periodistas tiene en Cuba el ejemplo más dramático. Allí, la represión oficial del periodismo independiente culminó, en las últimas semanas, con la detención de una veintena de informadores que se suman a los que ya han sido condenados o están en espera de juicio.
Durante este semestre también hubo detenciones de periodistas en República Dominicana y México, aunque por períodos breves.

c) La violencia verbal desde el poder político en ocasiones pasa de la descalificación moral y el insulto para transformarse en una verdadera instigación al linchamiento de periodistas y a la agresión contra los medios de comunicación.
Las manifestaciones más preocupantes de este fenómeno durante el último semestre ocurrieron en Cuba y Venezuela.
En Cuba, el gobierno tildó a los periodistas independientes de “fuerza mercenaria” y los comparó con los grupos participantes en la invasión de Bahía de Cochinos. Al calor de esa retórica, los periodistas independientes sufren “actos de repudio” celebrados frente a sus casas por grupos de ciudadanos que actúan instigados por el gobierno.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez declaró que el 2003 será el año de la “batalla mediática” y calificó a los representantes de importantes medios de comunicación como “jinetes del Apocalipsis”. Para enardecer a la opinión pública, el Canciller acusó a la prensa de fraguar el asesinato del mandatario. El efecto del lenguaje oficial puede verse en la reacción de los Círculos Bolivarianos, que agreden a los periodistas, destruyen sus equipos e incendian sus vehículos. La situación llega al extremo que los periodistas ya incorporaron el chaleco antibalas a su equipamiento básico.
Asimismo, destacan los severos ataques de altos funcionarios guatemaltecos contra la prensa.
Aunque con menor intensidad que en los casos extremos de Cuba y Venezuela, los ataques verbales contra la prensa también son frecuentes en Bolivia y República Dominicana.
d) También es fuente de preocupación el acoso judicial al amparo de leyes obsoletas y restrictivas de la libertad de prensa.
En Brasil, la intervención de los tribunales propició varios casos de censura previa. En Cuba y Venezuela, los tribunales son utilizados con clara intención represiva. En el primero de esos países, los periodistas independientes enfrentan la amenaza de condenas de hasta veinte años de prisión y sus medios son confiscados y censurados sin mayor trámite, como ocurrió el 18 de marzo con la revista “De Cuba”.
El acoso judicial también se hace sentir en Argentina, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, México, República Dominicana y Uruguay.
e) En algunos países, en lugar de esfuerzos para ampliar la libertad de prensa, existen nuevas leyes y proyectos de ley que la restringen.
Durante el último semestre, la amenaza de nuevas leyes regresivas para la libertad de prensa asomó en Venezuela, Chile, Brasil y Colombia. También hay preocupación en los Estados Unidos, donde nuevas disposiciones puestas en práctica en el marco de la guerra contra el terrorismo restringen el acceso a las fuentes de información.
f) Este semestre, las presiones fiscales y económicas ejercidas por los gobiernos se manifestaron con especial crudeza en Venezuela, donde el sistema de control de cambio de divisas pone en peligro la importación de insumos para los medios de comunicación.
El fenómeno también se advierte en Guatemala, donde los funcionarios de Hacienda hostigan a los medios con constantes auditorías, y en Nicaragua, donde las facilidades fiscales con que cuentan los medios de comunicación fueron puestas en entredicho.
En Uruguay existe un importante debate sobre las políticas que guían la pauta de publicidad oficial en los medios de comunicación.
g) Pese a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 1986 zanjó el debate sobre la colegiatura obligatoria de periodistas, el problema persiste en varios países.
La colegiatura obligatoria existe, entre otros países, en Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela. En Nicaragua hay un recurso de inconstitucionalidad pendiente contra la ley que dispone la obligación de colegiarse. En Panamá, el Poder Ejecutivo se negó a sancionar una ley que establecía la colegiatura obligatoria.
h) Frente a las violaciones de la libertad de prensa, surge una esperanza de
mejoramiento generalizado mediante la intervención de los organismos del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
En Venezuela, la Corte Interamericana dictó medidas provisionales que salvaguardan la libertad de prensa. Aunque el gobierno venezolano no ha acatado esas disposiciones, es innegable que constituyen un fuerte apoyo al periodismo independiente en el país.
En Costa Rica, la Corte dictó, con mayor fortuna en cuanto al acatamiento, medidas provisionales que salvaguardan los derechos del periodista Mauricio Herrera y el diario La Nación. Además, la Corte pronto comenzará a estudiar el caso de ese periodista para resolverlo en una sentencia que podría establecer parámetros de validez continental en materia de libertad de prensa.