Miami (1 de mayo del 2003) – Al tiempo de sentenciar que en Venezuela no
se brindan las garantías necesarias para que haya libertad de prensa, la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó a los legisladores venezolanos
la revisión de dos proyectos de ley que representan graves limitaciones
para el ejercicio periodístico mediante cláusulas que establecen
castigo para quienes critiquen a los funcionarios públicos y la creación
de mecanismos populares para vigilar y controlar el contenido de los medios de
comunicación.
El pedido se originó el martes pasado durante la celebración
en Caracas de un foro público sobre libertad de expresión que
la SIP calificó de “emergencia”, ya que tuvo por objetivo
trasladarse a ese país para analizar varios proyectos de ley que coartan
el ejercicio periodístico y para rechazar la situación de violencia
contra periodistas y medios de comunicación, “generada por una
estrategia global del gobierno que pretende coartar la libertad de prensa anteponiendo
la ‘verdad oficial’ a cualquier forma de expresión pública”,
como lo manifestó el presidente de la SIP, Andrés García.
Ante un auditorio de más de 300 personas, García dijo que “nos
ha movilizado (esta es la quinta vez que una delegación internacional
de la SIP se destaca en Venezuela en los últimos dos años) el
constante deterioro de la libertad de prensa, como consecuencia de una estrategia
en diferentes frentes que desde hace años conduce el gobierno”.
En ese sentido, Asdrúbal Aguiar, jurista venezolano, asintió
sobre la estrategia global del gobierno y en un análisis pormenorizado
del Proyecto de Ley Sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
comúnmente denominado “Ley de Contenidos”, dijo que ese marco
está más alejado de ser una regulación técnica para
el sector como debiera ser, para inmiscuirse en el contenido de los medios y
políticas editoriales, permitiéndose la censura y penalizando
a aquellos periodistas que critiquen a los funcionarios públicos, creando
en la práctica una ley de desacato o insulto.
A su tiempo, Aguiar y los demás panelistas, rechazaron también
el contenido de otra legislación, el proyecto de Ley Orgánica
de Participación Ciudadana, que crea un Consejo de Vigilancia de los
Medios de Comunicación Social. La SIP analizó que estos consejos
de vigilancia, sumados a los que establece la “Ley de Contenidos”
y a los tribunales populares con los que se trataba de juzgar a directores de
medios en las plazas públicas, además de la insistencia del gobierno
de que los medios se autoimpogan códigos de conducta, son una evidencia
palpable de la “vocación de un gobierno autocrático que
busca vigilar y controlar la libertad del público a recibir información
por los canales que considera más convenientes”.
Los dos proyectos de ley fueron aprobados en primera discusión en la
Asamblea Nacional.
Por su parte, otro panelista, el jurista venezolano, Pedro Nikken, dijo que
“Venezuela no puede mantenerse en desacato”, en referencia a la
falta de acatamiento del Estado a las medidas cautelares dictadas por el Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que demandan acción e investigación
sobre un gran número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
El presidente de la SIP, García, pidió públicamente a
las autoridades que no quede impune el crimen del fotógrafo Jorge Tortoza
ocurrido el 11 de abril del 2002 y las cientos de agresiones a periodistas y
medios en los últimos cuatro años. “La única forma
de acabar con la violencia es que la justicia se imponga a la impunidad”.
Sobre la “situación de desacato” de Venezuela, Nikken dijo
que el país tiene que respetar los tratados internacionales que firmó.
“La CIDH ha presentado numerosas denuncias ante la Asamblea General de
la OEA sobre situaciones como las que se viven en Venezuela y la historia demuestra
que la insistencia de estos órganos ha rendido sus frutos y los infractores
se han visto obligados a rectificar”, dijo Nikken en alusión al
gobierno de Alberto Fujimori en Perú que desconoció a la CIDH
por una situación similar.
Raúl Kraiselburd, presidente del Instituto de Prensa de la SIP y expresidente
de la institución, sentenció que es una hipocresía señalar
que en Venezuela existe libertad de prensa. “Esta es una situación
muy clara – dijo Kraiselburd – en un país donde los periodistas
tienen que armarse de valentía y coraje para poder informar, donde hay
hechos de violencia casi a diario en contra de los medios, donde se incentiva
a las masas a linchar a los periodistas, donde se los ‘ajusticia’
popularmente, quiere decir que estamos frente a situaciones similares del autoritarismo
del siglo XVIII, y entonces no se puede hablar de libertad de prensa. En Venezuela
eso no existe”.
En referencia al control de cambio que impide a los directores de publicaciones
escritas tener los recursos en dólares para la importación de
papel y otros insumos, así como para que los medios televisivos puedan
continuar con programaciones extranjeras, Kraiselburd dijo que “Venezuela
está retrocediendo en el tiempo” a épocas pasadas como de
los 50 en Argentina, los 70 de México y los 80 de Nicaragua cuando los
gobiernos autocráticos imponían premios y castigos para los medios
de comunicación.
Otro panelista, el abogado constitucionalista argentino, Gregorio Badeni, coincidió
que en Venezuela no están dadas las garantías necesarias para
que haya libertad de prensa y, por ende, el sistema democrático se ve
debilitado. También se refirió a los estándares que marca
la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión, que
sirvió de marco para la realización del foro de emergencia.
La SIP fundamenta que no hay libertad de prensa en Venezuela porque no se cumple
con los 10 principios básicos sobre libertad de expresión y de
prensa que deben garantizar los estados democráticos, según establece
la Declaración de Chapultepec, considerada como una carta magna en la
materia desde que fue acordada y redactada en 1994.
Por su parte, Edward Seaton, expresidente de la SIP, dijo que el Estado venezolano
debería preocuparse menos por dictar leyes restrictivas para la prensa
y esforzarse más por la transparencia gubernamental.
Seaton puso énfasis en que Venezuela necesita una ley de acceso a la
información gubernamental que permita a los ciudadanos tener las herramientas
necesarias para saber qué hacen y cómo trabajan la cosa pública
sus dirigentes. Remarcó que para que haya verdadera democracia es necesaria
la transparencia en la información gubernamental. Dio el ejemplo de países
latinoamericanos que ya adoptaron medidas similares como México, Panamá
y Perú, aunque reparó que todavía esas leyes no están
en plena ejecución.
Por su parte, Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP, anunció
en el foro, tras dirigir un amplio debate entre los panelistas y la audiencia,
compuesta por un gran número de estudiantes universitarios, que la SIP
tiene planificado desarrollar este año talleres de entrenamiento para
periodistas y otros foros en el interior del país, donde también
se hace sentir la violencia y la necesidad de actualización sobre libertad
de prensa.
La delegación de la SIP estuvo tres días en Venezuela. Además
de entrevistarse con periodistas y directores de medios en Caracas, se trasladó
al interior del país para visitar a los diarios El Siglo en Maracay,
estado de Aragua y a La Voz y La Región, en Guarenas, estado de Miranda.
La SIP recibió denuncias sobre agresiones violentas y legales y mantuvo
reuniones con los periodistas en las salas de Redacción para intercambiar
opiniones sobre la situación de la libertad de prensa en esas comunidades.
FUENTE: nota.texto7
