Miami (20 de junio del 2003) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
confía en que la Corte Constitucional de Colombia garantizará la
libertad de prensa y rechazará un proyecto de ley que obligaría
a los periodistas de ese país a estar registrados como profesionales y
a poseer un título universitario.
Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información,
dijo que la organización hemisférica apoya todo intento de profesionalización,
pero se manifiesta contraria a que los periodistas estén obligados a estar
colegiados o a que se les exija ser graduados en Periodismo.
Molina, director de la revista dominicana Ahora, recordó que tanto la
Declaración de Chapultepec en su artículo 8 y la Declaración
de Principios sobre la Libertad de Expresión en su artículo 6,
basándose a su vez en el punto 13 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, consideran que, en todo caso, la colegiación de los
periodistas únicamente debe ser de carácter voluntario.
La SIP valora también la opinión consultiva emitida en 1985 por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que la colegiación
obligatoria es contraria a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.
Esta opinión conllevó a que en varios países del hemisferio,
como por ejemplo Costa Rica y con anterioridad República Dominicana,
se declarara inconstitucional la colegiación obligatoria.
Molina se mostró sorprendido de que el Senado de Colombia rechazara
las objeciones al proyecto formuladas en diciembre pasado por el presidente
Alvaro Uribe, quien se abstuvo de promulgar la ley por considerar que violaba
la Constitución del país.
Justamente en enero pasado una delegación internacional de la SIP destacada
en Bogotá, resaltó la posición de Uribe de no restringir
el oficio periodístico.
La sorpresa de Molina radica también en que la ley de 1975 que exigía
a los periodistas ser graduados y los obligaba a tramitar una tarjeta profesional
ante el Ministerio de Educación, ya había sido anulada en 1998
por la Corte Constitucional, lo que mereció en ese entonces el beneplácito
de parte de las organizaciones internacionales de prensa.
Molina manifestó su confianza en que la Corte Constitucional respaldará
la libertad de prensa, declarando este proyecto de ley como inconstitucional
y alineándose así con el Poder Ejecutivo quien explicó
ante la SIP que no se dictarían normas restrictivas a la labor del periodismo.
Por otra parte y siguiendo los lineamientos de aquella misión de la
SIP a Colombia, la organización mostró su complacencia por el
retiro de un proyecto de ley del legislador Juan Gómez Martínez
que pretendía aumentar las penas previstas para los delitos de injurias
y calumnias cuando fueran cometidos por periodistas y medios de comunicación.
Sobre este tema la SIP viene apoyando reformas legislativas en el hemisferio
occidental para la despenalización de los delitos de injurias y calumnias.
FUENTE: nota.texto7
