Ciudad de México (15 de enero del 2004). – El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Mariano Azuela Güitrón, aprovechó ayer la plataforma de la Conferencia Judicial sobre Libertad de Prensa organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa en esta ciudad, para anunciar que en breve impulsará un reglamento para lograr "el máximo de apertura en materia de transparencia" en el Poder Judicial.
Más de 200 personas, entre los que se contaron varios ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados de los 31 tribunales estatales y el Distrito Federal, académicos, directores de medios, editores, columnistas y periodistas, participaron ayer en la conferencia realizada en la Ciudad de México. Este es el noveno foro nacional que la SIP viene realizando en distintos países latinoamericanos en el último año, en el marco del programa de la Declaración de Chapultepec, cuyo objetivo es crear foros de entendimiento entre jueces y periodistas sobre la administración de la Justicia y el ejercicio del periodismo.
Sergio Muñoz, Los Angeles Times, presidente de la Comisión de
Chapultepec de la SIP, mostró su beneplácito por la convocatoria
de los magistrados y expresó que “los medios nos visualizamos como
vasos comunicantes para los jueces, pese a las tensiones naturales entre ambos
grupos”, con lo que dejó sentado el espíritu de diálogo
que la SIP pretende en cada foro judicial.
Azuela Güitrón admitió que la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, vigente desde junio del
2003, contiene limitaciones para la difusión de información judicial
y que hubo recientes acuerdos de la propia Corte Suprema y el Consejo de la
Judicatura Federal que establecieron aún mayores restricciones.
Esta posición confirmó lo que luego algunos panelistas advirtieron sobre que la Suprema Corte prohibió, en mayo pasado, hacer públicos los expedientes hasta 12 años después de dictada sentencia, y 36 años de prohibición para aquellos expedientes que hayan sido archivados antes de que entrara en vigor la ley de transparencia, como lo estableció en diciembre del 2003.
Admitiendo las restricciones y aparentemente en un esperado cambio de dirección de la Suprema Corte en materia de comunicación, Azuela Güitrón expresó que “en breve presentaré un reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en cuanto a la información que produce y tiene el Poder Judicial, en donde se buscará lograr el máximo de apertura en materia de transparencia”.
Minutos antes de su discurso inaugural, el vicepresidente por México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Juan Francisco Ealy Ortiz, El Universal, México, consideró que la Ley de Transparencia es deficiente y que debe ser reformada para garantizar la apertura informativa del Poder Judicial.
La mayoría de los panelistas participantes coincidió que en México es urgente una mayor apertura del Poder Judicial, y hubo numerosas referencias a que debería dejarse de lado la filosofía de la “opacidad y cerrazón” (de la información judicial) que se resguarda tras el adagio “anacrónico” de que los “jueces sólo hablan a través de sus sentencias”.
Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó en el panel Acceso a juicios e información, que con el derecho a la información se trata de que todo el proceso judicial y el expediente estén disponibles para el escrutinio del público, no se trata solo de divulgar la sentencia”. En coincidencia, Miguel Treviño, periodista de El Norte, agregó que “la justicia es pública y transparente cuando se juzga de cara a la sociedad” y que es la forma de aumentar su credibilidad ante la sociedad.
En el debate producido durante la conferencia, el punto de la apertura de los expedientes dentro de una reforma estructural del Poder Judicial fue resistido por la mayoría de los magistrados de las cortes estatales. Varias opiniones de jueces fueron sintetizadas a través del juez Germán Froto Madariaga del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, quien alertó que a lo largo y ancho de país aún existen medios de comunicación que utilizarían la apertura total para difamar.
Por su parte, el abogado del Grupo Reforma, Eugenio Herrera Terrazas, cuestionó que los periodistas puedan sufrir castigos penales cuando algún funcionario los acusa de haberlo difamado sin una presunta justificación. Agregó que “la penalización ha provocado un efecto intimidatorio”.
Hubo coincidencias también en que los medios de comunicación y los periodistas están llamados a apoyar una mayor transparencia y apertura.
Hugo Concha, director de la Revista Mexicana de Justicia, dijo que “el proceso de transparencia también le cabe a los medios. Los periodistas deben estar capacitados y los medios deben ofrecer espacios periódicos y sistemáticos para dar a publicidad los procesos de la justicia”.
Por su parte, Jean Claude Tron Petit, magistrado federal, dijo en el panel Relaciones entre jueces y los medios, que “es urgente el entrenamiento para los periodistas y para los jueces. Debe crearse una alianza estratégica entre ambos grupos”, de modo que los jueces sean mejores comunicadores y los periodistas más precisos en materia de informes judiciales.
Sergio Muñoz explicó que la conferencia debía servir como un estímulo para que los magistrados adopten diferentes iniciativas en torno a nuevos foros de discusión y programas de entrenamiento sobre comunicación para jueces y abogados.
Sobre el tema, Roberto Rock, El Universal, México, recordó que una conferencia convocada por la SIP en febrero del 2001 en Ciudad de México sobre acceso a la información, motivó la creación del Grupo Oaxaca, integrado por periodistas y académicos, que desembocó en la iniciativa de ley sobre transparencia y acceso.
La conferencia contó con numerosos directores y delegados de la SIP, entre los que se destacaban cinco de sus expresidentes: Rómulo O’Farrill, Novedades, México; Andrés García Lavín, Novedades, Mérida y Andrés García Gamboa, Novedades de Quintana Roo, de México; y James McClatchy, McClatchy Newspapers y Edward Seaton, Seaton Newspapers, de Estados Unidos.
Décimo aniversario de la Declaración de Chapultepec
La Conferencia de ayer se enmarcó dentro de las celebraciones que la SIP desarrollará durante el 2004 en conmemoración del décimo aniversario de la Declaración de Chapultepec. Este documento que contiene 10 principios sobre libertad de prensa y de expresión nació en marzo del 2004 en el Castillo de Chapultepec, tras días de deliberaciones por parte de más de 130 personalidades internacionales invitadas por la SIP.
Anoche, la SIP agasajó a los participantes de la conferencia e invitados especiales en una ceremonia en el Castillo de Chapultepec, en la que los expresidentes McClatchy y Seaton relataron los pormenores de cómo se había llegado a la gestación de la Declaración, y la importancia y vigencia que ese documento posee para la consolidación de la libertad de prensa en todo el continente.
Además de O’Farrill, McClatchy, Seaton, García Lavín, García Gamboa, Muñoz, Ealy Ortiz y Rock, la SIP estuvo representada por José Santiago Healy, Periódicos Healy, México; Gerardo García Gamboa, La Noticia al Día, Mérida, México; Alfredo Jiménez de Sandi; El Economista, México; Julio Muñoz, director Ejecutivo de la SIP; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa y Sean Casey administrador del Proyecto Chapultepec.
FUENTE: nota.texto7
