Miami (6 de febrero del 2004). - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó enérgicamente y calificó como un acto de censura previa e injerencia, la resolución ordenada por un juez contra el periódico El Tribuno, de la norteña provincia argentina de Salta, en la que le prohíbe la publicación de información sobre un sonado caso de interés público.
El 2 de febrero del 2004, el juez Guillermo Félix Díaz notificó la resolución de censura a los editores de El Tribuno, en la que bajo amenaza del pago de multas, le ordena “abstenerse de utilizar expresiones, oraciones, frases o palabras que pudieran importar un avance sobre la presunción de inocencia o de publicar la fotografía de Francisco José Alvarez”, acusado de homicidio y que tras un polémico fallo fue sobreseído el año pasado.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Rafael Molina, expresó que “nos preocupa sobremanera que un juez dicte una medida tan severa y restrictiva de la libertad de prensa que impide a un periódico informar sobre un tema de importancia para los ciudadanos”.
La disposición judicial, solicitada por el abogado y hermano de Alvarez, abarca “notas, comentarios, firmados o no firmados, bajo cualquier forma, con relación a los hechos que fueron investigados” en la causa penal, cuyos detalles acapararon la atención de la comunidad local y sobre el que algunos funcionarios de gobierno provincial de Salta han solicitado que se abra una nueva investigación.
“Lo grave es que deliberadamente se intente callar a la prensa para que se abstenga de informar sobre este asunto que le compete a la opinión pública, lo que va en contraposición con doctrinas interamericanas como la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos que garantizan el derecho a la información y prohíben la censura previa”, agregó Molina, del diario dominicano El Nacional.
Molina destacó la importancia de que esta resolución restrictiva a la labor informativa sea revocada a fin que los ciudadanos de Salta no se vean impedidos en su derecho a la información.
FUENTE: nota.texto7
