Tijuana (23 de abril del 2004).- La primera reunión para la revisión del expediente sobre el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, fue el objetivo que tuvieron esta mañana representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Félix Miranda, co-director del semanario Zeta, fue asesinado el 20 de abril de 1988 en Tijuana, Baja California. Por el homicidio fueron condenados como autores materiales Victoriano Medina Moreno y Antonio Vera Palestina, pero nadie ha sido juzgado como instigador del crimen. Su caso fue investigado por la SIP en 1995 y dos años más tarde lo sometió a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le asignó el número de expediente de 11.739.
El pasado 15 de marzo fue creado oficialmente un Grupo de Trabajo entre el Gobierno de México y la SIP, aunque su gestación se acordó en octubre del 2003 cuando representantes de ambas partes participaron de una audiencia en Washington ante la CIDH.
En el marco de recomendaciones hechas por la CIDH al Estado de México en 1999, el Grupo de Trabajo tiene como objetivo revisar y analizar las investigaciones oficiales y los procesos judiciales en los asesinatos de Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, columnista del Diario de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, asesinado el 3 de julio de 1991.
Las recomendaciones de la CIDH establecen:
1. llevar a cabo una investigación seria, completa, imparcial y efectiva
para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato
de Héctor Félix Miranda
2. llevar a cabo una investigación seria, completa, exhaustiva e imparcial
para determinar si hay hechos de encubrimiento y delitos contra la administración
de justicia que impidieron la investigación completa de los hechos que
motivan el presente informe; y en su caso, aplicar las sanciones penales, administrativas
y/o disciplinarias que correspondan
3. reparar e indemnizar adecuadamente a los familiares de Héctor Félix
Miranda por las violaciones a sus derechos humanos aquí establecidas.
En la primera reunión del Grupo de Trabajo que también estableció
un calendario de seguimiento y de revisión del expediente, el estado
mexicano estuvo representado por María Teresa de Jesús Valadez
Morales, subprocuradora de Zona, con sede en Tijuana y Jorge Urbina, subdirector
de Casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y por la SIP, Roberto
Rock, El Universal, México y Ricardo Trotti, director de Libertad de
Prensa. Como parte del grupo también participaron el periodista Jesús
Blancornelas, director de Zeta y el abogado Francisco J. Ortiz Franco.
FUENTE: nota.texto7
