Lima (6 de noviembre de 2008) – El presidente del Congreso del Perú, Javier Velásquez Quesquén, comprometió los esfuerzos del poder parlamentario para adecuarse a la legislación vigente en materia de acceso a la información pública, durante un foro celebrado ayer en esta ciudad organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
Durante el foro realizado en el recinto legislativo y ante un auditorio colmado, diputados nacionales representantes de los partidos políticos firmaron la Declaración de Chapultepec. El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, recordó que “ésta sirve de recordatorio constante del derecho inalienable de las personas a buscar y recibir información, a expresar opiniones y divulgarlas libremente; y la obligación de las autoridades a garantizar y promover esas libertades”. Centrado en las discusiones de la jornada dedicada a la violencia contra la prensa y al acceso a la información pública, Velásquez Quesquén dijo que “recibimos con simpatía las recomendaciones del CPP, por lo que ya dispusimos en nuestro portal información sobre todas las adquisiciones y en las próximas horas estará la relación del personal y cuestiones presupuestarias operativas”.
El presidente del Congreso dio respuesta así a una vieja crítica del CPP y denunciada ante la asamblea de la SIP en Madrid, respecto a que el Congreso no acataba los mandatos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde enero de 2003. Este aspecto fue resaltado durante uno de los paneles de la jornada, por Enrique Zileri, director de la revista Caretas, de Lima.
En esa mesa redonda, de la que también participó la vicepresidenta del Congreso, Fabiola Morales Castillo, y moderó el ex presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, se produjo un interesante debate sobre la información de interés público, las obligaciones del periodismo respeto a publicar información sensible que pudiera comprometer la seguridad nacional o el honor de las personas. Las discusiones derivaron en un tema de actualidad, en el que el periodismo peruano divulgó información de interés pública, captada en forma clandestina mediante escuchas telefónicas y hecha llegar a las redacciones de los medios en forma anónima. La divulgación de los actos de corrupción derivó finalmente en un cambio casi total de autoridades del gabinete del presidente Alan García.
Por su parte, Santos Calderón, director del diario El Tiempo, Bogotá, Colombia, en el segundo panel referido a los crímenes contra periodistas, reclamó a los poderes públicos del Perú legislar para terminar con la impunidad, agravar esos delitos violentos, extender los plazos de prescripción y crear una jurisdicción especial para su procesamiento. Santos dijo que la SIP reclamaba la acción no específicamente sobre crímenes contra periodistas, sino contra todas aquellas personas que sufren represalias por su derecho a la libre expresión, así sean sindicalistas, jueces, académicos, funcionarios o simples ciudadanos.
El vice ministro de Justicia, Erasmo Reyna Alcántara, dijo que los “delitos cometidos, en agravio de un medio de prensa o un operador del sistema, merecen una especializada, oportuna, eficaz y transparente actividad del sistema de Justicia”.
Por su parte, el congresista Raúl Castro Stagnaro, de la Comisión de Justicia, agregó que si bien se debía analizar más profundamente la creación de una jurisprudencia especializada para no crear exclusiones, expresó que “es necesario implementar una serie de iniciativas legislativas para establecer sanciones severas a los agresores”.
Por último, el presidente del Instituto de Prensa de la SIP, Gustavo Mohme, director del diario La República, quien tuvo a su cargo las conclusiones del evento, rescató que “hubo un denominador común entre todos los miembros del Congreso, de los demás poderes públicos, de los expertos y de los miembros de la prensa, de que todos somos partidarios del diálogo, de la libertad de prensa y de la democracia. Un buen punto de partida, sin duda”.
La actividad contó además con la participación del presidente y de la directora del CPP, Luis Agois Banchero y Kela León, respectivamente, y la delegación de la SIP estuvo también integrada por su director ejecutivo, Julio Muñoz y el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti.
La Declaración de Chapultepec, decálogo de principios sobre libertad de prensa y de expresión, fue rubricada por 53 jefes de Estado, entre ellos tres presidentes peruanos: Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual mandatario, Alan García.
Los foros legislativos forman parte del programa Chapultepec de la SIP, cuyo objetivo es incentivar un diálogo entre representantes del los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; expertos internacionales, directores de medios y periodistas. Es además un seguimiento a la Conferencia Hemisférica de Congresos Nacionales realizado en Washington DC en 2004, organizada por esta Comisión de la SIP, que cuenta con el apoyo económico de la Fundación McCormick.
FUENTE: nota.texto7
