Miami (15 de octubre de 2009).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el reciente decreto del gobierno de Honduras que permite la revocación de licencias a emisoras de radio y televisoras que a juicio del Estado atentan contra la seguridad nacional; considerándolo un grave atentado a la libertad de prensa y el derecho de todos los hondureños a recibir información crítica.
Según el decreto ejecutivo Número 124-2009, publicado el 7 de octubre por el diario oficial La Gaceta, se constató el deterioro en el país por el que se culpa a los medios de comunicación social que vienen “generando un régimen de anarquía social propiciando vandalismo hasta llegar atentar contra la paz social y la seguridad del Estado”. En ese tenor, a quienes “emitan mensajes que generen apología al odio nacional” se les “podrá revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias)”, advirtió el documento.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó que “es inaudito que en un gobierno donde se dice que prevalecen las leyes y la Constitución, se creen decretos que niegan el derecho de igualdad ante la ley, que pueden crear censura previa y que desconocen todas las legislaciones que ya regulan los supuestos delitos que este mandato trata de penalizar.
Santos Calderón, de El Tiempo de Colombia, agregó que “éste no es más que un método y excusa flagrante de censura que podrá ser utilizado para justificar el cierre de cualquier medio que tome una posición crítica contra el gobierno o sus funcionarios. Es un abuso de privilegio de parte del estado contra todos los ciudadanos”.
Entre otros justificativos el decreto establece que “cuando los medios de comunicación atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, se hace imperativo ejecutar las regulaciones establecidas en la legislación vigente en conformidad a la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos”, por lo que “el Estado como propietario del espectro radioeléctrico podrá revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias) otorgados por CONATEL a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”.
Habilitada por otro decreto ejecutivo que suspendió las garantías constitucionales en septiembre pasado, CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), organismo estatal encargado de la otorgación de licencias y permisos, clausuró el 28 de septiembre a Canal 36, Radio Globo y a la repetidora radio La Catracha. Sin embargo, tras suspender el decreto el 5 de octubre, el Estado no reabrió esos medios de comunicación, identificados con el depuesto presidente Manuel Zelaya.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News, solicitó por su parte la derogación del nuevo decreto e insistió en la reapertura de los medios clausurados, “así como en la plena vigencia de la libertad de prensa y expresión como condición indispensable para resolver el conflicto interno”.
FUENTE: nota.texto7
