Colombia

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La violencia siguió siendo el mayor escollo para la libertad de prensa en el país. Cinco periodistas fueron asesinados (dos por razones de oficio; tres en investigación); nueve fueron secuestrados, entre ellos cinco corresponsales extranjeros; tres debieron abandonar el país por temor a sufrir represalias y 64 denunciaron ante el Comité de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior que habían sido amenazados. La violencia no fue sólo contra los periodistas; también se perpetró contra medios de comunicación, particularmente en Cúcuta y Valledupar, donde se registraron cuatro atentados con bombas. Varios aspectos legales y judiciales tuvieron influencia directa sobre la libertad de prensa y de expresión. En contraposición con la tendencia continental sobre despenalización de los delitos de calumnia e injuria, el Congreso está a punto de iniciar el estudio de un proyecto de ley del legislador y periodista Juan Gómez Martínez, que pretende extender las penas de cárcel para ese tipo de delito a otros como las “aseveraciones sin fundamento”. Por su parte, el Gobierno estudia un proyecto para endurecer la lucha antiterrorista que se teme podría afectar la libertad de prensa, a pesar de que el presidente Álvaro Uribe dio garantías de que no habría restricciones y desautorizó un borrador de la ley, que trascendió a la prensa. Dicho borrador pretende que quien “mediante prensa escrita, radio, televisión o sistemas de información virtual, divulgue informaciones que puedan entorpecer el eficaz desarrollo de las operaciones militares o de Policía, coloque en peligro la vida del personal de la Fuerza Pública o de los particulares o ejecute cualquier otro acto que atente contra el orden público, la moral pública, mejorando la posición o imagen del enemigo o estimulando las actividades terroristas para causar un mayor impacto de sus acciones, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años, sin perjuicio de la suspensión del correspondiente servicio”. Como aspecto positivo, el 27 de diciembre, el presidente Álvaro Uribe objetó la Ley de Periodista que había aprobado el Congreso por considerar que viola el derecho al trabajo y limita la libertad de expresión. La ley distinguía entre periodistas profesionales y los que no lo son, y reconocía la categoría de periodista a quienes acreditaran ante el Ministerio de Trabajo el ejercicio profesional de forma remunerada. Sin embargo, la parlamentaria autora del proyecto lo volvió a presentar en días pasados. El presidente Uribe también se comprometió el 22 de enero, ante una delegación internacional de la SIP, a no dictar ninguna medida que afecte la libertad de prensa, tras firmar la Declaración de Chapultepec. En esa visita, el ministro del Interior, Fernando Londoño, le advirtió a la SIP que los periodistas deberían tener mucha prudencia en las zonas de conflicto militar, para evitar situaciones de riesgo. Ese mismo día se supo del secuestro de varios corresponsales extranjeros. El ELN secuestró a periodistas de Los Ángeles Times, Ruth Morris y Scott Dalton, quienes fueron liberados 11 días después por presión de los organismos nacionales e internacionales. Mientras tanto, los paramilitares liberaron a los reporteros norteamericanos Robert Young Pelton, Marta Wedeven y Megan Smaker, quienes habían sido secuestrados en las selvas del Chocó, en límites con Panamá cuando realizaban un trabajo para Discovery Channel. Respecto de la cobertura en áreas de conflicto, el 25 de noviembre, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las medidas que restringían la entrada de periodistas y de Organizaciones No Gubernamentales a las zonas especiales de rehabilitación. El domingo 1° de diciembre fue asesinado el periodista Gimbler Perdomo Zamora, director de noticias y propietario de la emisora Panorama Stereo ?única emisora local? en el municipio de Gigante, departamento del Huila. Dos hombres y una mujer interceptaron al periodista y a su esposa. Perdomo recibió seis disparos y su esposa resultó herida. El periodista era reconocido en la población por sus campañas de solidaridad y las denuncias en contra de las malas administraciones. Según colegas del diario del Huila, realizó varias denuncias en contra de la administración municipal y en julio de 2001, mientras cubría un paro agrario, le fue quemada su moto, en hechos que se atribuyeron a miembros de la fuerza pública. José Eli Escalante, corresponsal de la emisora la Voz del Cinaruco en la Esmeralda (Arauca), fue asesinado el pasado 28 de octubre de 2002 a pocos metros de su casa, cuando un sicario le propinó dos disparos. Según la directora del noticiero de la Voz del Cinaruco, Escalante realizaba un periodismo de tipo comunitario, pero para ella “el crimen de Escalante no tiene relación con su oficio periodístico”. Escalante era conocido en La Esmeralda como un líder comunitario en una zona de agudo conflicto armado. En las elecciones de 2000 fue elegido como concejal de Arauquita, pero fue amenazado por las FARC para que dejara su cargo. El 9 de marzo fue asesinado el periodista Oscar Salazar, gerente y propietario de la emisora Radio Sevilla, en Sevilla, Valle del Cauca. Salazar, reconocido político de la zona, también realizaba un programa informativo y de opinión los sábados. El resto de la semana trabajaba en una oficina de abogados en Cali. En uno de sus últimos informes periodísticos había cuestionado a los políticos locales que “no le cumplían al pueblo”. El 22 de marzo fue asesinado el periodista Agustín de Jesús Rodríguez, director de la emisora comunitaria Fantasía Stereo, en el municipio de Palestina, Departamento de Caldas. En referencia a los crímenes contra los comunicadores, el juez séptimo especializado de Bogotá, quien había rechazado el proceso por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, del 13 de agosto de 1999, tuvo que aceptar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el crimen sí tuvo finalidad terrorista y que fue por razones del ejercicio de profesión, por lo que ordenó reiniciar el juicio. Otros hechos que afectaron la libertad de prensa son los siguientes: - En la segunda semana del mes, un grupo de periodistas del diario El Colombiano, fue víctima de una retención forzada por parte de las Autodefensas Unidas Colombia (AUC), cerca de Medellín. Los paramilitares les advirtieron que debían pedir permisos para ingresar a la zona y los liberaron 24 horas después. - Los periodistas de radio y televisión, Javier Orlando Mantilla y Edison Figueroa Benítez, fueron agredidos por miembros de la Policía en el aeropuerto de Bucaramanga. El camarógrafo fue golpeado y el periodista obligado a firmar una llamada de atención, en la que se comprometía a decir al día siguiente en la emisora que todo había sido un malentendido. - El periodista Iván Darío Cardozo Arias, tuvo que salir del país por continuas amenazas contra su vida. Cardozo había hecho pública una lista de abogados y funcionarios judiciales presuntamente comprometidos en el robo a una entidad oficial. - También salió del país Humberto Briñez, corresponsal de RCN TV en el Valle del Cauca. Briñez, inicialmente fue amenazado por la guerrilla de las FARC, pero luego empezó a recibir amenazas por parte de miembros de la Policía luego de que su filmación mostrara la incapacidad de la institución ante el secuestro por parte de la guerrilla de varios diputados de Cali el año pasado. - En diciembre las FARC impidieron el ingreso del corresponsal del diario Llano Siete Días al municipio de Puerto Lleras, en región de los Llanos Orientales, para hacer un reportaje sobre la situación de orden público del lugar. - El 9 de diciembre, la periodista María Méndez resultó herida junto a un concejal y dos diputados de Florencia en el Caquetá al ser atacados por pistoleros cuando salían de la Casa de la Cultura de esa ciudad. - El 9 de diciembre, en Cúcuta, norte de Santander, una bomba de 15 kilos de amonal explotó en los equipos de transmisión de Caracol Radio y Radio Reloj. El atentado dejó fuera del aire a Radio Reloj. Las FARC se atribuyeron el atentado con el argumento de que “los medios de comunicación les hacían el juego al Gobierno de Uribe y a los militares”. - Un mes antes otra bomba había explotado al frente de las instalaciones de RCN Radio en la misma ciudad, y dejó cuatro personas muertas. Y seis días más tarde, la Policía desactivó un explosivo que había sido colocado en la sede del periódico La Opinión de Cucuta. En esa oportunidad, la guerrilla del ELN se adjudicó los atentados. - El camarógrafo de RCN Televisión Carlos Chamorro y el locutor Iván Darío Solano de la emisora La Súper Estación de Villavicencio resultaron heridos el 15 de diciembre, luego de la explosión de una granada que desconocidos lanzaron contra la plaza de Toros de El Castillo, Meta. - El 16 de diciembre explotó una granada en la sede de RCN Radio en Valledupar, departamento de César. La explosión causó daños menores en la edificación. Las autoridades atribuyeron el atentado a las FARC. - El 17 de enero, miembros de una guarnición militar en la capital de Arauca, retuvieron al periodista de El Tiempo, Jorge Meléndez y a Danilo Sarmiento, un fotógrafo que hacía un trabajo para ese diario. A Sarmiento le quitaron la cámara digital y le destruyeron las imágenes que había tomado. Los hechos ocurrieron durante la llegada a Arauca de 60 miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que cumplirán tareas de adiestramiento contrainsurgente. Sarmiento fue obligado a abordar un vehículo y fue conducido a una oficina del B2 (inteligencia del ejército). El fotógrafo tuvo que darle explicaciones a dos militares norteamericanos y a una agente de la Fiscalía, quienes advirtieron que estaba prohibido tomar fotos del personal militar de Estados Unidos. - Dos periodistas del periódico Vanguardia Liberal fueron encerrados en una garita de la Penitenciaría Nacional de Valledupar cuando hacían un reportaje sobre la huelga de hambre que realizaban 32 internos. Les fueron borradas las fotografías digitales por órdenes del mayor que dirige la prisión. - El reportero gráfico del diario El Tiempo, John Wilson Vizcaíno, denunció atropellos por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá mientras cubría las manifestaciones que tuvieron lugar en la Central de Abastos Corabastos, el 29 de enero. El reportero fue retenido por miembros de la Policía, que le decomisaron la cámara fotográfica. - El 30 de enero, el presidente Álvaro Uribe se pronunció ante el cuerpo diplomático sobre los periodistas y dijo: “Incomoda saber que un periodista pueda llegar a donde está escondido un terrorista y el Gobierno no pueda llegar allá. Incomoda saber que el periodista informa de un acto terrorista que se va a cometer y el gobierno sea sorprendido”. Al día siguiente en una base militar dijo: “Los periodistas van a tener que ayudar al pueblo colombiano, con la auto limitación, evitando su temeridad, comprendiendo que primero está el derecho del pueblo colombiano a rescatar su seguridad que el afán por la chiva (exclusiva) periodística”. Las insinuaciones de que la prensa pudiera hacerle el juego al terrorismo fueron rechazadas en un editorial de El Tiempo. En los días siguientes, durante una entrevista con el periodista Jorge Gestoso de la cadena CNN en español, el presidente Uribe expresó su malestar por algunas preguntas del periodista y se negó a continuarla para el público en inglés. - El jefe de Estado Mayor, general Jorge Lesmes, intentó exigir a los periodistas que cubren el Ministerio de Defensa la presentación, con 24 horas de anticipación, de un memorando para solicitar su ingreso. Ante las protestas, la medida se reemplazó por un sistema de carnetización. - El periodista Ramón Eduardo Martínez, del canal RCN, tuvo que salir de Cúcuta a principios de febrero tras conocer sobre amenazas contra su vida. El comunicador estuvo secuestrado durante 48 horas, junto con su equipo periodístico, el pasado 26 de enero por las FARC en Arauca. El grupo periodístico fue amenazado por la guerrilla que les prohibió trabajar para dicho canal o atenerse a las consecuencias. - El reportero gráfico Herminio Ruíz, del semanario El Espectador, fue golpeado por agentes de la Policía cuando cubría el atentado terrorista al club El Nogal, al norte de Bogotá, que dejó un saldo de 33 personas muertas y 157 heridas. - El 10 de febrero fue secuestrado Eduardo Mastrascuza Cano, locutor de la emisora comunitaria del departamento de Bolívar. Se desconocen los autores y las razones del plagio. - El 4 de marzo, la Fiscalía determinó que no era viable la demanda contra el director de la revista Cambio, Mauricio Vargas, instaurada por el ex asesor presidencial del presidente Uribe, Pedro Juan Moreno, en la medida en que no se hallaron imputaciones falsas en el artículo objeto de la demanda. - El miércoles 5 de marzo salió del país la presidenta del Círculo de Reporteros Gráficos de Colombia, Gladys Barajas, quien había denunciado amenazas contra su vida. El Círculo había dado a conocer distintas agresiones a periodistas por parte de la Policía, como las aquí mencionadas. - El 12 de marzo fue rescatado el director de noticias de RCN Radio en el municipio de Honda, departamento del Tolima, Pedro Cárdenas. El periodista fue sacado de su casa el mismo día por hombres armados, al parecer paramilitares de las AUC. Cárdenas había salido dos años antes de la región por amenazas de los paramilitares, a quienes había denunciado por unas muertes selectivas. Precisamente durante la emisión radial del día del frustrado secuestro, el periodista hizo una referencia a ese hecho. - El 14 de marzo fuentes de la Fiscalía revelaron que la periodista Soraya Yanine, hija de un general en retiro del Ejército, iba a ser utilizada por terroristas de las FARC, para que ingresara explosivos en su vehículo al Canal RCN donde labora o al Ministerio de Defensa, lugar que ella frecuenta en su trabajo pues cubre la fuente militar. Según las autoridades, los delincuentes iban a presionarla secuestrando a uno de sus hijos. La periodista se encuentra con su familia bajo protección de las autoridades. - El 16 de marzo salió del aire el noticiero de televisión "Hora Cero" por dificultades económicas. La recesión publicitaria ha determinado el cierre de otros noticieros de televisión en los últimos 3 años. - El 18 de marzo fue asesinado en Arauca el corresponsal auxiliar de El Tiempo y periodista de la Emisora Meridiano 70, Luis Eduardo Alfonso. Dos sicarios en moto, luego de una discusión, le dispararon en tres oportunidades en la cabeza, en la entrada de la emisora, a la que llegaba a realizar la emisión de las cinco de la mañana. El crimen del periodista se presenta en momentos que se suponía estaba protegido por el Comité de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior debido a las amenazas de las que él era víctima. El 28 de junio de 2002 había sido asesinado el director de esa misma emisora, Efraín Varela. - Guerrilleros de las FARC dinamitaron una torre de transmisión en el sur del país y dejaron sin señal de televisión al departamento de Putumayo. - El 19 de marzo, después de asistir al funeral de Luis Eduardo Alonso, el corresponsal del Canal Caracol en Arauca, Rodrigo Ávila Osorio fue amenazado de muerte. “Si no abandona la región, usted será el próximo muerto”, fue el mensaje anónimo recibido. Ávila, como Alonso, está incluido en el Programa de Protección de los Periodistas del Ministerio del Interior. Sólo cabe esperar a que no corra la suerte de su colega.

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