Brasil

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Durante este período ha habido una gran preocupación por ciertas acciones en curso, como las declaraciones de las autoridades defendiendo la violación del principio constitucional de mantener en secreto las fuentes, y el proyecto enviado por el gobierno al Congreso el 19 de septiembre que, a propósito de definir normas para penalizar las prácticas ilegales de escuchas telefónicas, propone la misma pena de reclusión de dos a cuatro años para los periodistas que divulguen tal información. Ello termina por intimidar a los profesionales de la prensa y los medios de comunicación, lo que afecta de manera directa la libertad de prensa. El origen de la polémica sobre el tema fue la revelación, en un artículo de la revista Veja, de grabaciones realizadas por espías oficiales de conversaciones telefónicas entre el presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, y el senador Demostenes Torres, opositor del gobierno. En agosto, el Supremo Tribunal Federal (STF) extendió por seis meses más la suspensión de 20 de los 77 artículos de la Ley de Prensa (Ley No. 5, 250 de 1967), de acuerdo con una decisión de febrero del 2008 basada en la opinión del ministro Ayres Britto en respuesta a una demanda presentada por el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT) por iniciativa del diputado federal Miro Texeira. Las acciones de las entidades que representan a las empresas periodísticas de Brasil han tenido el objetivo de terminar con la actual Ley de Prensa y regular los criterios y principios que aseguren la libertad de prensa y el funcionamiento de las empresas periodísticas. Después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó en el 2006 una ley que iba a ampliar las actividades privadas de los periodistas, se firmó un acuerdo con el Ministerio del Trabajo para la creación de un grupo de trabajo tripartito —periodistas, empresas y gobierno— con el propósito de proponer una legislación que reglamentase la profesión periodística. Dos años después, la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) ejerció presión sobre el gobierno y se estableció un “Grupo de estudio” en agosto del 2008 con el fin de viabilizar un texto, convenido entre sindicatos, entidades patronales y gobierno, dentro de un período de 90 días. Otra acción que merece destacarse es el hecho de que el Ministerio de Educación expresó interés en crear una comisión para discutir las directrices de formación de los cursos de Periodismo, identificando y delimitando con mayor claridad los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para graduarse. Su objetivo es estudiar la posibilidad de que otros profesionales puedan, mediante cursos a corto plazo de cerca de dos años, prepararse para aspirar a un empleo regular en los medios. La obligatoriedad de un diploma de Periodismo también se analiza por el Supremo Tribunal Federal, donde se revisan dos demandas que cuestionan la constitucionalidad de la cláusula del Decreto-Ley 972/69 que reglamenta la Ley de Prensa y determina la obligatoriedad de un diploma para ejercer la profesión periodística. La primera demanda, presentada por Mariza Macedo Soares, tiene como relator al ministro Celso de Mello; y la segunda, referida como una “demanda civil pública”, tiene al ministro-presidente Gilmar Mendes como relator y cuenta con el apoyo del actual Abogado General de la Unión, Antônio Fernando de Souza. La Federación Nacional de Profesores de Periodismo distribuyó una Carta Abierta entre los jueces del STF defendiendo la obligatoriedad del diploma de nivel superior como requisito legal para ejercer determinada profesión. Para presionar a los jueces del Supremo, la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) organizó una demostración pública en Brasilia el 17 de septiembre que movilizó a 31 sindicatos asociados. Para hacer frente a más de 200 proyectos de ley en el Congreso que proponen restricciones a la publicidad, entidades de los medios decidieron promover un “Foro de libertad de expresión comercial”, cuya misión es defender la auto-regulación como la mejor solución frente a los posibles abusos o excesos de la propaganda. A este “Foro” también le corresponde enfatizar la relación interdependiente entre democracia, mercado libre y libertad de expresión: la independencia económica proporcionada por la publicidad constituye uno de los pilares de la prensa libre. Desde marzo se han registrado en el país diez nuevos casos de supresión, o intentos de supresión, de la libertad de prensa. La Asociación Nacional de Periodistas (ANJ) ha sido una constante crítica de esas decisiones judiciales, mediante manifestaciones públicas, que destacan la inconstitucionalidad de las sentencias. Como resultado de esta postura, la asociación está siendo procesada por el juez Hilhert Maximiliano Akihito Obara, de Río Grande do Sul. En diciembre del 2007, el vicepresidente de la ANJ y responsable de la Comisión de Libertad de Prensa, Júlio César Mesquita, distribuyó una nota de prensa en la que condenaba el fallo del juez Obara de prohibir que el sitio Web Videversus, de Porto Alegre, divulgara información sobre la investigación policial referente a una acusación contra el diputado estatal Alceu Moreira. El juez interpretó las críticas de la ANJ como una ofensa e inició una demanda de indemnización por daños morales, que se tramita a través del sistema de justicia del estado. Los casos en los que el sistema de justicia se atribuye el papel de definir previamente lo que puede o no se puede publicar en los medios son recurrentes y atacan el más importante principio constitucional de la libertad de expresión. Dañan los derechos de los ciudadanos y se constituyen en una lamentable práctica antidemocrática. Los siguientes son los casos más recientes: 9 de abril: El fiscal Sidney Boccia prohibió a periodistas de Poços de Caldas, MG, publicar los nombres de los políticos que ocupan cargos públicos. Según la opinión del fiscal, la prohibición evita que estos políticos se beneficien de la exposición en los medios. Boccia también amenazó con imponer una multa de entre R$ 21.000 a R$100,000 a cualquier persona que no obedeciera la regla establecida. 10 de abril: El juez Aluízio Bezerra Filho, del Tribunal Electoral de Paraíba, prohibió al Sistema Correio de Comunicação (que incluye al periódico Correio da Paraíba y estaciones de radio y televisión) publicar noticias sobre un caso presentado ante el Tribunal Electoral relacionado con la supuesta compra de votos para el gobernador del estado, Cássio Cunha Lima, so pena de una multa diaria de R$50,000. 14 de mayo: Un equipo del diario O Dia, que preparaba un reportaje sobre la favela de Batan, en la parte occidental de Río de Janeiro, RJ, fue secuestrado y torturado por milicias locales. Un residente de allí también fue víctima de tortura e interrogatorio. La reportera, el fotógrafo y el conductor del vehículo del diario vivían como residentes en una casa de dicha favela con el fin de relatar la vida cotidiana de los ciudadanos de Río en áreas donde actúan las milicias. Luego de ser descubiertos sufrieron descargas eléctricas, patadas, bofetadas, tortura psicológica, ruleta rusa y asfixia durante siete horas de confinamiento. 15 de mayo: El periodista Edson Antonio Ferraz, de TV Diário en Mogi das Cruzes, SP, sufrió un atentado mientras recopilaba información sobre tres casos en los que se acusaba a oficiales de la policía civil de delitos como lavado de dinero, corrupción y robo en la ciudad. Ferraz iba solo por una avenida de Mogi cuando el vehículo que conducía, con el logotipo de TV Diário, fue interceptado por un automóvil Voyage que llevaba a dos encapuchados. Según el periodista, el conductor del Voyage le disparó dos veces, pero los tiros no impactaron al vehículo. El caso está siendo investigado por el departamento de Asuntos Internos de la Policía Civil. Ferraz informó a Asuntos Internos de que cinco horas antes del hecho había recibido una llamada de advertencia sobre un posible atentado. 28 de mayo: El alcalde de Porto Velho, RO, Roberto Sobrinho, atacó verbal y físicamente al periodista Pablo Andreoli. El alcalde dio un golpe al periodista que le partió un diente. El reportero había hecho preguntas sobre errores ortográficos en textos publicados por la oficina del alcalde. Los ayudantes del político también ocuparon el micrófono de la grabadora de Roberto Sobrinho. 2 de junio: El fiscal de Ribeirão Bonito, SP, Marcelo Zanin Bombardi, hizo una petición, acatada por la jueza Gabriela Müller Carioba Attanasio, para retirar de circulación la edición No. 58 del periódico Agosto, de Amarribo (Amigos Associados de Ribeirão Bonito). La versión digital de la publicación también fue afectada por la decisión. La publicación contenía fotografías y una breve historia de todas las personas que se habían declarado precandidatos a las elecciones municipales de la ciudad, y una entrevista con uno de los precandidatos elegido al azar. Además, incluía la información que en las siguientes ediciones el resto de los candidatos dispondría del mismo espacio para expresarse. El fiscal y las autoridades competentes interpretaron el material periodístico como propaganda electoral anticipada. 7 de junio: Guardias de seguridad privados que trabajan en la vecindad de Brás, en São Paulo, SP, utilizaron la violencia para impedir el trabajo de la cineasta Verônica Aparecida Calisto Bernasconi, de la interna Amanda Souza Lima y del conductor Rogério da Silva Corte Real, de TV Câmara São Paulo. Hacían un reportaje sobre las calles Maria Maracolina y Oriente para el programa “Guia São Paulo”, cuando fueron atacados por los guardias. Un hombre de alrededor de 40 años se acercó al equipo y les gritó, tratando de evitar que se tomaran imágenes. Luego llamó al grupo de guardias de seguridad, que derribaron el equipo de la estación de televisión y dieron una paliza a la cineasta. Veronica tuvo abrasiones menores. El incidente fue informado a la policía. 8 de junio: La ciudad de Santana do Acaraú, CE, se quedó sin electricidad la noche del 8 de junio mientras el programa “Fantástico”, de la Rede Globo, presentaba acusaciones de corrupción durante licitaciones del ayuntamiento. El reportaje mostró disputas sobre licitaciones fraudulentas y material didáctico en buenas condiciones hallado en la basura. Los 25,000 residentes de Santana do Acaraú no pudieron ver el reportaje. Según la compañía eléctrica de Ceará, el corte de electricidad fue causado por un acto delictivo. 13 de junio: El juez electoral de Pirajuí, SP, multó a los gerentes de los periódicos Gazeta regional y Gazeta de Pirajuí, y el Tribunal Electoral Regional (TRE-SP) refrendó la multa, por, según el fallo, haber divulgado información favorable a un precandidato a alcalde de Pirajuí. También fue multado el candidato. Según informe del juez, no había duda de que los artículos habían sido orquestados con el fin de proyectar la imagen del candidato como persona competente e íntegra. 17 de junio: El juez auxiliar Francisco Carlos Shintate, del primer distrito electoral de São Paulo, apoyó medidas propuestas por la oficina del fiscal contra el periódico Folha de S. Paulo y la revista Veja, por entrevistas concedidas por la precandidata a alcalde de São Paulo, Marta Suplicy. El juez ordenó, como mandato preliminar, una multa contra los medios porque consideraba que las entrevistas publicadas constituían una violación de la ley electoral. Dos días después del fallo, el fiscal pidió al mismo juez la aplicación de una multa contra el periódico O Estado de S. Paulo y la revista Veja por publicar una entrevista con el alcalde de São Paulo, Gilberto Kassab. Pero un fallo del mismo día del Tribunal Supremo Electoral, en el que se determinaba que el contenido periodístico no podría considerarse propaganda electoral, hizo que el juez Shintate anulara su mandato preliminar contra Folha y Veja e hiciera caso omiso a la orden del fiscal contra O Estado de S. Paulo. 21 de junio: Las oficinas del periódico Diário de Amazonas, de Manaus, en el Amazonas, fueron blanco de once tiros de pistola, según testigos, hechos por un hombre que conducía una motocicleta. Los tiros alcanzaron el exterior del edificio y destruyeron la fachada de cristal de la segunda planta del periódico, donde el presidente y el vicepresidente de la compañía tienen sus oficinas. El periódico ha emprendido una fuerte oposición al gobierno del estado y fue el primer medio en el estado de Amazonas que denunció la malversación de fondos en la región de alto Solimões. 25 de junio: El juez interino Ricardo Geraldo Resende Silveira, de la 10ma Corte Civil Federal de São Paulo, prohibió al Journal da Tarde publicar un informe sobre supuestas irregularidades cometidas por el Consejo Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP), según verificaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión. El reportaje iba a publicarse por el periódico al día siguiente. El mandato preliminar, que prohibía la publicación, fue entregado a la redacción del JT por la abogada de CREMESP, Cláudia Costa. Dos días más tarde, sin embargo, CREMESP cambió de opinión y solicitó una acción ejecutoria para cancelar la medida, lo que llevó al juez a reconsiderar su decisión. 2 de julio: El juez Sandro de Araújo Lontra, del 254 to distrito electoral de la región de Macaé, en el estado de Río de Janeiro, consideró “propaganda política extemporánea” los materiales de O Debate y Rádio 95 FM sobre el congresista federal Silvio Lopes Teixeira. El juez aplicó una multa contra el periódico y la estación de radio, y emitió su fallo incluso después de que el Tribunal Supremo Electoral había tomado una decisión que aclaraba definitivamente que el contenido periodístico no se podía considerar publicidad electoral. La decisión del TSE revocó una regla que había sido utilizada como base para castigar a los medios de comunicación por cumplir su misión de informar a los ciudadanos. 8 de julio: La jueza Betânia de Figueiredo Pessoa Batista, del vigésimo distrito electoral de Santarém (PA), prohibió al periodista Jeso Carneiro comparar en su blog a la administración del ex alcalde de la ciudad, Lira Maia (DEM) con la de la actual alcaldesa Maria do Carmo (PT). “No puede admitirse comparación alguna entre el alcalde anterior y el actual; ello es indicativo de parcialidad que debe evitarse por la prensa como cuestión de ética y por prohibición de la ley electoral”, expresó la jueza en una sentencia preliminar, respondiendo a una solicitud del partido del ex alcalde, que disputaba la elección de Maria do Carmo. La jueza, por otra parte, emitió otra sentencia, ampliando la misma prohibición y pena a Nelson Vicenzi, articulista del blog. 9 de julio: La jueza Betânia de Figueiredo Pessoa Batista, del vigésimo distrito electoral de Santarém, PA, la misma jueza que prohibió a un blog comparar la actual administración con la del ex alcalde de la ciudad, adoptó una decisión en el mismo sentido contra el periódico O Estado de Tapajós. Mientras que en la decisión contra el blog la jueza respondía a una petición del grupo político del ex alcalde, en la sentencia contra el periódico la acción partió de un grupo del actual alcalde. Fue flagrante el intento renovado de la jueza de interferir en una manera inusual en el contenido editorial de los dos medios. En la decisión contra O Estado de Tapajós, ella determinó que “el periódico debía abstenerse de elaborar reportajes donde se hicieran comparaciones entre la actual administración y las anteriores, así como entre los partidos a los que están afiliadas, enalteciendo al ex líder y su partido o descalificando al actual líder y su partido, so pena de una multa de R$ 5.000 por cada ejemplar vendido”. 28 de julio: Tres foto-reporteros de O Globo, O Dia y Jornal do Brasil, fueron dominados por delincuentes en Vila Cruzeiro, Río de Janeiro, mientras cubrían la campaña política de senador Marcelo Crivella para alcalde de la ciudad. Los profesionales fueron obligados a borrar los archivos de fotos de sus cámaras, los cuales más tarde pudieron recuperarse y publicarse. 4 de agosto: El juez Luiz Henrique Martins Portelinha, del 101er distrito electoral de Santa Catarina, determinó recoger todas las copias de la edición No. 36 del 25 al 31 de julio del semanario Impacto, de Florianópolis, y también retirar la versión electrónica de esa edición del sitio Web de la publicación. La decisión preliminar fue tomada sobre la base de una petición de una coalición partidista —que apoya la reelección del alcalde de Florianópolis, Dário Berger— por un artículo referente a alegaciones de corrupción en su contra.

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