Bolivia

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La libertad de prensa y expresión se ha visto profundamente afectada por las frecuentes agresiones a periodistas y medios de comunicación. Este agravamiento ha sido consecuencia de los cada vez más frecuentes ataques verbales del gobierno, especialmente del presidente Evo Morales, contra la prensa, periodistas y sus propietarios. Se intensificaron en la medida en que se deterioraba aun más la situación político- económico-social-regional, y la relación entre el poder constituido y opositores en varios departamentos del país. El Gobierno ha avanzado significativamente en su propósito de controlar la información, especialmente en los sectores rurales y en vísperas de los referendos autonómicos realizados desde el 4 de mayo, en Santa Cruz, hasta el 22 de junio, en Tarija, con el presunto propósito de evitar, infructuosamente, que las poblaciones de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, aprueben sus estatutos autonómicos, después que en otro referendo anterior, optaron por la autonomía de sus departamentos. Para el referendo revocatorio de mandatos de presidente, vicepresidente y prefectos departamentales, del 10 de agosto, el canal estatal de televisión instaló 20 repetidoras en todo el país para llegar a todos los rincones con la publicidad a favor del gobierno y en contra de los prefectos opositores. Las irregularidades consistieron en que el Gobierno, en la práctica, despojó de su carácter estatal a la TV Boliviana y a la red de radio emisoras Patria Nueva, para ponerlas al servicio del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). Mediante Decreto Supremo se dispuso que el Directorio del canal estatal esté integrado únicamente por cinco ministros de Estado, presidido por el Ministro de la Presidencia, eliminándose la representación de sectores de la sociedad civil. Las campañas proselitistas de la época anterior y durante los referendos, agudizaron también los ataques a los medios y periodistas. Inicialmente, fueron grupos oficialistas los que atacaron a los medios privados y golpearon en reiteradas ocasiones a periodistas de la prensa independiente. Este tipo de acciones fue luego adoptado por grupos radicales opositores que hicieron lo mismo con medios estatales y sus periodistas en distintos puntos del país. Los ataques verbales del Gobierno a la prensa, que derivan casi siempre en agresiones de sus seguidores a periodistas y medios, son consecuencia de una presunta estrategia de, primero, desprestigiar a la prensa, para que, después, la sociedad no le crea. El presidente Morales en un discurso dijo que la prensa miente y por eso la población “ya no le ha de creer”. El tema de este discurso es frecuente y llega con fuerza a los sectores sociales progubernamentales que reciben mayormente información oficial. Federaciones de trabajadores de la prensa realizaron marchas de protestas en Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca en defensa de la libertad de expresión, e instituciones periodísticas emitieron comunicados condenando los ataques. El Gobierno se resiste a aceptar la crítica de los medios a sus acciones alejadas de la ley y por eso no se cansa de señalar que la prensa es su enemiga. La prensa independiente no puede dejar pasar, sin criticar editorialmente, afirmaciones del presidente como aquella de que “no se si es legal o ilegal. Yo le meto nomás y después que mis abogados arreglen, porque para eso han estudiado”. En el marco de la Asamblea Constituyente, la mayoría oficialista decidió cambiar el sistema de aprobación de los artículos del proyecto de Constitución Política del Estado de dos tercios a mayoría absoluta, en forma arbitraria y contraria a la Ley de Convocatoria que establecía su aprobación por dos tercios. Los periódicos criticaron la decisión de la Asamblea. Ello fue interpretado en informes progubernamentales como una oposición de la prensa (en sus espacios editoriales) al Gobierno, cuando lo que en verdad hacían los medios era defender la ley y no oponerse al Gobierno. De la misma manera fue calificada la posición editorial de la prensa contra la aprobación por la Asamblea Constituyente del proyecto de Constitución. Lo propio sucedió con la decisión gubernamental de modificar por Decreto Supremo los porcentajes de distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), establecidos por ley. La posición de los periódicos de pretender editorialmente que se respete la Ley de Hidrocarburos y no se la sobrepase con un Decreto Supremo, fue también interpretada por el oficialismo como que la prensa se alineaba con la oposición. Estos dos temas: la aprobación irregular del proyecto de Constitución Política del Estado y la ilegal distribución de los impuestos a los hidrocarburos, constituyen la base principal del enfrentamiento entre el Gobierno y cinco departamentos, que podría desembocar en situaciones de mayor violencia a las que se vivió en la primera quincena de septiembre, con un saldo de muertos, heridos y desaparecidos, no precisado hasta ahora, en el departamento de Pando, al extremo norte del país, fronterizo con Brasil. La ocupación militar del aeropuerto de Cobija, en el marco del Estado de Sitio, fue acompañada por una censura a los medios independientes que habían enviado periodistas a esa ciudad para cubrir los acontecimientos del 11 de septiembre. Los periodistas fueron obligados con engaños por los militares a retornar a sus lugares de origen en un avión militar. Desde entonces, los periodistas deben ir hasta territorio brasileño para ingresar a Cobija. Ningún periodista puede acercarse a 200 metros a la redonda del aeropuerto. Los soldados disparan sus armas para alejar a los que intentan llegar hasta los jefes militares. Solo los periodistas de los medios estatales tienen las mayores facilidades para realizar su trabajo en Pando. Las jornadas de violencia en el país, se caracterizaron por tomas de instituciones públicas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, bloqueo de caminos y enfrentamientos entre sectores civiles pro y antigubernamentales, que afectó a los medios y a periodistas. El 27 de marzo, en Pucarani, una población del altiplano boliviano, el periodista Carlos Quispe fue brutalmente golpeado por campesinos opositores al Alcalde Municipal de esa población que ingresaron a las instalaciones de la Radio Municipal de Pucarani. Dos días más tarde, Quispe murió a consecuencia de las lesiones causadas por los golpes. Las autoridades policiales y judiciales, poco hicieron para dar con los autores del crimen. A partir de esa fecha hasta el 19 de septiembre, por lo menos un centenar de periodistas, de medios privados de prensa, radio y televisión, fueron blanco de diverso tipo de ataque y agresiones en el país por militantes o simpatizantes del Gobierno y de la oposición, según estadísticas de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).Los más graves fueron la herida de bala en un pie a la periodista Claudia Méndez, de la Red de Televisión PAT, causada por el disparo del fusil de un soldado cuando los militares tomaron el aeropuerto de Cobija, capital del departamento de Pando, el 13 de septiembre; y la golpiza propinada al fotógrafo del diario El Deber, de Santa Cruz, Angel Farell, también el 13 de septiembre, en la población de Tiquipaya, por campesinos oficialistas enfrentados a palazos con jóvenes cívicos cruceños. Farell tuvo que simular estar muerto para salvar su vida. También fueron golpeados al menos cinco periodistas de los medios estatales: Televisión Boliviana y la red de radiodifusión Patria Nueva. Las estadísticas de la ANP señalan que se produjeron por lo menos 43 ataques contra medios privados entre abril y septiembre del presente año y nueve a medios estatales, en diferentes lugares del país. En otro orden, en el campo de la autorregulación, cinco instituciones periodísticas del país crearon el Tribunal Nacional de Ética Periodística integrado por un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex presidente del Tribunal Constitucional de la Nación y tres periodistas que en distintos años fueron distinguidos con el Premio Nacional de Periodismo. Sigue pendiendo la amenaza del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), aprobada por el oficialismo que contiene un artículo destinado a coartar esas libertades, el Artículo 108, en su inciso II establece que “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”, lo que constituye una violación a la libertad de expresión y a los convenios internacionales suscriptos por el gobierno.

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