Acceso a información

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CONSIDERANDO Que el Congreso de Guatemala aprobó el 23 de septiembre la Ley de Acceso a la Información Pública que entrará en vigencia en enero de 2009 CONSIDERANDO Que la presidente de Chile, Michelle Bachelet, sancionó el 11 de agosto la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado, que regirá a partir de abril de 2009 y contará con el Consejo para la Transparencia, ente encargado de garantizar el cumplimiento de la ley CONSIDERANDO Que en los últimos años, además de Guatemala y Chile otros países latinoamericanos como Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana han adoptado legislaciones similares, las que también existen Canadá, Estados Unidos y Jamaica CONSIDERANDO Que en Perú se observa un preocupante retroceso en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, particularmente en el Congreso de la República, cuyos legisladores han sido denunciados por negarse a responder a solicitudes de información relacionadas a sus gastos operativos y declaraciones juradas CONSIDERANDO Que el Congreso de Argentina sigue sin retomar los debates sobre el proyecto de ley que a fines del 2007 fue dejado de lado en el debate legislativo a pesar de que contaba con respaldo de asociaciones civiles y público en general, y que se había prometido se buscaría nuevos consensos en este 2008 año en el que por primera vez, durante los dos últimos gobiernos, la Presidencia ofreció su primera conferencia de prensa. CONSIDERANDO Que en Paraguay se debe retomar la discusión en el Congreso sobre una iniciativa de ley de acceso a la información pública, aprovechando la nueva política de puertas abiertas diseñada por el presidente Fernando Lugo, quien en una de sus primeras acciones elevó a rango ministerial la Secretaría de Comunicaciones CONSIDERANDO Que en Colombia el Congreso estudia un proyecto de ley que regularía el derecho a la información con graves implicaciones para el periodismo, por cuanto crearía un Consejo de Información, conformado por autoridades y asociaciones de medios y periodistas, con el riesgo de erigirse en una especie de tribunal de censura CONSIDERANDO Que en Uruguay, donde el Senado sancionó el 17 de julio un proyecto de ley de acceso a la información pública que espera su próxima ratificación en la Cámara de Diputados, fue criticado por contener amplias excepciones que permite a los organismos del Estado negarse a cumplir con ese derecho ciudadano CONSIDERANDO Que en Canadá existe preocupación entre las asociaciones civiles por una decisión del gobierno para descontinuar las operaciones de un banco de datos que era considerado de vital importancia para los periodistas y los ciudadanos sobre las acciones oficiales que obligaban al gobierno a render cuentas de sus acciones en forma periódica y sistemática CONSIDERANDO Que en Nicaragua, según un estudio independiente, las solicitudes de acceso a información de los organismos del Estado no son atendidas adecuadamente y que el gobierno del Presidente Daniel Ortega solo brinda información oficial a los medios incondicionales y aunque la Ley de Acceso a la Información Pública haya sido implementada, la misma no es debidamente atendida según su letra y espíritu CONSIDERANDO Que en otros países como Argentina, Bolivia, Haití, Honduras, República Dominicana y Venezuela los periodistas se han visto restringidos para acceder a información oficial CONSIDERANDO Que en Ecuador ha estado vigente la ley de libre acceso a la información pública que podría ser modificada al tenor da la Nueva Constitución CONSIDERANDO Que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Congreso de Brasil el 15 de abril, la adopción de leyes de acceso a la información pública, ya que pese a que este derecho está garantizado en la Constitución de 1988, su aplicación es limitada CONSIDERANDO Que en Barbados y en Guyana no se ha avanzado sobre promesas de impulsar en sus parlamentos leyes de acceso a la información pública CONSIDERANDO Que en el Salvador existen dos anteproyectos de Ley, uno de ellos con el respaldo de la Fundación Salvadoreño para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) CONSIDERANDO Que en Honduras, a pesar de haber una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública varios funcionarios ponen trabas y obstáculos CONSIDERANDO Que el principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece que: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE insistir a los países que cuentas con leyes de acceso a la información pública a cumplir con su reglamento y aplicación y a impulsar campañas educativas para que los ciudadanos se informen y conozcan los alcances de la ley y cómo pueden acceder a ella exigir al Congreso de Perú que reformule los alcances de la ley para que haya una verdadera transparencia administrativa en todos los sectores del poder público solicitar al gobierno ecuatoriano y a la comisión legislativa que en las leyes sobre comunicación a expedirse se respete el espíritu de los mandatos que la ley de libre acceso a la información ha venido garantizando exhortar a los congresos de Argentina, Brasil y Paraguay a que retomen las discusiones sobre la ley acceso a la información pública como muestra de compromiso de apertura, transparencia de la administración de Estado y la democracia de sus países solicitar a los congresos de Colombia y Uruguay que se analicen y aseguren que los proyectos de ley en estudio se adapten a los estándares internacionales sobre acceso y transparencia, evitando que las futuras leyes sean utilizadas como escudo o límites a la información generada en el sector público solicitar al gobierno ecuatoriano y a la Comisión Legislativa que en las leyes sobre comunicación a expedirse se respete el espíritu de los mandatos que la ley de libre acceso a la información ha venido garantizando pedir al gobierno de Nicaragua que se adecue a los requerimientos de la ley de acceso para que los periodistas puedan obtener información que controla el Poder Ejecutivo exhortar al Congreso de Brasil a cumplir con la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de garantizar la transparencia oficial y poner a disposición de sus ciudadanos información sobre la gestión de sus funcionarios públicos y la administración del Estado exhortar a todos los gobiernos del hemisferio occidental a que sancionen legislaciones para que la vida democrática sea solidificada con las garantías constitucionales que expresan el derecho del público a buscar y recibir información.

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