Chile

Aa
$.-
No hubo en este período mayores perturbaciones a la libertad de prensa, salvo incidentes menores vinculados a la campaña por las elecciones de diciembre próximo. Debido a ella, tampoco ha avanzado la tramitación en el Congreso Nacional de las diversas iniciativas que modificarían el actual marco legal en que se desenvuelve la prensa. En abril empezó a regir la nueva ley de transparencia y acceso a la información, aprobada en agosto 2008. En el proceso se configuró el Consejo para la Transparencia, órgano especializado y de carácter técnico, que tiene amplias facultades de fiscalización, y conocerá y fallará sobre la negativa de los funcionarios a informar. En materia de transparencia activa, la Administración central cumplió con la obligación de mantener información actualizada en sus páginas web. Mayores problemas hubo en las municipalidades, aunque para septiembre ya todas habían dado cumplido con la obligación de tener una página web. Sin embargo, una investigación académica determinó que la calidad de la información ofrecida es mediocre y que sólo entregan el 29 por ciento de los datos que la ley les exige hacer públicos. El gobierno ha procurado perfeccionar el sistema mediante la creación de un sitio único, www.portaldetransparencia.cl que organice toda la información, aunque los débiles buscadores limitan su utilidad. En cuanto a transparencia pasiva, al 30 de julio se contaron 9.017 solicitudes de acceso a la información dirigidos a 275 servicios de la Administración central, con 82,4 por ciento de respuestas positivas. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, los interesados pueden recurrir al Consejo. Hasta el 28 de agosto de 2009, el Consejo para la Transparencia había recibido 271 recursos por denegación de información, y de las 86 resoluciones hasta entonces notificadas, 70 por ciento ordenaba al servicio dar la información que se había denegado. El problema más complejo surgido de la aplicación de esta ley se relaciona con las empresas públicas, como Televisión Nacional, Corporación del Cobre, Banco del Estado, Empresa Nacional de Petróleos y Metro. El Consejo para la Transparencia sostiene que están obligadas a la transparencia activa y que, por tanto, deben publicar la remuneración de cada director, presidente o vicepresidente ejecutivo, y gerentes responsables de su dirección y administración superior. Es muy posible que este asunto deba ser zanjado por los tribunales. A principios de 2009 la presidenta Michelle Bachelet envió a la Cámara de Diputados una indicación sustitutiva al deficiente e innecesario proyecto de ley sobre Estatuto del Periodista. La Asociación Nacional de la Prensa también dijo que la iniciativa presidencial es innecesaria, pues regula materias que ya están normadas. El proyecto aborda temas de dudosa constitucionalidad e intrascendencia como que el periodista ejerza responsablemente su profesión, la que se vincula al propósito de volver a la colegiación obligatoria. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó, en segundo trámite constitucional, al Senado (Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento), donde todavía no ha sido tratado. La vida privada y la libertad de expresión es un tema pendiente abordado ya por diversos proyectos de ley. El mejor de ellos fue elaborado en conjunto por el Gobierno, profesores universitarios de Derecho y asociaciones gremiales vinculadas a la comunicación social, pero fue rechazado, casi unánimemente, por la Cámara de Diputados. Otro proyecto enviado hace años al Senado fue aprobado en 2001 y luego quedó olvidado en la Cámara de Diputados. Por razones desconocidas, hace dos años se decidió reactivar su tramitación y aunque está en el primer lugar de la tabla de la Comisión Especial para la Libertad de Expresión, aún no se inicia su análisis pues han fracasado las últimas seis sesiones de la Comisión por falta de quórum. Un proyecto de legisladores del Partido Regionalista de los Independientes (PRI), más adelante refundido y aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, pretende prohibir la publicación de encuestas y sondeos de opinión en los días previos a una elección. El proyecto, que insiste en una restricción ya propuesta y rechazada por equivocada y superflua, ha recibido el apoyo del Gobierno. Los diputados Maximiano Errázuriz, Amelia Herrera y Claudia Nogueira presentaron un proyecto de ley, de autoría del primero, destinado a impedir que los fiscales puedan hacer declaraciones a los medios de comunicación mientras se desarrolla una investigación. En la justificación del proyecto se pone de relieve el propósito de retornar al “secreto del sumario”, propio del sistema inquisitorial del antiguo procedimiento penal. Dos de los tres diputados suscriptores del proyecto, han sido investigados recientemente por la justicia. El 1 de septiembre se realizó el acto de proclamación del candidato de oposición al gobierno, Sebastián Piñera. El comando de dicha candidatura impidió el acceso al acto a cuatro periodistas y dos fotógrafos del diario estatal La Nación, que ha llevado una sostenida campaña en contra de ese postulante. Más tarde, el propio candidato desautorizó a sus dirigentes. El 26 de septiembre de 2009 un grupo de periodistas y camarógrafos fue agredido por guardias de seguridad del Hospital Regional de Talca al intentar cubrir una diligencia de reconstitución de escena en un caso de negligencia médica. Debido a este hecho el fiscal jefe de Talca inició una investigación.

Compartí

0