Brasil

Aa
$.-
El Poder Judicial –en especial, el Tribunal Supremo Federal– ha estado en el centro de los acontecimientos relativos a la libertad de prensa, con la revocación de la Ley de Prensa y la declaración de inconstitucionalidad de la exigencia del diploma universitario en Periodismo como condición para el ejercicio de la profesión. En una decisión del 30 de abril, el Tribunal Supremo Federal consideró que la Ley de Prensa (Ley Nº 5.250, de 1967) no se hallaba en consonancia con la Constitución de 1988, lo que, en la práctica, significaba su revocación. Dicha revocación, respaldada por la Asociación Nacional de Diarios (ANJ) desde su creación en 1979, aún presenta un aspecto preocupante, pues deja vulnerable a la prensa brasileña frente a la carencia de parámetros para el establecimiento, por el Judicial (en particular las instancias inferiores), de las condiciones del ejercicio del derecho de réplica demandado por ciudadanos o personas jurídicas que se consideren perjudicados por materiales que pudieran ser desfavorables o contener errores factuales. La preocupación mayor es la posible ampliación del poder discrecionario de los magistrados, especialmente los de 1ª. instancia, al decidir en casos de reparación de daños morales. En el caso más grave, el 28 de marzo, la ANJ emitió una nota oficial en apoyo del Jornal O Estado de Minas que, luego de publicar una serie de reportajes sobre irregularidades en la Universidad Federal de Minas Gerais, fue sentenciado, en primera instancia, a conceder una réplica desproporcionada en comparación con el espacio ocupado por los materiales que dieron origen a la acción judicial. La medida fue revocada posteriormente por un juez en la instancia superior. En una decisión del 17 de junio, el Tribunal Supremo Federal, por 8 votos a 1, declaró inaplicable la exigencia de diploma universitario en Periodismo como condición para el ejercicio de la profesión, prevista en el Decreto-Ley 972, de 1969. En este momento el Congreso Nacional tramita cuatro propuestas de enmienda constitucional (tres en la Cámara de Diputados y una en el Senado Federal), reintroduciendo la exigencia del diploma, ahora como disposición de la Constitución. La situación de la libertad de expresión en el Congreso Nacional es motivo de preocupación puesto que, además de las propuestas de enmiendas constitucionales que reintroducen la exigencia del diploma, se tramitan actualmente 349 proyectos (Cámara: 40 + 277 anexos) (Senado: 16 + 16 anexos), los cuales, en su mayoría, afectan la independencia de los medios de comunicación al restringir la publicidad. Durante el período se agravó una tendencia observada en los dos últimos años en Brasil, en relación con violaciones a la libertad de prensa: un aumento sustancial de los casos de censura previa aplicada a los medios de comunicación por orden judicial. Fueron 6 (seis) los casos en los que jueces de primera instancia prohibieron a diarios y medios asociados (internet, radio, estaciones de TV, agencias de noticias y sus suscriptores) divulgar informaciones sobre temas específicos. Uno de los peores casos —por su duración y la inconsistencia jurídica de las decisiones tomadas— entre los crecientes y sucesivos episodios de censura previa por determinación judicial, ha sido la prohibición al grupo O Estado de S. Paulo de publicar informaciones obtenidas a partir de una investigación de la Policía Federal sobre supuestos actos ilícitos practicados por el empresario Fernando Sarney, hijo del ex presidente de la República y actual presidente del Senado Federal, senador José Sarney. La censura entró en vigor el 31 de julio, por decisión del juez de apelaciones Dácio Vieira, del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Se comprobó inmediatamente que Dácio Vieira fue ex consultor del Senado y amigo de la familia Sarney y del ex director del Senado, Agaciel Maia, razones que determinaron la apelación del diario solicitando que se declarara incompetente al juez para participar en el caso. La solicitud (“excepción de sospecha”) fue presentada en el propio Tribunal y, a pesar de las evidencias de conflicto de intereses en el caso, el juez Vieira se declaró competente para actuar e hizo comentarios críticos al diario. El Grupo O Estado de S. Paulo presentó una nueva solicitud contra el juez y, el 15 de septiembre, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal tomó la decisión contradictoria al declarar a Vieira incompetente para decidir sobre el pedido de censura y designar en su lugar al juez de apelaciones Lecir Manoel da Luz. A pesar de ello se mantuvo la decisión original, que establecía la censura previa. El 30 de septiembre, en una nueva decisión contradictoria, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal se autodeclaró incompetente para juzgar el caso, remitiéndolo a la Justicia Federal en el Estado de Maranhão, al mismo tiempo que mantenía la orden de censura que dictó Vieira. Ésta ya se prolonga por más de tres meses y es, sin duda, un vejamen para la democracia brasileña. Con el apoyo del gobierno federal, se intensificaron los preparativos para la realización de una Conferencia Nacional de Comunicación cuya pauta preliminar incluía la defensa de una serie de medidas para regular a los medios de comunicación y que suponía un grave cercenamiento de la libertad de expresión. Representantes de la prensa presentaron una serie de premisas –todas previstas en la Constitución– que serían las condiciones necesarias para que los medios de comunicación participaran en la Conferencia. Los medios querían el respeto a la libre iniciativa, la garantía de la libertad de expresión y del derecho a la información y el respeto al principio de la legalidad (todos ellos contra conductas lesivas al derecho de autor). Las demás partes que organizaban el evento, el Gobierno y representantes de organizaciones sociales trabajaban sobre otras premisas. Querían el control social de los medios y la revisión del marco regulatorio de las comunicaciones brasileñas, lo que hubiera sido la llave, en América Latina, para cancelar las licencias de radiodifusión que anteriormente se habían concedido a la prensa libre. Como no se otorgaron las garantías pedidas por las principales entidades de medios –Abert, ANJ y Aner–, éstas se retiraron de la organización de la Conferencia. Prosiguen los ataques al ejercicio del periodismo, en particular los lanzados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante su viaje a Kazakistán, el 16 de junio del 2009, criticó lo que llamó el “denuncismo de la prensa” en relación con las evidencias de irregularidades en el Senado Federal que implicaban a su presidente, José Sarney. Sarney había acusado al Jornal O Estado de S. Paulo de estar “empeñado en una campaña sistemática contra mí, un nazismo sistemático”. Según Lula, el senador es una persona seria y tiene “suficiente historia” como para no ser tratado por la prensa como “una persona común”. El 13 de mayo del 2009, el Presidente dirigió un mensaje al Congreso Nacional relativo a un proyecto de ley sobre acceso a la información pública. La iniciativa atiende una reivindicación de diversas entidades, pero el efectivo acceso de los ciudadanos y de la prensa a las informaciones públicas aún depende de su aprobación por el Congreso Nacional y, luego, de la creación de mecanismos que garanticen su cumplimiento, sobre todo a escala municipal y estatal. Síntesis de los incidentes sobre libertad de expresión: 20 de marzo – El Juez del 16o Tribunal Civil del Distrito de Fortaleza decidió prohibir que el diario O Povo divulgara, por cualquier medio, material sobre el proceso que lleva la Justicia Federal sobre el juego de números (jogo do bicho) en el Estado de Ceará. Según el fallo del Tribunal, se prohíbe al diario informar sobre los hechos y la decisión del juez del 11o Tribunal Federal que declaró “inalienables” los bienes personales de João Carlos Mendonça. Éste había sido acusado por el Ministerio Público Federal en un caso criminal derivado de la “Operación Arca de Noé”, realizada por la Policía Federal el año pasado. 15 de abril – La 4ª Cámara Civil Aislada del Tribunal de Justicia del Estado, aceptó el fallo de la jueza de apelaciones Eliana Abufaiad, determinando que los diarios Diário do Para, O Liberal y Amazônia debían evitar la publicación de fotos e imágenes de personas víctimas de accidentes y muertes brutales, que impliquen una ofensa a la dignidad y al respeto a los muertos. La decisión es resultado de una demanda del Estado de Pará, el Movimiento República de Emaús (CEDECA) y la Sociedad de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) contra las empresas que editan esos diarios. El incumplimiento de la medida redundará en una multa diaria ascendente a 5 mil reais. 15 de abril – El fotorreportero Nelson Batista fue apresado en la ciudad minera de Betim. El profesional recibió la orden de prisión de un agente de la Policía Civil de Minas Gerais, cuando se encontraba dentro del edificio del Instituto de Medicina Legal (IML) de la ciudad. El reportero investigaba una denuncia recibida por el diario O Tempo Betim de que había siete cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro del local. La Policía Civil alegó que había cometido el delito de invasión a una instalación pública. 18 de abril – Integrantes del Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Pará mantuvieron como rehenes a cuatro periodistas y los usaron como escudos humanos en el enfrentamiento con agentes de seguridad de la Hacienda Castanhais, en Xinguara. Además, los integrantes de MST atentaron contra el libre ejercicio del periodismo, aterrorizando a los profesionales que cubrían el evento con el objetivo de informar a la sociedad. Nadie resultó herido. 2 de mayo – El fotorreportero Pedro Dantas, de O Estado de S. Paulo, acompañaba a la delegación del Comité Olímpico Internacional (COI) durante su visita a Río de Janeiro, con vistas a la selección de la sede de las Olimpíadas del 2016. A pesar de haberse identificado como profesional de la prensa, impidieron al fotorreportero que acompañara a la delegación, lo empujaron dentro de un baño, le torcieron un brazo y pusieron su rostro contra la pared, además de amenazarlo si publicaba el incidente. 29 de junio – El juez Antônio José Madalena, del 2o Tribunal de Justicia del distrito local condenó al diario Debate a pagar R$ 593.203,82 como indemnización. Ello se relaciona con un caso de 1995, luego de que el diario denunció una serie de irregularidades practicadas por el entonces prefecto Manoel Carlos Manezinho Pereira. Citado como beneficiario de algunas irregularidades, el referido juez llevó a cabo, de acuerdo con el periodista, una persecución implacable, llegando a determinar medidas que rebasaban los textos legales y violaban disposiciones constitucionales relativas, inclusive, a los derechos humanos, como su orden para retener al acusado en un local sin las más mínimas condiciones. 16 de julio – El juez João Paulo Capanema de Souza, del 24o Tribunal Civil Especial de Río de Janeiro, determinó que el columnista José Simão, da Folha, se abstuviera de hacer referencias a la actriz Juliana Paes, ligándola a su personaje “Maya”, de la novela Caminho das Índias, de la Red Globo, so pena de una multa de R$ 10,000 por cada nota publicada en los medios. El 15 de septiembre el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro revocó el pago anticipado de la cantidad ordenada por el juez. 30 de julio– El juez Márcio Braga, del 31o Tribunal Civil de Salvador, prohibió al diario A Tarde, de Salvador, Bahía, la publicación de reportajes sobre el juez de apelaciones Rubem Peregrino Cunha, quien estaba siendo investigado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) por sospecha de venta de sentencias. La orden se fundamentó en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Magistratura Nacional, que establece la confidencialidad en las investigaciones de magistrados. El 23 de septiembre, la jueza de apelaciones Rosita Falcão de Almeida Maia, del Tribunal de Justicia de Bahía, suspendió la medida, argumentando que el artículo 220 de la Constitución establecía que “ninguna ley contendrá disposición alguna que pueda constituir una barrera a la plena libertad de información periodística”. 25 de agosto – Los reporteros Paula Litaiff y Arlesson Sicsú, del Diário do Amazonas, que cubrían una convención de la organización “Unidos por Coari”, realizada en la escuela media superior municipal de la ciudad amazonense de Coari, fueron agredidos y amenazados de muerte el 23 de agosto por personas ligadas a dos ex prefectos de la ciudad. A uno de ellos, Rodrigo Alves (PP), el Tribunal Electoral le había suspendido sus derechos políticos en junio de este año; el otro, Adail Pinheiro, fue acusado el año pasado en la Operación Vorax de la Policía Federal por, al menos, 17 delitos, entre ellos el desvío de más de R$ 37 millones y prostitución infantil. Ante las agresiones, insultos y amenazas, los profesionales no contaron siquiera con la protección de la Guardia Metropolitana que, según el jefe de la Casa Civil de Coari, Daniel Maciel, no podía hacer nada contra la “voluntad del pueblo”. 28 de septiembre – El periodista Rafael Dias, del Diário de Pernambuco, fue agredido en represalia por su reportaje sobre las circunstancias de la muerte del concejal Luiz Vidal. La noche del 28 dos hijos del concejal fueron a buscar a Dias a las oficinas del diario; uno de ellos le golpeó sin discusión alguna ni posibilidad de reacción. 5 de octubre - El periodista Wellington Raulino, propietario de TV Integração, en la ciudad de Benedito Leite (Maranhão), fue agredido por cuatro individuos cuando regresaba de la ciudad de Uruçui (PI). El periodista recibió una herida en su mano izquierda y probables lesiones internas. Los agresores usaron trozos de madera y portaban cuchillos. Uno de ellos sacó una pistola, pero lo disuadieron de disparar. Según el periodista, testigos reaccionaron contra el intento de homicidio. 8 de octubre – Un equipo de reporteros del diario O Tempo, de Belo Horizonte, fue detenido y cacheado por agentes de la Policía Legislativa de la Asamblea Legislativa de Minas Gerais. El periodista Ezequiel Fagundes y el fotorreportero Charles Silva Duarte hacían un reportaje sobre una denuncia de que muebles en buen estado habían sido abandonados y se estaban deteriorando en el estacionamiento de la Asamblea. Al abandonar el área, fueron cercados por seis agentes que exigieron la tarjeta de memoria de la cámara fotográfica.

Compartí

0