Canadá

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La libre expresión corre el riesgo de ser restringida en Canadá. Desde marzo, el Parlamento ha recibido dos proyectos de ley que elevarían las capacidades legales de vigilancia, el Tribunal Supremo se ocupa de una segunda orden de mordaza a la libertad de prensa y presiones adicionales afectan la información sobre cuestiones políticas de inspiración religiosa. Dos proyectos de ley que se hallan en el Parlamento —C-46 y C-47— obligarían a modernizar las capacidades de vigilancia de las empresas de telecomunicaciones y hacer públicas las cintas de grabación bajo órdenes de funcionarios autorizados. Dichos proyectos tratan de abordar las preocupaciones de las autoridades de orden público y seguridad nacional con respecto a la rapidez de los avances de la tecnología de información y el anonimato que permite, reconociendo los consiguientes desafíos para la seguridad pública. Las leyes, como están escritas, han sido criticadas por algunos por no definir ni restringir a los funcionarios que tendrán la facultad de pedir las cintas y por permitir que las circunstancias donde es admisible la vigilancia sean demasiado amplias. También está siendo criticada la ejecución de la Ley de Acceso a la Información. La ley requiere una respuesta, de parte de las oficinas del gobierno, en un plazo de 30 días, pero son comunes los atrasos de hasta 120 días. El Gobierno de Harper respondió que las reformas propuestas que habrían dado al comisionado de información mayores facultades para forzar al Gobierno a publicar información oportunamente eran demasiado engorrosas y nada recomendables. El Tribunal Supremo ha admitido un caso de libertad de prensa relacionado con la impugnación de The Globe and Mail de una orden mordaza que le prohibía informar sobre pláticas de acuerdo entre el Gobierno y una firma de publicidad de Québec. El Supremo ya había acordado escuchar otro caso importante que impugna el fallo de la Corte Superior de Québec forzando al reportero de Globe and Mail, Daniel Leblanc, a revelar sus fuentes en los reportajes que sacaron a la luz el caso Adscam, que implicaba al gobierno de Québec en un escándalo de patrocinio. Después de las audiencias de febrero el Tribunal Supremo decidió cerrar al escrutinio de los medios el caso “The Douglas Quan, et al. vs. Danno Cusson #32420”. Las críticas que hizo el Ottawa Citizen a la conducta de un oficial de policía semanas después de los ataques del 9/11 han sido consideradas un caso de difamación y se encuentra en fase de apelación. La decisión final puede confirmar la nueva defensa de “periodismo responsable” adoptada por el Tribunal de Apelaciones de Ontario hace 15 meses. Ésta sostiene que los periodistas pueden ser protegidos contra demandas de difamación, incluso si algunos hechos son inexactos, mientras puedan probar que actuaban responsablemente. En otras palabras, el derecho a saber del público toma preeminencia sobre daños posibles a la reputación de un individuo. Aún no existe veredicto en el caso 32601 “National Post Newspaper, et al. vs. Her Majesty the Queen”. El National Post publicó un documento de una fuente confidencial que implicaba el ex primer ministro, Jean Chrétien, en tratos de negocios que pudieran mostrar un conflicto de intereses. El documento, que evidenciaba un préstamo, es falsificado, según el banco emisor. Se ordenó al National Post que entregara a las cortes el documento y el sobre para la realización de pruebas forenses que identificaran la fuente confidencial, a fin de instruirla de cargos criminales por falsificación. Aumenta la preocupación sobre la amenaza potencial sobre los periodistas que informan sobre temas políticos de inspiración religiosa. El 23 de octubre, fue atacado el fundador y editor del diario con sede en Brampton, Punjabi Post, durante un secuestro frustrado. En el pasado Grewal ha recibido amenazas de parte de separatistas sikhs que discrepan de su política moderada. Hace dos años, en un incidente similar, fue atacado en Ontario (abril de 2007) el periodista Jawaad Faizi, quien trabajó para el Pakistan Post. Sus atacantes le ordenaron dejar de escribir contra Islam y la organización religiosa, con sede en Paquistán, Idara Minhaj-ul-Quran. En 1998 el periodista Tara Singh Hayer fue asesinado en la Columbia Británica por manifestarse contra el uso de la violencia de los separatistas sikhs. Dentro de la misma problemática político-religiosa, la Comisión Canadiense de Derechos Humanos —en una decisión altamente criticada— rechazó un caso relacionado con la publicación en la revista Maclean’s de un fragmento del libro de Mark Steyn, que había sido cuestionado por promover odio y desprecio contra los musulmanes. En una práctica vigente y común entre policías y periodistas, el 5 de abril, Jason Payne, fotorreportero del Vancouver Province fotografió la escena de un crimen y la policía le confiscó su cámara alegando que “estaba obstruccionando a la justicia”. En Canadá se permite solamente la confiscación cuando el fotógrafo es arrestado o se ha emitido una orden judicial.

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