Caribe

Aa
$.-
BARBADOS En agosto, aquella vanagloria de tener una relación sana con sucesivos gobiernos terminó bruscamente. Una llamada a uno de los diarios de parte del consejero personal del primer ministro (Hartley Henry) amenazó la libertad de prensa. El 22 de agosto, el consejero del premier llamó por teléfono a la responsable de la edición dominical del periódico y le exigió colocar en un lugar prominente una encuesta acerca de la popularidad del gobierno. El consejero amenazó con que si la editora no hacía lo que, estimaba, un despliegue apropiado, la avergonzaría y destruiría su reputación Esto ha conmocionado al periódico porque en Barbados, invariablemente, los medios han estado orgullosos en el pasado de exhibir sus buenas relaciones con gobiernos, partidos políticos, la policía y los empresarios, con independencia de tensiones y desacuerdos que podrían aflorar de vez en cuando. El diario protestó al día siguiente mediante un comentario en la primera plana. Vale mencionar que a fines del 2008, el Partido Democrático Laborista (DLP), en el poder en la actualidad, retiró sus anuncios y la columna semanal de The Nation. No se ha dado ninguna explicación clara y existe, por tanto, la opinión de que The Nation no está de su parte. Otro incidente que puso inquietos a los periodistas, especialmente a quienes no son de Barbados, fueron las palabras del primer ministro en agosto. Mientras hablaba durante el Congreso anual de su partido, el premier advirtió a los comentaristas y escritores que habían criticado su política en materia de inmigración: “Barbados es una democracia. Así que estimulamos la crítica y el debate sobre temas de actualidad… (…) como primer ministro de este país he tenido que soportar, tanto como he estado dispuesto a hacerlo, la calumnia injusta e injustificable sobre Barbados y los barbadenses de parte de esos a quienes les hemos tendido una mano. Hay precedentes para lidiar con semejante ingratitud. Hoy digo ‘¡basta es basta!”. Un comentarista en particular que, aunque no es nacido en Barbados, ha estado residiendo en el país por más de 20 años, interpretó las declaraciones del primer ministro como una velada amenaza hacia él y otras personas que no son barbadenses, pero se han manifestado en los medios. Los periodistas se han reagrupado y relanzado la Asociación de Periodistas de Barbados (BAJ). Aunque no se vean a sí mismos como grupo de presión, su presidente afirma que la asociación se ocuparía de las cuestiones que pudieran obstaculizar el trabajo de los periodistas. El resurgimiento de la BAJ es resultado de dos enfrentamientos con la policía en el 2007 y el 2008, en los que se prohibió a periodistas tomar fotografías. Dichos problemas se resolvieron a principios de este año cuando representantes de los medios tuvieron una reunión con altos oficiales de la policía y acordaron un plan para que las dos entidades pudieran trabajar juntas de manera más eficiente. GUYANA El uso de la publicidad gubernamental como recurso de castigo y recompensa ha continuado siendo una característica del trato hacia los medios. El presidente Bharrat Jagdeo también ha continuado lanzando ataques contra las empresas mediáticas y sus reporteros, creando condiciones para la autocensura y el cercenamiento de las libertades. En días recientes, en lo que podría constituir un avance significativo, el presidente Jagdeo declaró que presentaría pronto legislación de acceso a la información y para crear una autoridad nacional de difusión. Desde el 2007, el uso de la publicidad gubernamental como arma contra los medios se destaca como una de las violaciones más flagrantes de la libertad de prensa por parte del gobierno de Guyana. Después de retirar de manera arbitraria la publicidad de Stabroek News durante 17 meses, el gobierno guyanés reanudó la colocación de anuncios en el periódico en abril del 2008. No ha habido explicación alguna al respecto. Este año la tendencia muestra que el gobierno ha utilizado la publicidad tanto para castigar como para recompensar a los medios. Cuando dejó de colocar anuncios en Stabroek News en noviembre del 2006, la explicación que dio el gobierno fue que solamente haría publicidad en un periódico propiedad del gobierno y en el diario privado de mayor circulación, que designó arbitrariamente como Kaieteur News. Esto prevaleció durante 17 meses hasta abril del 2008. Hubo, sin embargo, un acontecimiento interesante en mayo del 2009. El gobierno comenzó a colocar anuncios en un tercer periódico privado, Guyana Times, lanzado en junio del 2008. Sin embargo, había retirado los anuncios de Stabroek News sobre la base de que ya no era el periódico de mayor circulación y que Guyana Times que tenía menos de un año de existencia. Por otra parte, en septiembre del 2009, Guyana Times recibió más anuncios que Kaieteur News, el periódico que, según había declarado previamente el gobierno, tenía mayor circulación. Este hecho coincidió con tensiones entre el gobierno y Kaieteur News a propósito de informaciones publicadas. A finales del febrero del 2009, el Canal Seis de la CNS afirmó que un funcionario del gobierno le había dado instrucciones para que no retransmitieran un programa sobre la crisis de Clico (Guyana). Canal Seis decidió revisar el programa para determinar si podía prescindir de algún contenido. El presidente Jagdeo prohibió al reportero de televisión, Gordon Moseley, de Capitol News, asistir a ruedas de prensa en la Oficina del Presidente o la Casa Estatal. El presidente Jagdeo estaba molesto por el tono de una carta del Sr. Moseley a los medios en la que defendía su reportaje sobre una cumbre en la que había participado el presidente Jagdeo. El Presidente invitó al Sr. Moseley a disculparse sobre la carta, pero éste dijo que no lo haría por cuanto sólo respondía a las críticas del Presidente acerca de su reportaje. En marzo de 2009 el presidente Jagdeo continuó con la tendencia a atacar a los medios. En su última andanada acusó a algunas empresas mediáticas de constituir “la nueva oposición”, un lenguaje que claramente pretende politizar el trabajo legítimo que los medios han estado realizando y, también, presionarlos para que moderen sus críticas. El 28 de agosto pasado, en una cena de la Comisión del Sector Privado, Jagdeo volvió a atacar a varios medios por sus reportajes en primera página sobre el crimen. Alegó que la actividad criminal está siendo magnificada y le da al país una mala imagen. Luego dijo a los empresarios reunidos que ellos contribuyen a este problema al pautar publicidad en empresas mediáticas que ofenden. Los medios y la Asociación de la Prensa de Guyana interpretaron esas palabras como un intento del mandatario para solicitar a la comunidad de negocios que no se anuncie en ciertas empresas noticiosas. El gobierno mantiene un monopolio radial que heredó en 1992 del gobierno anterior. Sólo existe una radio en Guyana, pese a que oficialmente se prometió hace 17 años el comenzar una agilización del proceso para conceder nuevas licencias. En la primera semana de octubre del 2009, un portavoz del gobierno dijo que una ley para crear una nueva administración de transmisiones será presentada en el próximo período de sesiones del Parlamento. Si esto se materializa, representaría un acontecimiento en el panorama de los medios y, en particular, en el sector de las transmisiones. El anuncio también ocurre en momentos en que el gobierno de Canadá ha estado asesorando a los medios a avanzar hacia la creación de una asociación de dueños de medios y la adopción de un código de conducta auto regulatorio. También ocurre después de un fallo del presidente de la Corte Suprema que establece que la agencia a cargo de recibir las aplicaciones para nuevas licencias de radio, debe procesarlas en un período de tiempo razonable. No existe en el país una ley de acceso a la información. El acceso a los ministerios de gobierno es relativamente fácil, aunque obtener de ellos información oficial y datos es muy difícil. Un proyecto de ley para la libertad de información, redactado por un miembro de la oposición parlamentaria, ha sido discutido dos veces, pero sin conseguir el apoyo del gobierno. En abril del 2009, el presidente Jagdeo afirmó en conferencia de prensa en Trinidad y Tobago que iba a presentar un proyecto de ley sobre libertad de información en dos meses, pero ese plazo pasó sin ninguna novedad. Por otra parte, existe la impresión generalizada en los medios de que la actual ley de libelo es anticuada y previene una labor reporteril fuerte en relación a los funcionarios. Con frecuencia se han presentado demandas por comentarios en la prensa que claramente deberían ser permisibles como contenido imparcial, lo cual dificulta la labor de los periodistas. JAMAICA La Autoridad Portuaria de Jamaica (PAJ por sus siglas en inglés) protestó el arresto y enjuiciamiento a comienzos del año del fotoreportero de The Gleaner, Ricardo Makyn. El comisionado de la Policía investigó el asunto ante el pedido de la PAJ e informó en una reunión con esa autoridad que las acciones del policía que efectuó el arresto fueron injustificadas. A raíz de esto, el tribunal absolvió a Makyn de todos los cargos y la policía y la PAJ se hallan desarrollando reglas de procedimiento en forma conjunta. Por otra parte, la PAJ lamenta el paso lento que sigue en el Parlamento la revisión de las leyes de libelo y difamación. TRINIDAD Y TOBAGO Dos importantes áreas de preocupación respecto a la libertad de prensa en Trinidad y Tobago son la intención y el impacto del propuesto Código de Transmisiones y los intentos, algunos más crudos que otros, de intimidación de los medios y los periodistas por parte del gobierno. Varias organizaciones mediáticas, incluyendo One Caribbean Media (OCM), han criticado el lenguaje del propuesto código, señalando que revela intenciones que no se ajustan a las provisiones constitucionales que garantizan la libertad de expresión y la libertad de prensa. La posición de OCM es que no se opone a la creación de un Código de Transmisiones, pero observa que en una democracia como la nuestra, las personas generalmente pueden escoger. En un mundo digital, añade, esta capacidad de escoger se agranda y el consumidor debe convertirse en “un conocedor de medios”, capaz de entender lo que los medios ofrecen y de escoger lo que les parezca apropiado, sin que el gobierno interfiera en ese proceso. Ese punto de vista coincide con una postura que favorece la auto- regulación y la co-regulación, en vez del impuso hacia la intervención del estado en el proceso de regulación, tal como lo sugiere el código. En un entorno como ese, existe gran potencial para la aplicación inconsistente de reglas, lo cual puede conducir hacia el trato injusto de algunos radiodifusores. También la imposición del tipo de sistema sugerido por el código puede abrir el proceso de reglamentación a la interferencia política en el contexto de una Ley de Transmisiones en la cual el poder ya reside en las manos de un grupo político específico. Algunas de las clausulas también entran en conflicto con el derecho a la privacidad y el respeto a la vida familiar y los intereses de la sociedad en general. El código habla de la necesidad de proteger la seguridad nacional, erradicar el crimen y mantener parámetros éticos y culturales y la Autoridad de Transmisiones de Trinidad y Tobago considera que provee alguna base para decidir sobre los conflictos que surjan entre esos derechos y los intereses. Aún así, una postura intervencionista no será la mejor forma de crear un balance y la OCM prefiere un sistema de auto- regulación y co-regulación. Otro problema importante ligado a la libertad de prensa fue la actitud polémica del primer ministro en relación a una radioemisora. Aparentemente, se sintió ofendido por comentarios hechos por dos locutores durante un programa de noticias en relación a propuestas en el presupuesto nacional en septiembre del 2008. Los comentarios fueron, a lo sumo, inocuos, pero el primer ministro consideró que eran inadecuados y violaban las normas. El funcionario se presentó en la radio y como resultado los dos locutores fueron suspendidos, provocando un furor nacional. El funcionario defendió sus actos aduciendo que actuaba como cualquier ciudadano objeto de una ofensa de parte de los medios. Pero la abrumadora mayoría de la opinión pública se volcó contra el primer ministro, viendo su proceder como un acto de intimidación que debía ser condenado y repudiado. La única voz que se posicionó públicamente a favor del primer ministro fue la del director ejecutivo de una corporación radial que existe gracias a una decisión judicial, ya que su licencia fue concedida injustamente por el gobierno sin que fuesen considerados otros postulantes. Ese ejecutivo es también un miembro de alto nivel del patido en el gobierno. En ese contexto, algunos medios de comunicación sufrieron la retirada de publicidad oficial por causa de los sentimientos de trato injusto y parcial en comentarios y reportajes. Algunos periodistas también enfrentan los sermones frecuentes de ministros que los acusan de ser parciales y que cuestionan el enfoque de algunos de sus temas. El propio primer ministro declaró que no es capaz de señalar a ningún medio de comunicación del país que apoye la agenda de su gobierno.

Compartí

0