Ecuador

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Las agresiones del Gobierno del Ecuador contra la prensa alcanzaron en estos meses un nivel de peligrosidad no vistos en los dos años anteriores, no solo por su número y violencia crecientes, sino por la amenaza de un proyecto de Ley de Comunicación que, de aprobarse, significaría la virtual liquidación de la libertad de expresión. Versiones extraoficiales señalan que en el debate el proyecto ha sido modificado mucho, pero que en esencia sigue atentando contra la libertad de expresión. El proyecto contempla lo siguiente: Primero, crea una nueva institución rectora de las comunicaciones, integrada en su mayoría por funcionarios del Estado y presidido por un representante directo del Presidente. Este organismo tendrá atribuciones para sancionar a los medios audiovisuales y escritos, incluyendo su clausura definitiva. Segundo, crea un registro de medios, que deberá renovarse cada año, lo que pondría su suerte en manos del Estado. Tercero, si una persona o funcionario público se considera agraviado por la prensa, podrá interponer un recurso legal que obligará a los medios a no publicar ninguna información sobre el tema hasta tanto no se pronuncie la autoridad respectiva. Otros sectores políticos han presentado sus propios proyectos de ley, pero no tienen ninguna posibilidad de ser siquiera considerados. Su contenido tampoco satisface las exigencias de una libertad de expresión plena. El debate sobre este proyecto legal se produce en un ambiente cada vez más enrarecido pues los insultos y agresiones verbales desde la Presidencia lejos de aminorar han aumentado. El canal Teleamazonas ha sido sancionado ya en dos ocasiones y, según el Gobierno, una tercera sanción sería causal para clausurarlo al menos por seis meses. Ya está en trámite un nuevo proceso por un reportaje que el medio transmitió desde la isla Puna y que según el presidente Rafael Correa fue lo que provocó desmanes posteriores en ese sitio. El temor de que el canal se cierre se ve reforzado porque el Presidente se ha involucrado, al punto que en su programa semanal de radio “ordenó” que se clausure Teleamazonas luego de que difundió un audio en el que reconoce cambios en el texto constitucional aprobado en Montecristi. En este período, asimismo, varios periodistas y medios de comunicación han sido víctimas de agresiones físicas. Juan Carlos Calderón Vivanco, editor general de diario Expreso denunció haber sido amenazado con un revolver en la cabeza en junio en represalia por una serie de publicaciones sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Salud. La corresponsal en Ecuador de la multiestatal Telesur, Elena Rodríguez, fue golpeada y asaltada por un grupo de tres personas. Personas vinculadas al partido de Gobierno Alianza País se presentaron frente a las instalaciones de diario El Universo para rechazar, con insultos y gritos, información publicada sobre la Corporación Financiera Nacional. Con ese motivo, el periodista Emilio Palacio, publicó un artículo repudiando el ataque, lo que motivó que el presidente Correa instruyese en público al presidente de la CFN, Camilo Samán, para que lo demande. Samán pide tres años de prisión para el periodista. Otros hechos relevantes en orden cronológico son: Luego de varias presiones por parte del gobierno tuvo que salir de RTS Televisión su gerente, Javier Urrutia, pues según fuentes del gobierno este no podía garantizar su seguridad en el país. El 26 de marzo, el presidente Correa interpone una denuncia en una Comisaria de Guayaquil contra el articulista de diario Expreso, Rómulo López Sabando, por haber denunciado el supuesto arribo de monedas acuñadas con una nueva denominación, El Cóndor, destinadas a sustituir al dólar. El 7 de abril, desconocidos rocían ácido sobre los equipos del canal Telecosta, en la provincia de Esmeraldas. El 13 de abril, los periodistas Alcidiades Onofre y Luis Felipe Varela, de las cadenas de televisión TC y RTU, son golpeados mientras cubrían el decomiso de sacos de urea subsidiados por el gobierno y comercializados ilegalmente en la provincia de Los Ríos. El 24 de abril, en plena veda publicitaria de la última campaña electoral, el canal estatal Gama TV transmite un programa sobre supuestas pugnas entre el municipio de Guayaquil y sectores sociales. El delegado de la OEA, Enrique Correa, cuestiona la emisión del programa. El 30 de abril, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) prohíbe a los medios radiales y televisivos difundir videos o grabaciones que fomenten la discriminación racial, étnica o cultural. El 13 de mayo, la Secretaría de Transparencia entrega a la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión un informe en el que se asevera que unos 130 concesionarios habrían actuado al margen de la ley. El 17 de mayo, la Superintendencia de Telecomunicaciones solicita las nóminas completas de los empleados de canales de televisión y radioemisoras, en las áreas administrativa, técnica y de prensa, incluyendo nombres, números de cédula, cargos y funciones que desempeñan. El 25 de mayo, el periodista Rubén Morocho, de Radio Visión en la ciudad de Cuenca, denuncia que le limitan el acceso a la información pública como represalia por investigar presuntas irregularidades en el municipio. El 28 de mayo, instalaciones del canal de televisión Teleamazonas en Quito sufren un atentado con bombas panfletarias. El 3 de junio, Conartel ratifica una primera multa de 20 dólares a Teleamazonas por la difusión de imágenes de una corrida de toros. El 9 de junio, Juan Carlos Calderón Vivanco, editor general del diario Expreso, denunció que meses atrás fue amenazado con un revolver por desconocidos. El comunicador presume que el ataque se debió a una serie de publicaciones sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Salud Pública. El 20 de junio, el presidente Correa prohíbe a las empresas públicas, mediante decreto, que celebren contratos con empresas cuyos accionistas se encuentren en paraísos fiscales, por lo cual anuncia que el estado no pautará publicidad en El Comercio, El Universo, La Hora, Expreso y la revista Vanguardia. Esta fue la represalia presidencial a la investigación de Expreso que reveló que el hermano del presidente Correa tenía millonarios contratos con el Estado. El 25 de junio, Eduardo Vite, director de noticias de Telecosta, en la provincia de Esmeraldas, es baleado por desconocidos. En julio, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de El Oro interpone una demanda penal en contra del diario Correo por recoger declaraciones del Ministro de Justicia, Néstor Arbito, sobre una supuesta irregularidad cometida en la Corte Penal. El 3 de julio, la sede de la revista Vanguardia en Quito es asaltada por cuatro sujetos armados y encapuchados. Los maleantes sustrajeron varias computadoras. El 9 de junio, Conartel prohíbe la difusión del programa Los Simpsons y otros dibujos animados emitidos por Teleamazonas y Ecuavisa. Ese día también fue condenado a cuatro meses de prisión Nelson Chacaguasay, editor y director del semanario La Verdad de la provincia de El Oro, por injuria calumniosa contra el ex ministro fiscal Francisco Quevedo Madrid en una publicación que lo vinculó con una masiva operación de fraude. El10 de julio, un vehículo se lanzó contra el taxi en el que se movilizaban la periodista Mayra Benalcázar y su hijo causándoles varios traumatismos. Benalcázar había manejado la agenda de medios de José Ignacio Chauvín, ex funcionario del Gobierno involucrado en un caso de narcotráfico. El18 de julio, el presidente, como respuesta a declaraciones del ex gobernador a El Comercio, intimida desde su programa semanal a la directora del diario con estas palabras: "le pregunto a la señora Guadalupe Mantilla, si saco la versión en diario El Telégrafo de un vecino o de un empleado que botó o que la odia y dice que es una explotadora, una sinvergüenza o narcotraficante. ¿Le parecería correcto?”. El ex gobernador de Loja había declarado a El Comercio que él advirtió al Presidente de los contratos que su hermano Fabricio tenía en esa provincia. El 21 de julio, funcionarios del municipio de Esmeraldas impiden la cobertura de un evento cultural al periodista Juan Alberto Endara de Telecosta. El 22 de julio, Conartel impone una segunda multa de 40 dólares a Teleamazonas por difundir en vivo la denuncia de un sector de la oposición sobre un presunto centro clandestino de cómputo electoral. Está pendiente un tercer proceso iniciado por Conartel el 9 de junio por difundir información sobre la exploración hidrocarburífera de PDVSA en la Isla Puná, lo que pudo producir una “conmoción social. Días antes el presidente Correa había anunciado sanciones al canal por este motivo. También, el 29 de agosto el Presidente anunció un cuarto proceso judicial en contra del canal por difundir una grabación en la que él supuestamente reconoce que se cambió el texto constitucional aprobado en Montecristi. Según las normas legales vigentes, estos dos nuevos procesos podrían culminar con el cierre de Teleamazonas por 90 días y luego definitivamente. Ese mismo día, Carlos Alvarado, titular de la agencia de publicidad Percrea, y hermano de Vinicio Alvarado, secretario general de la Administración Pública, intentó intimidar a Marlon Puertas, periodista de diario Hoy. “Te he llamado para que me des explicaciones”, “¿Por qué lo hiciste?”, “¿Es algo personal?”, “¿A qué intereses respondes?”, lo interrogó. El 23 de julio, el canal estatal Ecuador TV es asaltado en Quito por antisociales que se llevaron varias computadoras. El 10 de agosto, al asumir por segunda vez la Presidencia, Correa, en su mensaje calificó a la prensa como “el mayor adversario con claro rol político, aunque sin ninguna legitimidad democrática”. El 14 de agosto, Carlos Proaño, periodista de Radio Visión de Quito, es amenazado telefónicamente. Desde mayo, el periodista investigaba supuestos actos de corrupción que implicarían a altos funcionarios del Gobierno. El 15 de agosto, el Presidente Correa muestra imágenes de una supuesta canillita que llama "explotadora" a Guadalupe Mantilla, directora de El Comercio. El presidente instruye al ministro de relaciones laborales, Richard Espinoza, para que se reúna con los voceadores de El Comercio y otros diarios para atender todos sus reclamos. El 26 de agosto, el presidente Correa anuncia que el papel periódico importado deberá pagar el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Más adelante la disposición es incluida en la reforma tributaria que el Ejecutivo envía a la Asamblea Nacional y que está a punto de ser aprobada. También ese día, con insultos y advertencias, un grupo de personas vinculadas al partido oficialista Alianza País, autodenominados microempresarios, se presentan frente a las instalaciones de diario El Universo para apoyar a Camilo Samán, director de la Corporación Financiera Nacional, CFN, vinculado con irregularidades en varios reportajes del periódico. El 3 de septiembre Samán inició un proceso judicial en contra del editor de Opinión del diario, Emilio Palacio, por una nota en la que se cuestionó la agresión al periódico. En uno de sus programas sabatinos, el presidente Correa sugirió a Samán que enjuiciara al periodista. El 7 de septiembre, los directores de los programas ‘Foro Petrolero' y ‘Bajo la Lupa' de Cablenoticias (canal estatal) fueron informados por parte del administrador que se dejarían de emitir sus programas. En las últimas semanas Foro Petrolero había criticado varios contratos en el área de los hidrocarburos. Bajo La Lupa, a su vez, era conducido por la Ing. Joyce de Ginatta, presidenta de la Federación Interamericana Empresarial, quien denunció que el administrador del canal le dijo que el programa saldría del aire porque “no les gustaba el contenido". El 23 de septiembre, el reportero gráfico Raúl Lluno, de diario La Hora, de Quito, es detenido durante veinte minutos por efectivos policiales cuando cubría protestas estudiantiles. El 24 de septiembre, el reportero Rafael Castro y el camarógrafo Jorge Cabezas del programa En busca de Respuestas que se transmite por el canal estatal Ecuador TV, son agredidos físicamente, por estudiantes que participaban en manifestaciones en Guayaquil. El 13 de octubre, el Ministerio de Educación notifica a diario Expreso que debe entregar los archivos y las fuentes de información que se utilizaron o se vayan a utilizar en el futuro como parte de una denuncia, publicado sobre irregularidades en la entrega de textos escolares. El 19 de octubre, la misión de la SIP a Ecuador concluye que el proyecto de ley presentado por el oficialismo es “restrictivo, generará censura gubernamental, incentivará la autocensura y limitará el periodismo investigativo desnaturalizando la función que le cabe a la prensa en una democracia”. El 22 de octubre, un camarógrafo del canal del Estado TC Televisión es agredido por estudiantes universitarios en la provincia de Chimborazo en medio de protestas contra el proyecto de Ley de Universidades del Ejecutivo. El 28 de octubre, dos ciudadanos son detenidos y acusados de “incitar al separatismo” por haber colgado en la ciudad varios letreros en los que se pide que Guayaquil declare persona no grata al presidente Correa. En la primera semana de noviembre recobraron su libertad bajo fianza. Lucy Freire, de La Prensa de Riobamba, aseguró que los diarios de la Región Centro-Oriente del Ecuador en el último semestre fueron víctimas de dos tipos de intimidación: Una presión fiscal mediante requerimientos del sistema de rentas internas y, en el caso de La Prensa de Riobamba, una oferta de compra por parte de un grupo de personas que, luego de investigaciones del medio, resultó que pertenecía a la empresa TV Cable en cuya conformación accionaria el gobierno tiene un porcentaje.

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